¿De dónde saldrá el dinero para los subsidios?

Movimiento Democrático Popular
Editorial

Si bien fue el alza incontrolada del precio de la gasolina la chispa que incendio la pradera del descontento popular, lo cierto es que la población estaba reprimiendo muchos más motivos que son los que explican el estallido social que desencadenó la más grande movilización ciudadana de protesta de nuestra historia republicana.

Una canasta básica de alimentos fuertemente impactada por la inflación, y una ciudad capital caracterizada como una de las más caras del mundo, a lo que hay que agregar el escandaloso precio de los medicamentos que, gracias al desabastecimiento de la CSS, le garantizan al oligopolio de distribuidores farmacéuticos un negocio agregado que se calcula en unos 400 millones debalboas al año. Se añade a ese explosivo cóctel social una tarifa eléctrica considerada entre las más caras del continente.

El agobiante desempleo, la corrupción y el descarado incumplimiento de la inversión del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en el sistema educativo a que obliga la ley, urgido por el grave deterioro de la infraestructura escolar, dieron por resultado el tsunami de la movilización popular que arrasó con la tradicional resistencia gubernamental a sentarse y discutir con la dirigencia social, cara a cara, los graves problemas y padecimientos de la inmensa mayoría de la población.

Así nació la Mesa Única del Diálogo, integrada por una amplia representación gubernamental, y por dos grandes organizaciones populares, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y la Alianza Pueblo Unido por la Vida, a los que se unió una representación significativa del Bastión de Lucha del Oriente Chiricano y del Pueblo Ngäbe Bugle y Campesinos.

Sentar en la mesa al poder ejecutivo, con la fuerza que les imprimía a los negociadores populares la movilización que los había elevado hasta la Mesa Única del Diálogo, arrojó inmediatos resultados que han aliviado coyunturalmente, cuando se han cumplido, la condición de extremo empobrecimiento de la población.

Se logró un subsidio del combustible llevando el galón a $3.25, un subsidio del 20% al precio de mercado de una serie de productos agrícolas de consumo, con la finalidad de no afectar al productor nacional; la eliminación del impuesto de introducción de otros productos alimenticios de la canasta básica y de limpieza personal. También se obtuvo, pese a la enorme resistencia gubernamental, una rebaja no inferior al 30% en el precio de los medicamentos, la cual aún no se ha podido aplicar en razón de las mentiras e incompetencias del gobierno, cuya única explicación se encuentra en su negativa a romper definitivamente con el oligopolio existentes en la distribución de medicamentos.

¿De dónde saldrán los dineros para financiar los subsidios?

Cabe señalar que tales subsidios son temporales, a lo sumo seis meses, y que por lo tanto no son una solución de la crisis sino un aplazamiento de la misma; y lo más importante es que a la población no se le ha explicado cómo se financiaran dichos subsidios. Y este es un tema central cuya explicación ha caído en el hoyo oscuro del misterio.

Solo hay dos maneras de financiar dichos subsidios multimillonarios: o se financian a tavés de un crédito internacional que incrementará la abultadísima deuda externa que tenemos, y que por cierto tendremos que pagar todos los panameños reduciendo la partida de inversión en escuelas, hospitales, y demás servicios públicos, para poder cumplir con esa deuda externa (capital más intereses). En otras palabras, lo que te doy hoy te lo quito mañana, pero con intereses.

O sin solicitar créditos internacionales, se tendrán que reducir directamente las partidas de inversión social del presupuesto nacional. Dicho de otra forma, lo que te doy hoy te lo reduzco mañana en la inversión de escuelas para tus hijos, o de hospitales para cuando te enfermes.

«Dichos subsidios son un acto de magia con el que se engaña al pueblo, pues no se han atacado las raíces de los problemas que nos aquejan y que han transformado al país en un polvorín.»

Dichos subsidios son un acto de magia con el que se engaña al pueblo, pues no se han atacado las raíces de los problemas que nos aquejan y que han transformado al país en un polvorín.

