Panamá rumbo a convertirse en paraíso de contaminación

Juan Jované
 
Mucho esfuerzo le ha costado a quienes se han tomado la tareas de combatir la idea de que Panamá es un paraíso fiscal. El argumento de los mismos en la actualidad se centra en intentar demostrar que en los países que nos mantienen en sus listas grises, realizan actividades típicas de los paraísos fiscales.
 
A nivel internacional, sin embargo, se ha venido acuñando la idea que desde el punto de vista ambiental algunos países merecen el calificativo de paraísos de contaminación. Este concepto, de acuerdo a Philippe Aguion, “se refiere a países que se especializan en actividades de producción contaminantes o que atraen empresas multinacionales especializadas en la producción e innovación contaminante”. A esto se podrían añadir los países que, utilizando medios de distracción, tratan de hacer pasar por una transición energética supuestas soluciones que a largo plazo no resuelven los problemas vinculados al sobrecalentamiento global.
 
Es claro, nuestro juicio, que el gobierno de turno, en una concepción carente de un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, está moviendo al país en una dirección que lleva a convertirlo en un verdadero paraíso de contaminación. En lo que sigue se desarrollan brevemente algunas pruebas de esta afirmación.
 
Hace poco tiempo atrás el Presidente de la República, en un acto dirigido a intentar convencer a la ciudadanía de las supuestas bondades de la minería metálica a cielo abierto, anunciaba que su gobierno había llegado a un acuerdo con la empresa que explota el cobre en nuestro país.
 
Esto se hizo olvidando, o no queriendo reconocer, que, como es sabido, la minería a cielo abierto implica importantes y significativos daños ambientales y humanos. Los costos de los mismos son prácticamente permanentes e incalculables, ya que son inconmensurables en términos monetarios. Tal es el caso de los impactos que afectan la salud humana, generan muertes, impactan negativamente la biodiversidad o implican la contaminación de las aguas y del aire. 
 
El Sr. Presidente, en el acto dirigido a justificar la posición gubernamental, destacó que el país recibiría a cambio una compensación de cerca de 400 millones. Incluso desde el punto de vista de la economía tradicional, sostenida sobre el dudoso concepto de productividad marginal,  que de manera sistemática deja por fuera los costos ambientales, lo cierto es que estos B/. 400.0 millones no parecen expresar el aporte de los recursos naturales a la producción que se exporta. Esta cifra representa apenas el 9.4% del valor de las exportaciones esperadas este año. Esto es más cierto en un ambiente en el que el precio del cobre se elevó antes de la guerra en Ucrania a una tasa anual aproximadamente de 18.4% en un año. El incremento de precios debe ahora ser mayor.
 
Por otra parte, el gobierno de turno también ha venido promoviendo una supuesta estrategia de energía limpia y barata basada en la utilización de gas licuado. En este caso también se oculta un elemento fundamental. El gas licuado es un combustible fósil, el cual sigue generando el 70.0% de los gases invernaderos que generaría el uso del petróleo al que sustituye.
 
Más aun, el mismo es altamente contaminante en los lugares de producción, debido a que este se extrae por medio de la llamada tecnología de la fracturación hidráulica que tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente,
 
Más aún, como lo señala Aguion, “el gas de esquito demorará la transición a las innovaciones ecológicas o, debido a la trayectoria dependiente, la bloqueará por completo”. La misma apuesta, no hacia la energía limpia renovable, sino hacia una tecnología que no deja de contaminar.
 
Estamos frente a un gobierno que nos lleva hacia un paraíso de contaminación.
 
 
 
 
 
 
 

«Desaparecen» más de 9 mil libros de la Biblioteca Eusebio A Morales del Instituto Nacional.

Sobre este absurdo e injustificable crimen, compartimos la entrevista a la Educadora-Investigadora Ileana Gólcher y el escrito del Especialista en Legua y Literatura Española José Ángel Garrido Pérez.

Entrevista a Iliana Gólcher, Educadora-Investigadora

INTRIGA Y PERFIDIA POR LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL

José Ángel Garrido Pérez 
Especialista en Lengua y Literatura Española 
 
Delirio y decadencia de la educación panameña 
Carlos Manuel Gasteazoro, insigne historiador panameño, comenta en la página 62 de su Introducción al estudio de la historia de Panamá (1954) que «…se conservaba gran cantidad de papeles del siglo XVIII en la Iglesia de Alanje (Chiriquí), pero según noticias recibidas, esta reliquia documental ha sido consumida por el fuego, para saciar la obsesión sanitaria de un alcalde irresponsable».  Desde entonces, en Panamá también hemos tenido nuestros «quemalibros», los cuales, impartiendo órdenes desde encumbrados doseles, han machacado sistemáticamente nuestra educación, cultura e historia, porque un pueblo embrutecido es un pueblo envilecido, que contento con los huesos que le echa el patrón, se le arrastra en abyección serpentina. 

