NUEVO CONTRATO CON MINERA PANAMÁ ES INCONSTITUCIONAL Y TRAICIONA LA RESPONSABILIDAD DE PANAMÁ CON SU BIODIVERSIDAD

Panamá, 19 de enero de 2022.

Organizaciones ambientales, científicas, movimientos sociales, gremiales, de derechos humanos y de base comunitaria rechazan el anuncio de un nuevo contrato entre el gobierno nacional y Minera Panamá (antes Minera Petaquilla). Con este acto el gobierno nacional elude nuevamente la celebración de una licitación pública y traiciona su responsabilidad con los panameños y nuestras riquezas naturales.

El Órgano Ejecutivo desatiende el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato anterior de Minera Panamá, demostrando una vez más que esta industria siempre operará al margen de nuestra Constitución y la Ley, y de los derechos fundamentales que estas consagran. Al evadir la licitación pública y la competencia de los oferentes no se garantizan los máximos beneficios para el Estado panameño.

Durante la irregular negociación, a cargo de una comisión de “alto nivel” que jamás fue constituida legalmente, el gobierno anunció avances minúsculos en temas ambientales y laborales que en suma solo obligan a la empresa a cumplir compromisos previamente adquiridos o normas vigentes aplicables a todos los actores económicos del país.

Según se ha anunciado, el nuevo contrato debe suponer para el Estado panameño 10 veces los aportes anuales promedios alcanzados hasta la fecha; sin embargo, solo el cobro de la evasión anual del Impuesto sobre la Renta de personas jurídicas, según los montos estimados por la Dirección General de Ingresos, le daría al país más de 100 veces lo recibido anualmente por la minera hasta el momento. El nuevo contrato continúa desconociendo por completo la inmensa riqueza natural y cultural que se sigue destruyendo en un área protegida clave para la conectividad de la biodiversidad en toda la región, donde acumula 295 incidentes ambientales en los últimos tres años según los propios reportes de la empresa. La negociación desconoce también la voluntad de los panameños, que rechazamos la minería metálica a cielo abierto y no deseamos empeñar nuestros ríos y bosques.

A cambio del aumento de regalías, la empresa ha solicitado protecciones necesarias para garantizar su operación, en una clara alusión a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Centro de Incidencia Ambiental en 2008. Denunciamos esta solicitud como un intento de obstruir el acceso a la justicia de la ciudadanía en búsqueda de la protección de la Constitución y la Ley.

Corresponde hacer un llamado a los diputados, sobre los cuales recaerá ahora la responsabilidad, enfatizada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de escrutar el contrato para determinar si está o no “conforme a la regulación legal relacionada”, “todavía más exigente, dado los riesgos que supone la actividad minera y los derechos e intereses en juego…”

La continuidad de Minera Panamá es también un precedente grave y preocupante de cara a la amenaza de múltiples proyectos de minería metálica en todo el país. Tal es el caso de una nueva concesión de 10,000 hectáreas en los distritos de La Pintada, Omar Torrijos Herrera y Donoso, ignorando rampantemente quejas de los lugareños sobre la inexistencia de la consulta; y la prórroga ilegal de los contratos de concesión del proyecto Cerro Quema en Azuero, sin Estudio de Impacto Ambiental aprobado, cuyas operaciones causarían gran daño a las vulnerables fuentes hídricas azuerenses.

El rechazo a la industria de la muerte (MINERÍA) es generalizado en todo el país.

El camino a la recuperación económica del país, una que nos lleve al desarrollo justo y equitativo que jamás hemos tenido y que genere puestos de trabajo decentes, requiere ineludiblemente la conservación del ambiente. Es hora de que el gobierno honre sus compromisos internacionales, incluyendo aquellos relacionados con biodiversidad y la acción climática, y que opte por proyectos económicos realmente sostenibles, como la inversión en infraestructura pública baja en emisiones, el desarrollo agropecuario con soberanía y seguridad alimentaria, el turismo ecológico, las nuevas energías renovables, entre otros.

Panamá es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Esta diversidad, diariamente y en forma sustentable, produce una gran gama de servicios y bienes ambientales que benefician a millones, incluyendo producción de agua segura y de riego y generación de energía eléctrica, purificación del aire, polinización, producción de leña, medicinas naturales y madera, alimentos, y estabilidad climática.

El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, que ha seguido sumando miembros de todo el país desde su formalización en agosto de 2021, apuesta por mantener estos bienes y servicios, así como la calidad de vida que traen a las presentes y futuras generaciones. Invitamos a todos los actores sociales a exigir la misma apuesta al gobierno nacional, comenzando por la aprobación de la moratoria a la minería metálica comprometida en el Pacto Bicentenario. Así se cumplirá finalmente el deber constitucional del Estado y todos los habitantes de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.

Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería

1. ADOPTA Bosque 2. Amigos del Parque Nacional Santa Fe (AMIPARQUE) 3. Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA) 4. Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) 5. Asociación de Educadores Veragüense (AEVE) 6. Sindicato de Educadores Democráticos de Panamá / Poder Ciudadano 7. Centro de Capacitación Social 8. Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) 9. Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF) 10. Colectivo Voces Ecológicas (COVEC) 11. Colegio de Biólogos de Panamá (COBIOPA) 12. Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá 13. Consejo Consultivo de la Cuenca / Jóvenes por el Ambiente y la Cuenca del Canal 14. Coordinadora para la Defensa de Tierras y Aguas de Coclé (CODETAC) 15. Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino 16. Cuidemos a Panamá 17. Escuela de Biología, UP CRU Coclé 18. Fundación Cerro Cara Iguana 19. Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de Panamá (FUNDICCEP) / Red Nacional en Defensa del Agua 20. Fundación para la Protección del Mar (PROMAR) 21. Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños (FCPP) 22. Fundación San José Verde (FUSAVE) 23. Frente Santeño contra la Minería 24. Guardianes del Río Cobre OBC 25. La Nueve / Red Nacional en Defensa del Agua 26. Masa Crítica – Antónima 27. Movimiento Democrático Popular (MDP) 28. Movimiento MiMar 29. Movimiento Pro Rescate de AECHI 30. Movimiento Victoriano Lorenzo 31. Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad (OBPAS) 32. Poder Ciudadano 33. Red Nacional en Defensa del Agua 34. Sociedad Audubon de Panamá 35. Sociedad Panameña de Salud Pública (SPSP)

No se puede bajar la guardia en el tema de la seguridad social


Juan Jované
 
En recientes declaraciones uno de los asesores presidenciales afirmó que el actual gobierno, por razones de tiempo, no tomaría ninguna decisión sobre la problemática del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (PIVM). A esto añadió de que no lo podría hacer por carecer del capital político suficiente. Estas declaraciones, que a nadie extrañan, han dado lugar a diversas reacciones, entre las que se destaca la provenientes de la cúpula empresarial.
 
Los funcionarios y publicistas del capital financiero saben perfectamente que su proyecto antidemocrático de seguridad social no será aceptado pasivamente por la sociedad. No es raro, entonces, que uno de uno de ellos reconociera en el último CADE, que sus propuestas son “bastante impopulares”.

La posición correcta no puede ser otro que salir decididamente a enfrentar la campaña engañosa de la cúpula empresarial. Hagámoslo con decisión y persistencia.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la propuesta empresarial, destinada a destruir el sistema solidario y privatizar los fondos de la CSS, tampoco es de extrañar que los representantes del capital entiendan claramente las dificultades políticas que su propuesta debe enfrentar. Al referirse al papel de los partidos políticos en la reforma que proponen, uno de los más conspicuos voceros del capital financiero declaró, que estos: “Saben a lo que se enfrentan. Saben que, si no tienen manejo, sufrirán políticamente”.
 
Es por esto que, en base a las desafortunadas declaraciones del asesor presidencial, la cúpula empresarial ha decidido llevar una nueva campaña destinada a avanzar en sus objetivos. Esta intenta llamar la atención sobre la urgencia de lograr una solución para el sistema de pensiones, olvidando intencionalmente que fue la Ley 51 Del 27 de diciembre de 2005, promovida por ellos mismos, la que ha generado el problema del modelo solidario.  
 
La nueva campaña del capital intenta utilizar, como en ocasiones anteriores,  la vieja táctica de crear el terror en la población. Para esto se utiliza como eje ideológico central la idea de que la única solución es la presentada por el sector empresarial, de manera que si esta no se acepta no solo las personas podrían quedarse sin pensiones, sino que prácticamente se destruiría la economía nacional.
 
Esta posición olvida que en varios documentos, como el aprobado por el Consejo Académico de la Universidad Panamá, se demuestra cuantitativamente la posibilidad de sostener un modelo de pensiones solidarias, siempre y cuando se corrijan los abusos que sobre la CSS siguen realizando tanto el sector empresarial como el gubernamental.
 
Por ejemplo, la idea de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) según la que los gobiernos, de no aceptar la propuesta empresarial, tendrían que escoger entre invertir o financiar las pensiones, es en realidad una visión interesada. Es claro que en un país en que existe una evasión fiscal, principalmente proveniente del sector empresarial, que en el 2019 alcanzó a cerca del 10.0% del PIB, la idea de la CCIAP resulta prácticamente interesada y ridícula.
 