El precio de la gasolina se reduce creando de forma inmediata la EmpresaNacional de Hidrocarburos. La lucha frontal contra la corrupción permitiría recuperar:

• Al menos 100 millones de balboas del presupuesto de la corrupta Asamblea Nacional.
• 80 millones de balboas de las consultorías reconocidas por el MEF y cuyas empresas beneficiarias se desconocen.
• El gasto multimillonario de la propaganda gubernamental.
•  Los 3,000 millones de balboas de evasión fiscal que reconoce el Director de la Dirección General de Ingresos, reformando el Código Penal para establecer en 50 mil balboas la cifra de evasión fiscal en la que se incurriría en pena de 5 años de prisión.

Lo anteriormente señalado no sería un acto de magia engañoso que nada resuelve. Sería lo que habría que exigirle al gobierno para financiar los subsidios establecidos.

6 de septiembre de 2022 Año XVII N°264
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Movimiento Democrático Popular


BuscandoCamino
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José Stoute: «Este sistema ha entrado en una crisis irreversible»

Reproducimos de manera integra la entrevista que realizó la periodista Marlene Testa a José Stoute publicada en la Estrella de Panamá el jueves 23 de septiembre de 2021 por considerarla clave para comprender la situación por la que está atravesando la nación panameña. PP

El experto en análisis político conversa con ‘La Estrella de Panamá’ de la crisis del régimen, una radiografía del desgastado y obsoleto sistema panameño que conduce a la corrupción

PorMarlene Testamtesta@laestrella.com.pa
Actualizado 23/09/2021 00:00

En su momento miembro de la Coordinadora de la Asamblea de Acción Ciudadana.


El sistema político panameño ha entrado en una crisis irreversible y ha perdido el apoyo de la ciudadanía. “Su incontrolable corrupción obliga a restringir cada vez más los derechos de la maltrecha democracia que tenemos”, opina José Eugenio Stoute, politólogo con estudios de derecho en la Universidad de Barcelona, España.

Stoute, quien ha sido miembro de importantes movimientos ciudadanos, editorialista y articulista de revistas y medios extranjeros, conversó con La Estrella de Panamá de lo que ha llamado “la crisis del régimen”, una radiografía del desgastado sistema político panameño que es sostenido por el poder presidencialista, el legislativo y el judicial.

Y aunque faltan 36 meses para las elecciones generales y pareciera prematuro conversar de política y de aspirantes a la Presidencia, lo cierto es que existen piezas en el rompecabezas político que están tomando forma. Stoute dibujó un todavía impredecible escenario político para 2024.

Para él, no existen dudas de que José Isabel Blandón será el abanderado del Partido Panameñista. Por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo se percibe como la figura que podría cambiar la historia política del país. Aunque su candidatura a la Presidencia estará sujeta a los vaivenes del próximo congreso de su partido que se celebrará en mayo de 2022.

Rómulo Roux y Yanibel Ábrego tendrán que disputarse el liderazgo de Cambio Democrático (CD) para definir si el primero volverá a repetir como candidato a la Presidencia. El exmandatario Ricardo Martinelli tampoco tiene el camino libre y dependerá de los resultados del proceso judicial que se le sigue por los pinchazos telefónicos, apuntó.

P En algunas ocasiones usted se ha referido a la “crisis del régimen”. ¿Podría explicar a qué alude con esa expresión?

R Con mucho gusto. Entiendo por “régimen político” la forma en que se articulan los poderes del Estado para ejercer su dominio sobre la sociedad.