Ese ha sido el afán de los desgobernantes y sus sátrapas educativos desde 1995, cuando el entonces presidente, Ernesto Pérez Balladares, y su ministro de Educación, Pablo Thalassinos, instauraron oficialmente la estratificación educativa para perpetuar el dominio de su clase, al tiempo que la orientaban a los requerimientos del mercado.  Nada de integralismo, ni formación crítica, ni conciencia ciudadana, ni construcción del pensamiento; ello significó la reducción de esas materias en el currículo de las escuelas públicas, la eliminación de las Relaciones de Panamá con Estados Unidos, la promoción de la educación privada en detrimento de la oficial, la escasa y a veces nula construcción de escuelas, el debilitamiento formativo de los docentes, la falta de seguimiento a su preparación… y la desaparición de los libros clásicos de nuestra literatura y de nuestra cultura en los programas oficiales: todo para fomentar pingües negocios editoriales (tajada incluida) encareciendo el gasto a los acudientes al tiempo que se borra de las conciencias de nuestras juventudes todo aquello que nos ha hecho grandes, fuertes, mejores; para reemplazarlo por el «robó, pero hizo» y otras pestilentes hierbas que deleitan a miles de acémilas. 

Los libros del Instituto Nacional 
Así, tenemos nuestros «quemalibros» que no necesitan prender fuego: la censura, el despojo, la relegación y el olvido son las teas con que encienden sus hogueras ignominiosas.  La última expresión de esta barbarie es el despojo de la Biblioteca Eusebio A. Morales, del Instituto Nacional.  Sórdidas intrigas y mentiras, pusilánime irresponsabilidad, usurpación de funciones e irrespeto a la institucionalidad han escatologizado esta aciaga trama hasta la náusea.   

En noviembre de 2019, la rectora del Instituto Nacional, Rosana Casanova, estaba inhabilitada para ejercer su cargo.  La razón: acusaciones de acoso y hostigamiento laboral, peculado y abuso de autoridad.  Las dos primeras, ya desestimadas; la tercera, aún por cerrarse.  En vista de aquello, ese año se establecieron varias comisiones para administrar el Instituto.  Una de ellas fue la de la biblioteca, la cual estaba formada por los siguientes profesores: Rubiela de Tapia, Ileana Harper, Teodolinda Cano, Raúl Martínez, Elmer Salgado, Arturo Adames, Erick Martínez y Daysi Velasco (quien fue sancionada por maltratar a los estudiantes). 

La profesora Rubiela de Tapia solicitó que se retiraran los libros, pues la profesora Ileana Harper dijo que los volúmenes estaban llenos de polillas.  La opinión fue refrendada por el resto de la comisión.  Como para esas fechas la rectora Casanova aún tenía las llaves del Instituto, fue llamada a abrir el plantel, pero no podía abrir la biblioteca, pues de allí no tenía llave. A la rectora no se le informó del designio acordado por la Comisión de la Biblioteca. 

Durante 20 años, hasta el 2014, la bibliotecaria había sido la señora Virginia Urriola, quien procuraba restaurar los libros deteriorados.  Debido a decisiones clientelistas del Gobierno de Ricardo Martinelli y su ministra, Lucy Molinar, y a pesar de que era permanente, la señora Urriola fue despedida y reemplazada por la señorita Milizen Carrera, que estudiaba bibliotecología y recibió la inducción de la señora Urriola.  Cuando el 4 de agosto de ese año la rectora Casanova asumió como tal, la señorita Carrera estaba encargada de la biblioteca.  Al ver los libros amontonados, la rectora instruyó a la bibliotecaria Carrera en el sentido de catalogarlos y organizarlos. 

Desafortunadamente, ninguno de los bibliotecarios había dejado informe sobre el estado de los volúmenes.  Sin embargo, en 2015, la señorita Carrera adujo que estos estaban afectando su salud, aunque no aportó documento de Salud Ocupacional ni ningún otro de carácter facultativo que refrendara esa afirmación.  En todo caso, como era evidente que las condiciones de la biblioteca no eran las mejores, sus documentos no se usaban o se usaban muy poco. 