Es importante señalar que, como era de esperarse, la campaña iniciada en CCIAP, siguiendo las reglas de la orquestación propagandística, ha servido de base para que la prensa dedicada a servir los intereses del capital financiero junto a otros medios sean la caja de resonancia de la misma.
 
Lastimosamente algunos sectores que se autocalifican como progresistas no han logrado entender el significado de la situación. No es correcto pensar que el tema debe ser eliminado de la agenda de los movimientos sociales hasta que se termine el estudio actuarial de la OIT. Si bien el sector empresarial puede darse el lujo de pensar que esta organización es un árbitro neutral, la experiencia muestra que esto no es del todo cierto.
 
La posición correcta no puede ser otro que salir decididamente a enfrentar la campaña engañosa de la cúpula empresarial. Hagámoslo con decisión y persistencia.
 
 

Las vacunas y los Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la libertad. La mayor parte de las leyes van en contra de ese artículo.   

No me paro en los semáforos en rojo porque tengo derecho a la libertad de hacerlo o no hacerlo.

Conduzco a más de 200 kilómetros por hora porque tengo derecho a la libertad de hacerlo o no hacerlo.

Conduzco sin amarrarme con el cinturón de seguridad porque tengo derecho a la libertad de hacerlo o no hacerlo.

No me pongo ni les pongo a mis hijos las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubeola, la difteria, el tétanos, la tos ferina, la varicela, la polio o la gripe porque tengo derecho a la libertad de hacerlo o no hacerlo.

No me pongo ni les pongo a mis hijos las vacunas contra el virus Corona porque tengo derecho a la libertad de hacerlo o no hacerlo. 

No creo en las autoridades, que nos meten miedo para que nos vacunemos y hagamos más ricas a las compañías farmacéuticas y a los políticos coimeros. 

En quienes sí creo es en unos doctores que están muy bien documentados y dicen por todas las redes sociales que esas vacunas son experimentales, inseguras y peligrosas.

Dos vecinos y un primo míos, aconsejados por esos sabios doctores críticos de las vacunas, decían que esperarían a vacunarse cuando se demostrara que eran efectivas. Lástima que no podrán verlo porque murieron la semana pasada. A veces me dan ganas de sacrificar mi libertad y permitir que experimenten conmigo.

Paco Moreno.

9 de enero y educación… una opinión

Leopoldo Santamaría

A cincuenta y ocho años del 9 de enero de 1964, amerita poner en contexto, aquella gesta patriótica, constituida luego en punto de inflexión de nuestra historia. Al respecto, me permito unas breves reflexiones; cursaba quinto año en el Instituto Nacional.

‘La gesta heroica del 9 de enero habría sido imposible, con una educación como la actual’

En aquel tiempo la educación tenía prioridad, pasábamos entre siete y ocho horas diarias en los planteles; el programa de enseñanza incluía Ética y Moral, Cívica, Historia de Panamá, Gobierno, Geografía, Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, Filosofía, Lógica, etc.

Había autoridad, calidad, consciencia, vocación de servicio y compromiso social, más que educadores eran forjadores de la juventud; de modo que la disciplina, la competencia y el rendimiento eran consustanciales al medio académico; operaba la selección natural, se reconocían los méritos, no había lugar para la mediocridad. Había organizaciones estudiantiles, donde el debate de las ideas y el análisis de la realidad social tenía lugar; lo cual explica y justifica el protagonismo de la juventud institutora en dicha jornada reivindicativa, dado el desarrollo del sentido de identidad nacional, de patria y de soberanía; comprendíamos el abuso contenido en la cláusula de perpetuidad de aquel oprobioso ‘tratado’; como la injusticia por el ejercicio de la jurisdicción de otro Estado, en nuestro territorio; gracias a que fuimos beneficiarios de una educación promotora de valores éticos y derechos ciudadanos.

La gesta heroica del 9 de enero habría sido imposible, con una educación como la actual, totalmente desmantelada y con financiamiento restringido por las Ifi’s, que califican a los fondos destinados al sector social, como factores de distorsión de la economía; argumentos falaces, avalados por gobiernos dóciles, que con el pretexto de reducir el déficit fiscal, los cumplen íntegramente, sin importarles generar una población adocenada, excluida y dependiente; incapaz de reconocer las causas de las desigualdades, generadas gracias a la minoría de apátridas que concentran el poder económico y político, que en complicidad con el capital financiero internacional, redujeron la calidad de la enseñanza, eliminando la doble jornada, las horas de clases y materias como filosofía, lógica, etc.; prohibiendo luego las organizaciones estudiantiles y suprimiendo, por ‘inconstitucional’, la obligatoriedad de la enseñanza de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Ahora, con una administración signada por la corrupción, la impunidad y su extrema incompetencia, que pisotearon la fementida estrella y continúan hipotecando el futuro de varias generaciones, que cerraron la Universidad, hasta capaces son de conmemorar la fecha; lo que sería una contradicción, dado que el elemento esencial de aquella gloriosa gesta fue la calidad, el contenido y el carácter liberador de la educación existente, que tradujo una juventud consciente, deliberante y dispuesta hasta el sacrificio en defensa de valores, que tanto los corruptos como los cínicos, jamás comprenderán.