R En nuestro caso, el sistema que se instauró con posterioridad a la invasión yo lo defino como el de una democracia neoliberal de libertades recortadas. Ese sistema político se sostiene gracias a un poder ejecutivo presidencialista y de amplios poderes incontrolados, mayores incluso que los que detenta el presidente de Estados Unidos; un poder legislativo ampliamente corrupto y desvinculado de sus electores, expresivo de la grave crisis de representatividad que nos afecta; y un poder judicial controlado por la Asamblea de Diputados que es quien nombra y destituye a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, lo que vicia completamente a dicho órgano. Este sistema ha entrado en una crisis irreversible por disfuncional y generador de graves e inevitables escándalos, además de haber perdido el consentimiento, es decir el apoyo de la ciudadanía. Su incontrolable corrupción los obliga a restringir cada vez más los derechos de la maltrecha democracia que tenemos. Ejemplos de ello es el haber declarado como reservados por 10 años los acuerdos del Consejo de Ministros, impedir que se puedan conocer las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, a menos que el contralor dé su previo consentimiento, y el escandaloso ataque a las libertades democráticas que recién realiza la Asamblea de Diputados cercenando las propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, e introduciendo aberrantes artículos para garantizar su sobrevivencia.

P Entremos en política. ¿Cómo se percibe el escenario político para 2024?

R Es muy temprano aún para adelantar opiniones muy concretas, pero sí puede afirmarse, por como discurren los últimos acontecimientos, que será una lucha electoral encarnizada por capturar el botín del Estado, es decir por el control del presupuesto general de la nación, que es lo único que se pretende. Esas elecciones serán disputadas por partidos carentes de ideología, es decir, muy corruptos y clientelistas, cuyo único objetivo es el enriquecimiento personal de su dirigentes mediante el saqueo del presupuesto de la nación.

P ¿Ya podemos identificar las figuras presidenciales de las próximas elecciones?

R Los próximos años tendrán un discurrir muy complejo, lo que hace difícil identificar desde ahora los candidatos de la próxima elección. Todos, con excepción de José Isabel Blandón Figueroa, dependen de acontecimientos momentáneamente impredecibles. Si bien todo indica que por el PRD el candidato será José Gabriel Carrizo, su confirmación estará sujeta a los acuerdos finales a que se llegue en el congreso que celebrará el PRD el 15 de mayo de 2022. Por su parte, la candidatura de Rómulo Roux, por Cambio Democrático, será o no será según el resultado de la lucha de la diputada Yanibel Ábrego por arrebatarle en 2023 el liderazgo del partido. En cuanto a la candidatura de Ricardo Martinelli por su partido Realizando Metas, todo permanecerá en suspenso hasta conocer los resultados del juicio penal al que está sometido por el caso de las escuchas telefónicas ilegales. Los demás, por su tamaño, se asociarán con los partidos grandes, exceptuando al Frente por la Defensa de la Democracia, cuyo candidato estará por decidirse, y el caso de Ricardo Lombana, que muy probablemente no hará alianzas.

P Panamá se caracteriza porque sus partidos gobernantes no repitan. ¿Existen posibilidades de que se rompa ese mito?

R Todo pareciera indicar que la diputada Yanibel Ábrego, indiscutible dirigente de la bancada parlamentaria de Cambio Democrático, ya sea que logre o no arrebatarle a Rómulo Roux la presidencia del partido, hará alianza con el PRD o con Realizando Metas, dependiendo de la situación en la que se encuentre para entonces Ricardo Martinelli. Si su decisión fuese la de apoyar al candidato del PRD, deberíamos considerar la posibilidad de que el PRD rompa esa tradición electoral. A eso está apostando el PRD.

P ¿Hay alguna figura dentro del PRD que pueda suceder al actual liderazgo de Laurentino Cortizo?

R Todo indica que se trata de José Gabriel Carrizo el abanderado del PRD para las próximas elecciones, pero eso no estará asegurado hasta que no se cierren definitivamente los acuerdos que se realizarán en el próximo congreso de ese partido.

P ¿Ricardo Martinelli podría volver a conquistar el partido que fundó y que lo llevó a la Presidencia?

R El futuro de Cambio Democrático estará en manos de Rómulo Roux o de Yanibel Ábrego. Si ella alcanzara la presidencia del partido, Ricardo Martinelli saliera bien librado del juicio al que está sometido, Martinelli podría aspirar a una alianza con CD.

