¡ EXIGIMOS JUSTICIA ¡

Manifestación en Ciudad de Panamá en respaldo y solidaridad con la lucha de los colonenses.

Luego de un prolongado viaje en el que hizo caso omiso a la tragedia que  desangró al país durante diez días, dejando un saldo de cuatro muertos, cerca de cincuenta heridos de bala, centenares de detenidos e innumerables violaciones a los Derechos Humanos por parte de la policía militarizada, además de pérdidas por millones de balboas, el Presidente Ricardo Martinelli se ha dirigido al país con un discurso plagado de justificaciones, en el que se ha negado a aceptar su plena responsabilidad en lo acontecido, evitando pedir perdón por su abandono del país durante tan grave crisis, y por las terribles consecuencias provocadas por su intento de imponerle al país, en especial a los colonenses, una ley inconstitucional, inconsulta y tramposa, con la que se pretendía vender la tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC).

Por el contrario, en su corta alocución echó la culpa a los partidos políticos de oposición, ofendiendo de esa manera al Frente Amplio por Colón (FAC), organización unitaria y popular que encabezó y dirigió las movilizaciones del pueblo colonense, conduciéndolo a derrotar la infame pretensión gubernamental. Por ese camino de justificaciones exculpatorias, el Presidente Martinelli sorprende al país al afirmar, sin rubor alguno, que él pensó que la norma había sido consensuada. ¿Con quiénes, cuándo, dónde?

Llama la atención, igualmente, el que afirme que los responsables de la violencia serán procesados. Declaración con la que todo el país está completamente de acuerdo: destitúyase de inmediato al gerente de la ZLC, así como al Alcalde de la ciudad y al Gobernador de la Provincia. Siguiendo el razonamiento del presidente, procese al Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en quién recae la responsabilidad política y penal de haber dado la orden de reprimir con armas de guerra a un pueblo desarmado, y de haber ocupado la ciudad utilizando las fuerzas militares del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Culmina su sorprendente discurso “llamando al diálogo”, como si el clamor de todas las fuerzas vivas de la nación no lo hubiese podido escuchar en razón de la enorme distancia que separa Panamá del continente asiático.

Se trato, ni más ni menos, de un discurso que anuncia una burla más, como lo fue el compromiso adquirido con las víctimas de la carnicería de Bocas del Toro y con el pueblo Ngäbe Buglé. Carente de credibilidad, incapaz de entender que el país no es su negocio privado, todo hace suponer que el pueblo colonense volverá a las calles.

Exigimos justicia

Justicia social, para que al fin se pague la deuda histórica que los gobiernos oligárquicos tienen con Colón. No se trata ahora de “generosas promesas” como las que un dirigente de oposición hacía desde un canal de televisión, en el que prometía “un nuevo Colón”. Se trata, por el contrario, de un proyecto concreto de desarrollo concreto en que se identifique la procedencia y monto de los dineros necesarios para transformar la Provincia, así como las prioridades y los ritmos de las inversiones. Y todo ello bajo el control de quienes, con un sentido de dignidad y responsabilidad aplaudible, dirigieron desde el FAC la lucha que derrota la ignominia. Ellos, y nadie más que ellos, tienen la autoridad para representar los intereses de los colonenses. Sin olvidar las correspondientes indemnizaciones a las familias de los muertos y los heridos.

Justicia política, para que sean destituidos de forma fulminante tanto el Ministro Mulino, como el Alcalde y el Gerente de la ZLC. Y en caso de no producirse, habrá llegado el momento entonces de exigir de viva voz la renuncia del Presidente de la República.

Justicia penal, para quienes dieron las órdenes directas de abrir fuego real contra la población desarmada, así como para quienes resulten responsables de las abrumadoras violaciones de los Derechos Humanos que se dieron en esos diez días. Tampoco podemos olvidar la necesaria libertad inmediata de los casi cuatrocientos detenidos, así como la orden inmediata de retiro de las tropas del Senafront y demás fuerzas especiales de la ciudad de Colón.

Derrotar la dictadura civil en el camino de la Constituyente

Hoy más que nunca se ve con absoluta y meridiana claridad el agotamiento sino el colapso de un régimen político como el actual, que es incapaz de satisfacer la demandas ciudadanas de libertades democráticas, equidad económica y justicia social, lo que sólo podría surgir de un nuevo modelo de sociedad en el que la transparencia, el rendimiento de cuentas, la persecución implacable de la corrupción y el control de los dineros que nos pertenecen a todos, sea una realidad. Ese nuevo modelo de sociedad será el resultado de un parto difícil y complejo, que pasa por la derrota política de la actual dictadura civil en el camino de la apertura de un proceso constituyente democrático y por ello incluyente. Para ello habrá que conquistar previamente la dirección política y ética del bloque social dispuesto y convencido de la necesidad de un proceso emancipatorio. No se trata de un proyecto fácil, pero tampoco imposible. El pueblo en las calles ha demostrado sobradamente su fuerza y capacidad.