El mejor homenaje a la memoria de los mártires del 9 de enero del 64 sería abrir la Universidad Nacional, reconocer el Sistema, integrado por el capital financiero internacional y su aliado, la oligarquía criolla, verdaderos responsables del estado catastrófico de la educación nacional y del cortejo de secuelas económicas y sociales que caracterizan nuestra realidad nacional. La educación es un arma de construcción masiva; urge rescatarla para disponerla al servicio de los genuinos intereses de la ciudadanía. Usted qué opina?.

Neoliberalismo criollo y salario mínimo


Juan Jované

Hace un par de semanas atrás apareció publicado un artículo que, intentado un tono académico, atacaba la idea de un incremento del salario mínimo. El mismo solo demuestra la pobreza intelectual de quienes intentan convertirse en los ideólogos de la cúpula empresarial.
 
El artículo en mención busca sostenerse en la hipótesis de que los salarios, para lograr el equilibrio del mercado de la fuerza de trabajo, deberían ser iguales a la productividad marginal del trabajo. Se trata de una posición difícil de sostener por varios motivos.
 
En primer lugar, la propia teoría que se propone como base se sostiene en la idea de que el mercado laboral cumple con los supuestos de la competencia perfecta. En el caso de Panamá, tal como lo ha afirmado recientemente el profesor Guillermo Chapman Jr. en su trabajo “Hacia una nueva visón económica y social de Panamá”, en nuestro país se puede observar una proliferación de oligopolios.  ¿Será que los defensores de la libertad de mercado no se han dado cuenta de esto?

Los problemas nacionales necesitan un debate serio y no simples ejercicios de defensa de la cúpula empresarial.

 
En segundo lugar, el desarrollo de la teoría económica centrada en la información imperfecta, ha destacado que en un mercado laboral con información imperfecta, aún en ausencia de intervención pública, alcanza un equilibrio en el que los salarios no se equiparan con la productividad marginal. Esta hipótesis se encuentra desarrollada en el conocido enfoque de los salarios de eficiencia. Entre los autores más importantes de esta visión se encuentran Janer L. Yellen, Carl Shapiro y Joseph E. Stigliz. En una visión más cercana a la economía política se puede destacar el artículo de Samuel Bowles titulado The Production Process in a Competitive Economy.
 
El enfoque de la economía de comportamiento, por su parte, ha venido señalando desde hace ya bastante tiempo que la productividad no se puede entender como una variable independiente frente al nivel de los salarios reales. Se sostiene, por el contrario, que la primera tiene una relación directa con la segunda.
 
Robert Solow en su importante libro El Mercado de Trabajo como Institución Social no solo llama la atención sobre la enorme diferencia que existe entre el mercado de los bienes y servicios y el mercado laboral. De acuerdo a este autor “el sentido común parece que da por sabido que el trabajo como bien económico tiene algo especial, y por tanto también lo tiene el mercado de trabajo”.  De acuerdo a Solow “el concepto de justicia y las creencias de lo que es justo y no es justo juegan un papel importante en el comportamiento del mercado de trabajo”.
 
George A. Akerloff y Janer Yellen en su artículo The Fair Wage – Effort Hypothesis and Unemployment desarrollan la relación aludida por Solow. Es así que para estos autores un nivel salarial que los trabajadores encuentren no equitativo tendrá como resultado una disminución de la productividad. Los autores consideran que esta hipótesis se adecua al sentido común, a la teoría psicológica y sociológica, así como con las observaciones prácticas.
 
Tiendo en cuenta todo lo anterior, resulta también útil señalar que existe en la teoría económica una corriente que señala que, a final de cuentas, los salarios se determinan por la fuerza relativa que tienen en la contratación el capital y el trabajo. Entre los autores más destacados de esta visión se encuentra Michal Kalecki. 
 
Desde un punto de vista más empírico la realidad muestra que en Panamá mientras que entre 1996 y el 2018 la productividad media del trabajo se elevó en 76.4% el salario medio real solo se incrementó en 61.6%. Lo que deja sin base real el planteamiento de los neoliberales criollos.
 

Los problemas nacionales necesitan un debate serio y no simples ejercicios de defensa de la cúpula empresarial.