P ¿Cómo ve las posibilidades de CD de abanderar una candidatura en medio de la crisis interna y la amenaza de ser reconquistado por el expresidente Ricardo Martinelli?

R La amenaza inmediata de Rómulo Roux es la diputada Yanibel Ábrego. Si ella no lograra arrebatarle la presidencia del partido, Rómulo Roux será el abanderado de CD en 2024.

P ¿José Blandón logrará unir las corrientes internas de su partido y llevar nuevamente su partido a la Presidencia?

R No tengo la menor duda de que Blandón será el abanderado de su partido para 2024, aunque es muy temprano para saber si se unirá en alianza con otros partidos y qué lugar ocuparía en esa posible alianza.

P ¿Los nuevos partidos políticos qué papel jugarán en las próximas elecciones?

R A mi juicio, ninguno de ellos jugará un papel determinante, a menos que se produzcan acontecimientos en estos momentos imposibles de prever.

P ¿Usted cree que la convocatoria a firmar para convocar a una asamblea constituyente tendrá frutos?

R Si usted se refiere a la recogida de firmas para convocar a una mal llamada constituyente paralela, creo que resulta meridianamente claro que tal llamado ha resultado un absoluto fracaso. Y en gran parte ha sido así porque sus convocantes se reservan el decirnos qué es lo que proponen en concreto, y, por otra parte, porque se trata en verdad de un nuevo parche-reforma de la Constitución.

R Las constituyentes, tal como indica su nombre, no pueden estar reguladas por normas previas a su instalación, tal como ocurre con la denominada “paralela”. Lo que el país necesita es una constituyente originaria como han sido todas las anteriores desde 1904, y cuyo propósito debe ser un cambio de régimen político que responda a la ampliación de las libertades democráticas, devolviéndole a los ciudadanos su control sobre el poder, ese poder que ahora está secuestrado y por ello nos es ajeno. Esa tarea ciclópea solo podrá asumirla una nueva y refrescante organización política que entienda que la libertad y la igualdad son inseparables.

INCAPACIDAD QUE PRODUCE TRAGEDIAS

Arq. Laura Candanedo
Cédula: 4-69-469

Es Inaceptable que funcionarios sin los conocimientos ni la capacidad técnica necesaria ocupen puestos donde estos son un imperativo, como en el área de la construcción; porque ponen en peligro la seguridad física de muchas personas.

Incapacidad clara en las declaraciones del director de obras del municipio en entrevista de TV, relacionada a caso donde un hombre perdió la vida al ceder “baranda” en restaurante supuestamente operando ¿sin permisos de ocupación?

Cuando una obra no cumple, lo que procede es suspensión. Colocar una multa y que la obra prosiga, además de irresponsable es criminal.

Enero 2021, Interpusimos denuncia en nota al alcalde, copia al director de Obras, por edificación en esquina de calle Víctor Tejeira y Mindi, Altos de Balboa. Viola normas urbanísticas, de seguridad y leyes, que también resultará en tragedia si no se suspende YA.

Están en PELIGRO, propiedad y familia vecina, vecinos que pasen, y por la calle, ya que el individuo aduce que “compró” la acera. Es la única acera en esa calle. Cero respuesta. Marzo, segunda nota al alcalde, indicando responsabilidades legales de funcionarios por violación a normas, a ley 21 de 1997, Fallo de la CSJ 17/10/2016, Artículo 419 del Código Penal. Cero respuesta.


24/3/2021 Manifestación de residentes frente a esta propiedad exigiendo cumplimiento a la ley. Llegaron: policías y funcionario municipal. Obra fue “suspendida” pero Iniciada pocos días después. Días siguientes, el municipio inició “inspecciones” contra varios de los vecinos manifestantes “atendiendo” denuncias infundadas del propietario de esta construcción ilegal.

El OBJETIVO de confección de planos y aprobación de ellos por la oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos, municipio, diferentes instituciones como IDAAN y otras, es la SEGURIDAD de las personas que ocuparán esa edificación, propiedades vecinas, los que visitan, los que trabajan allí, los que pasan cerca al sitio, etc.