Por entonces, durante el Gobierno de Juan Carlos Varela, asumió la cartera de Educación la ingeniera Marcela Paredes de Vásquez.  La rectora Casanova le solicitó, y obtuvo, una beca como técnica en bibliotecología para la señorita Visitación Gálvez, única secretaria que quería seguir estudiando y no tenía recursos, de forma que la joven se especializara en bibliotecas y pudiera reemplazar a la joven Milizen Carrera, quien estaba por cambiarse de carrera de Bibliotecología a Archivos Clínicos, pues aducía que los libros de la biblioteca afectaban su salud. En 2019, a la joven Visitación Gálvez le faltaba un año para graduarse, pero la biblioteca, a pesar de sus carencias, no estaba descuidada por falta de bibliotecaria.  Para 2020, la joven Gálvez se graduó, pero nuevamente el cambio de Gobierno, ahora presidido por Laurentino Cortizo con la nueva ministra del ramo educativo, Maruja Gorday de Villalobos, significó que fuera despedida, con todo y la discapacidad que tenía la joven, sin que valiera para nada su formación académica y el propósito específico con que el Estado la patrocinó.  

«Sin comunicar a la persona que debía estar a cargo del Instituto Nacional por la apertura de investigación a la señora rectora, en este caso, el profesor Richard Dinger,  ni a la comisión correspondiente, un camión de Bienes Patrimoniales del MEDUCA se llevó los libros el 2 de noviembre de 2019.  No hubo registro escrito de su salida ni se conoce aún su paradero.» 

La asesora principal de la ministra Gorday, Raquel Rodríguez, encargada de coordinar las cinco comisiones en que se organizó la administración del Instituto Nacional, fue quien recomendó que se dispusiera de los libros de la biblioteca.  Sin comunicar a la persona que debía estar a cargo del Instituto Nacional por la apertura de investigación a la señora rectora, en este caso, el profesor Richard Dinger,  ni a la comisión correspondiente, un camión de Bienes Patrimoniales del MEDUCA se llevó los libros el 2 de noviembre de 2019.  No hubo registro escrito de su salida ni se conoce aún su paradero.  Lo que sí se sabe es que el 15 de noviembre, la Fundación Instituto Nacional realizó una cena bailable en el Hotel Panamá a beneficio de la biblioteca.  En dicha cena hubo invitados del MEDUCA, entidad, que, por su parte, en la misma fecha, solicitó a la bibliotecaria el inventario de los volúmenes, que ya no estaban en el recinto. 

Conclusiones y recomendaciones 
1 Los libros fueron sustraídos de manera totalmente irregular, sin que se haya registrado su salida.  Los responsables no solo deben decir dónde están, sino presentar evidencias de su existencia y de su condición. 

2 Desde un principio, la atribución de las responsabilidades fue trastocada por acusaciones contra la rectora actual del Instituto Nacional, Rosana Casanova, que han demostrado ser calumniosas, a la luz de los resultados de los procesos.  Estimo que la afectada está en todo su derecho de exigir consecuencias penales y civiles. 

3 La administración educativa debe mantener su institucionalidad; sus responsables no deben pasar por encima de ella, sino actuar coordinadamente.  Las instancias de dicha institucionalidad son las legalmente establecidas, creadas para responsabilizarse.  Entidades o personas que se atribuyan responsabilidades que no les competen sencillamente las usurpan y, como demuestra la situación actual, las abandonan ante la perspectiva de tener que responder por sus acciones. 

4 Todas las personas mencionadas, relacionadas con la administración de la biblioteca y quienes impartieron las órdenes para disponer de los libros, deben ser indagadas por la autoridad competente, en función de deslindar sus respectivas responsabilidades y de aplicar la ley. 

5 Las existencias de la biblioteca deben ser compulsadas con sus catálogos, de forma que puedan determinarse con más exactitud los datos de los volúmenes que fueron extraídos y garantizar que exactamente lo mismo que fue sustraído, aparezca. 

6 Los recursos humanos, económicos, logísticos, tecnológicos y de cualquier otra índole destinados a la biblioteca y, por extensión, al mantenimiento de todo el patrimonio histórico del Instituto Nacional deben ser rigurosamente respetados y facilitados con celeridad y transparencia a su administración legalmente responsable.  El personal debe ser capacitado y profesionalizado primorosamente, con la garantía de su estricta estabilidad laboral y de óptimas condiciones de, y para el trabajo. 