El Frente por la Defensa de la Democracia tiene un importante papel a jugar en ese camino, y sobre las fuerzas emancipatorias existentes en su interior recae la enorme responsabilidad de clarificar sus objetivos y demandas, así como impulsar su movilización democrática.

La derrota que ha sufrido la dictadura civil a manos de todo el pueblo, en especial del pueblo colonense, ha resquebrajado tanto su fracción parlamentaria como su coherencia al interior del Consejo de Ministros, y ha fortalecido a las fuerzas sociales que empujan hacia un mañana mejor en todos los sectores de nuestra sociedad. Esta nueva correlación de fuerzas debe servir de palanca para arrancarle a la dictadura nuevas conquistas.

Todo dependerá de nosotros mismos, de saber aprovechar el aparatoso derrumbe político de la dictadura para abrir caminos de libertad mediante una Constituyente que siente las bases de un nuevo modelo de sociedad, de un nuevo país. La responsabilidad es de todos y todas.

Movimiento Democrático Popular
Panamá
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GRAVE CRISIS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA PANAMEÑA

Comunicado: EN REFERENCIA A LA GRAVE CRISIS QUE ENFRENTA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

de Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Viernes, 29 de junio de 2012 a la(s) 10:06 ·

La lucha por la independencia judicial y por exigir procesos transparentes de nombramientos de magistrados, que ha llevado adelante la sociedad civil panameña, no inició con este gobierno. Tiene antecedentes directos desde el año 2000 y se ha mantenido durante tres periodos presidenciales diferentes.

En el año 2009, luego de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, se nombraron a José Abel Almengor y Alejandro Moncada Luna como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mediante un procedimiento contrario a los acuerdos del referido Pacto, siendo ratificados por la Asamblea de Diputados a pesar de las múltiples críticas por ser el primero un funcionario de mando y jurisdicción del Órgano Ejecutivo, y el segundo, por no aparecer ni siquiera en la lista de los aspirantes a magistrados.

Al  día de hoy hemos visto como el ex Magistrado Almengor tuvo que renunciar en medio de un escándalo por intromisión del Ejecutivo en  los asuntos del judicial, mientras que en el caso del Magistrado Moncada Luna, estamos viendo como sus actuaciones ponen en entredicho la independencia y la credibilidad del este Órgano del Estado.

Son graves motivos de preocupación los siguientes hechos:

1.  El fallo que pretendió revivir la Sala Quinta, cuyo ponente fue el Magistrado Moncada Luna, fue dictado con el aval de sólo tres magistrados principales. El resto de los firmantes fueron suplentes de magistrados, cuando era un tema de  trascendencia para el propio  Órgano Judicial, lo que llama la atención y resulta sumamente cuestionable.

2.  Los comunicados de página entera en medios escritos que fueron publicados la segunda semana de junio, firmados por los magistrados Alejandro Moncada Luna y Harry Diaz, que pedían el nombramiento de los magistrados de la Sala Quinta, a sabiendas de lo que esto afectaría la institucionalidad del país.

3.  El Proyecto de Ley 438 presentado y promovido por los Magistrados Harry Diaz y Alejandro Moncada Luna, que busca cambiar la forma de votación en el pleno de la Corte, concentrando el poder en la Junta Directiva, desconociendo la actuación como cuerpo colegiado que debe tener este Órgano del Estado. Igualmente el proyecto busca alterar la forma como se remueve y nombra a los magistrados y jueces, ignorando al Proyecto de Ley de Carrera Judicial.

4.  Los señalamientos aparecidos en los medios escritos y televisivos contra el magistrado MoncadaLuna  que lo vinculan a hechos graves, los cuales deben ser investigados y aclarados  para tranquilidad de todos los ciudadanos.

Todos estos hechos exigen una actuación o pronunciamiento por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, instancia a quien le corresponde velar por la Ética Judicial y la buena marcha de toda la administración de justicia.

Estamos a la  espera que la decisión  del Pleno de la Corte Suprema de Justicia traiga como resultado cambios a lo interno del Órgano Judicial y un cambio en el rumbo que hoy lleva esta Institución que está llamada a ser un pilar fundamental de la democracia.

Necesitamos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia un llamado a reactivar los espacios de diálogo para la reforma judicial, como lo son la Comisión de Estado por la Justicia y el Consejo Judicial; además de una manifestación de  compromiso con la Ley de Carrera Judicial que se encuentra para segundo debate en la Asamblea Nacional de Diputados. Es al propio Órgano Judicial a quien le corresponde hacer la convocatoria y no esperar a que sea el Órgano Ejecutivo el que lo haga.

Hacemos un llamado a todos las organizaciones y ciudadanos  que quieren  vivir en un Estado Democrático y Constitucional de Derecho a pronunciarse sobre lo que sucede con la Corte Suprema de Justicia de nuestro país.

Panamá, 28 de junio de 2012.