6/5/2021 recibimos por correo electrónico nota del director de Obras Antonio Docabo y contesta lo siguiente:
“Cabe señalar que ya se había realizado inspección ocular al lugar precitado donde ademásse observó construcción de residencia, vivienda unifamiliar de planta baja mas dos plantas y un sótano por lo que se procedió a colocar boleta de inspección No 15473, por NO CONTAR CON EL PERMISO DE CONSTRUCCION y por no haber colocado el permiso en lugar visible “. (?)

ESTO ES MUY GRAVE y DEMUESTRA incapacidad, irresponsabilidad y el peligro en el que estamos todos.

  1. TODA OBRA para ser construida TIENE que tener planos aprobados por Ventanilla Única del municipio y Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos.
  2. Tener PERMISO DE CONSTRUCCIÓN y pago de impuesto.
  3. Toda obra desde un piso alto, tiene que contar con estudio de suelo y cálculos estructurales de acuerdo a ese suelo. ¿Cómo esta supuesta residencia DE CUATRO PISOS, estaba en construcción sin el requisito de un permiso de construcción? Y cuatro meses después de denuncia, responde que no tiene permisos. ¿Dando tiempo
    para que se terminara de construir?
  4. ¿Inspectores municipales nunca verificaron permisos, línea de construcción, retiros, normas, como es su obligación?
  5. ¿Cómo, pocos días después del piqueteo, ”supuesta suspensión y pago de multa” se permite que la construcción prosiga?
  6. Cuando una obra no cumple, como en el caso de estas edificaciones y el del restaurante donde una persona murió, lo único que procede por parte del municipio, es suspenderla y demoler lo que no cumple. Ningún acuerdo está por encima de una ley.
  7. Después de completar la construcción de acuerdo a lo aprobado, cumpliendo normas y leyes, pasa dos inspecciones: Oficina de Seguridad de los Bomberos y la del municipio, que deben ser VERDADERAS INSPECCIONES que CERTIFICARÁN que no constituye riesgo para nadie y que se construyó de acuerdo a planos aprobados. Generan Permisos de Ocupación. La edificación NO PUEDE ser utilizada hasta no recibir estos permisos.
  8. Funcionarios, propietario y arquitecto tienen que ser encausados. NO PERMITAMOS estos abusos. Cada uno de nosotros, familiares, conocidos, etc. estamos en peligro por la incapacidad de funcionarios que no conocen sus responsabilidades. ¿Será solo esa la razón? Imaginan ustedes cuántos edificios estarán en estas condiciones? ¿Entienden mejor la tragedia que ocurrió en el restaurante en el Casco Antiguo? ¿Y otras en estacionamientos de edificios?

Panama Ports: ¿caso cerrado?

Tomás Paredes Royo Ingeniero

Columnistas La Estrella de Panamá

Supe de Arnold & Porter (A&P) en la década de los 80, cuando la firma cooperaba en la promoción de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI). En aquella ocasión, A&P ofrecía sus servicios para que los países cumplieran con las normas legales y procedimentales para beneficiarse de aquel programa. Desde entonces, como parte de una lista de bufetes internacionales, diferentes Gobiernos han utilizado los servicios de A&P en sus relaciones comerciales con otros países; para obtener nuevos financiamientos; y para atender demandas de terceros contra el Estado. Dicho de otra manera, servicios jurídicos en beneficio de los mejores intereses de la nación panameña.

Recientemente, A&P fue contratada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), o por el Gobierno de la República de Panamá, para emitir una opinión legal sobre la renovación “automática” del contrato existente con la empresa Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, con el fin de que sus conclusiones sustentaran la decisión de la AMP de prorrogar o rescindir dicho contrato.

Contrario a lo que comentan algunos alabarderos de PPC, he leído el contrato existente entre las partes y he objetado desde un inicio la pretensión de la empresa y del Gobierno actual de continuar el contrato original bajo los mismos términos y condiciones. Sin embargo, quienes hoy se rasgan las vestiduras aludiendo la necesidad de preservar la seguridad jurídica en nuestro país, olvidan por conveniencia la negociación de Panamá con EUA para recuperar su soberanía en todo su territorio, que llevó a la eliminación de la Zona del Canal y a la administración del Canal de Panamá. ¿Qué mayor seguridad jurídica, argumentaron algunos en su momento, que el tratado de 1903?

Más allá de santificar la seguridad jurídica, manto con el cual quieren arropar y proteger la relación desigual que emana del contrato aludido, como en el Hay-Bunau Varilla, baso mi opinión en la necesidad de ajustar los términos y condiciones a las realidades actuales, por considerar que mantener la situación original, proyectada hacia el futuro, sería un despropósito para el país y promovería una correlación insostenible, lesiva a nuestra dignidad como nación y como Estado anfitrión de la inversión extranjera.

«La estrategia utilizada por el Gobierno y la empresa para justificar la concesión de PPC hasta el 2047 puede ser calificada como ruin y traidora.»

La estrategia utilizada por el Gobierno y la empresa para justificar la concesión de PPC hasta el 2047 puede ser calificada como ruin y traidora. Inventarse un áudito para justificar supuestos cumplimientos de PPC al contrato; abocarse a una costosa campaña publicitaria para exaltar de manera exagerada y repetitiva las aparentes bondades y beneficios de PPC; y demeritar o soslayar la posición geográfica del país y la contribución del Canal de Panamá al sistema marítimo, los califica de cuerpo entero. Pena ajena, pero dolor propio como panameño.

Si A&P estaba limitada a preguntar a la Contraloría General de la República, hubiese esperado de ese bufete una posición más ética y no prestar su nombre para justificar lo que ya sabíamos, un interés decidido del Gobierno por renovar el contrato con PPC bajo los mismos términos y condiciones, sin importar los métodos o las consecuencias.

Preguntó A&P si PPC: (1) ¿ocupa todas las tierras y aguas del contrato para el propósito de sus operaciones portuarias?; (2) ¿puede PPC subarrendar las tierras y aguas que constituyen un exceso a sus necesidades para que terceros realicen actividades ajenas a sus operaciones portuarias?; (3) ¿está sujeta a revisión y ajuste periódico la estructura de beneficios económicos que recibe Panamá de esta concesión en función del valor de la posición geográfica y la valorización del entorno donde operan los puertos?; (4) ¿está PPC comprometida y alineada con el desarrollo marítimo del país, que incluye necesariamente la diversificación y la creación de nuevas cadenas de valor, con el fin de diversificar la oferta y enriquecer los servicios logísticos que se puedan ofrecer desde nuestro país y que demanda la industria marítima mundial?

«Puede que para algunos el contrato de PPC sea “caso cerrado”, cuando en realidad se ha abierto, para los próximos 25 años, una herida que no se curará con unos cuantos dólares más.»

La poca transparencia con que el Gobierno ha manejado este asunto y su decisión final, de ir en contra de la opinión de expertos y conocedores del tema, solo sirven para abonar al sentimiento y a la percepción de muchos de que este Gobierno se caracteriza por tener funcionarios de pantalones muy cortos y bolsillos muy largos, en todo caso, sin correa. Puede que para algunos el contrato de PPC sea “caso cerrado”, cuando en realidad se ha abierto, para los próximos 25 años, una herida que no se curará con unos cuantos dólares más.

Los costos sociales de la construcción en barriadas unifamiliares

BESTIAL (collage): Pilar Moreno

Juan Jované

DESORDEN EN LA CONSTRUCCIÓN PATROCINADO POR LAS AUTORIDADES

Un fenómeno que se ha venido observado desde hace ya bastante tiempo es la construcción de edificios multifamiliares en barriadas de viviendas unifamiliares. Esta actividad ha generado importantes efectos negativos sobre los habitantes de las mismas, frente a los cuales las autoridades no solo han prestado oídos sordos, sino que han venido creando las condiciones para que los mismos sean aprovechados por los dueños de dichas construcciones y sus empresas constructoras, con el fin de elevar indebidamente sus ganancias económicas.

SE FAVORECE A PUDIENTES, SE PERJUDICA A LOS CIUDADANOS

De acuerdo a la Teoría Económica del Bienestar existe una externalidad negativa cuando la actividad de un agente económico dedicada a producir un bien o servicio afecta negativamente la productividad o el nivel de satisfacción (bienestar) de otro agente. En estas circunstancias aparece un costo que el productor del bien o servicio no asume, el mismo entonces, se traslada a otras personas que son forzadas a asumirlo.

EL COSTO SOCIAL DE LA COSTRUCCIÓN

En las circunstancias descritas el costo privado de la actividad productiva se diferencia claramente del costo real de la actividad productiva. La diferencia entre esto dos costos se conoce como el costo social, que se define como la suma de dinero que se debería dar a quien sufre la externalidad a fin de restablecer su nivel de satisfacción y/o productividad. Se trata de un fenómeno extendido que, de acuerdo al economista William Kapp, se debe entender como “los costos sociales de la empresa privada”.

Todo esto solo demuestra que a las autoridades solo les interesa complacer a quienes dominan el dinero, sin importarles el bienestar de la población.

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL A CONVENIENCIA

La presencia extendida de los costos sociales de la construcción de edificios multifamiliares en barriadas de casas unifamiliares se inicia con la anuencia de las autoridades del Ministerio de Ambiente, las cuales no solo son capaces de admitir estudios de impacto ambiental claramente sesgados y falsos sino que resultan sordas a cualquier reclamo realizado al respecto.

CIUDADANOS DESAMPARADOS ANTE AUTORIDADES CÓMPLICES Y NEGLIGENTES

La construcción de los edificios multifamiliares en referencia, por lo general, se inician con la demolición de las antiguas estructuras unifamiliares. Esta, en no pocas ocasiones, se realiza con un notable descuido, capaz de afectar la salud de toda la población vecina. Personalmente fui testigo, además de afectado, de la demolición de un antiguo techo que contenía fibra de vidrio, sin que la empresa encargada de la obra ni el dueño de la misma tomaran ninguna precaución para evitar daños a la población. En este caso, pese a que se les advirtió del problema, la demolición prosiguió sin mayores cambios. Mientras que el municipio capitalino solo logro actuar tardíamente, el Ministerio de Salud optó por desentenderse del problema.

CIUDADANOS SIN PAZ NI TRANQUILIDAD

En la fase propia de la construcción los costos sociales que deben sufrir los vecinos son múltiples. En primer lugar, está la contaminación acústica, la cual no solo afecta el bienestar y la tranquilidad de quienes colindan con el lugar de la obra. Además, sobre todo en momentos en que el trabajo y la educación se realiza y se recibe dentro del hogar, la contaminación acústica genera un significativo costo social, el cual, gracias a las muy laxas regulaciones municipales, se extiende por largas horas.

ATENTADOS CONTRA LA SEGURIDAD CIUDADANA

A esto se suman otros costos que pueden ser bastante graves. Soy testigo, para dar un ejemplo, del caso de chispas vivas soldaduras provenientes de una construcción que cayeron en el estacionamiento de la casa contigua, donde jugaba tranquilamente un menor de edad.

INCOMPETENCIA O COMPLICIDAD?

La permisividad de las autoridades frente a los costos sociales toma ribetes dramáticos en un ejemplo de la urbanización Las Mercedes. En esta un edificio multifamiliar que la Corte Suprema de Justicia ordenó demoler ya hace varios años, sigue en píe, sin que ninguna autoridad sea capaz de hacer cumplir esta ordenanza.

Todo esto solo demuestra que a las autoridades solo les interesa complacer a quienes dominan el dinero, sin importarles el bienestar de la población.