El gobierno pretende tapar el Sol con un dedo en Colón


Juan Jované
 
Como ya se ha explicado la solución de los problemas de empleo en Colón es un elemento clave para hacer frente a la catastrófica situación social que se vive en esa provincia. Solo hace falta recordar que, pese a que en la Provincia de Colón se genera el más elevado nivel de PIB por persona, el que en el 2019 alcanzo a B/. 35,021.50 medido a precios corrientes, en esta cerca del 49.3% de la población laboral se encuentra en desempleo o informalidad. A esto se añade que el 52.7% de los ocupados en el sector agropecuario solo logran trabajar menos de 40 horas semanales.
 
Dado que la Provincia de Colón genera el 17.8% del PIB y contiene apenas el 7.0% de la población del país, no queda duda que la misma genera suficientes recursos como para apoyar a quienes tienen problemas de empleo. Lo cierto es que el actual gobierno no ha tenido ni la inteligencia ni la voluntad política de hacerlo.
 

«Pareciera que el gobierno sigue jugando a un peligroso intento de desgaste de la Coalición de la Unidad por Colón, con lo que solamente esta añadiendo presión al conflicto.»

Apoyado en la propaganda sostenida por los medios de comunicación adeptos al gobierno, entre los que se destaca La Estrella de Panamá, el mismo ha presentado a los colonense un plan que raya en lo ridículo. Este inmediatamente fue rechazado por la Coalición de la Unidad por Colón. Las razones son claras.
 
La flamante propuesta gubernamental para el empleo en Colón está reducida a la oferta de capacitación en el INADEH a cambio de apenas B/. 150.0 mensuales. Para comenzar se debe destacar que poner a una persona a recibir un curso no reduce en nada la tasa de desocupación en Colón, donde ya existe una fuerza de trabajo con la suficiente educación y habilidades para ocupar actividades que producen satisfacción y riqueza. Se trata simplemente de darle un nuevo ropaje a los bonos solidarios digitales.
 
Por otra parte, es obvio que la suma de dinero que se le pretende entregar a la población es irrisoria.  La misma representa menos de la mitad del costo de la Canasta Básica alimenticia que el MEF calculó para el mes de diciembre de 2021. Si se compara la oferta gubernamental con la canasta básica completa, se constata que esta solo representa el 23.1% del costo de esta.
 
A lo anterior se debe sumar el hecho de que ahora estamos en una situación inflacionaria que amenaza con acelerarse. Si se tiene en cuenta que de acuerdo con el Inec en abril la tendencia mostraba un incremento interanual de precios de 3.3% para el caso de los distritos de Panamá y San Miguelito y de 3.9% para los otros lugares urbanos. La oferta gubernamental resulta insuficiente y referida a dinero que viene perdiendo capacidad adquisitiva.
 
La tendencia del gobierno a manipular la opinión pública con el fin de intentar confundir y desprestigiar a la Coalición de la Unidad por Colón, también se expresa por la vía de los medios de comunicación adeptos al régimen gobernante. Es así, para dar un claro ejemplo de esto, que el 19 de mayo de 2022 La Estrella de Panamá publicaba una glosa totalmente falsa encubierta cobardemente en la distorsión de los nombres, en la que se afirmaba que: “Desde de David me informan que Voltier llegó a Chiriquí en vuelo especial desde Colón para garantizar transporte e invitar a los indígenas a la marcha de hoy. ¿El Cuco Nacional?”
 
Este mismo diario en su versión digital, de manera imprudente, publicó el 25 de mayo una foto en la que aseguraba que un prelado católico había sido confirmado como mediador. Pese a que en el texto se veía obligado a reconocer que la Coalición de la Unidad por Colón seguía insistiendo, sin negar los méritos del prelado de la foto, en otro religioso colonense que esta agrupación propone como mediador dada su capacidad y experiencia como mediador en importantes conflictos. En el fondo se les faltó el respeto a ambos prelados.
 
Pareciera que el gobierno sigue jugando a un peligroso intento de desgaste de la Coalición de la Unidad por Colón, con lo que solamente esta añadiendo presión al conflicto.


 
 
 
 
 
 
 
 

Otro intento de engaño para Colón


Juan Jované
 
Frente a las movilizaciones de la población colonense, que agobiada por las duras realidades que los aquejan, ha salido masivamente a las calles a defender su derecho a una vida digna, el Presidente de la República, siguiendo el bochornoso antecedente de sus predecesores, decidió montar un espectáculo mediático con el fin de intentar confundir a la opinión ciudadana.

MANIOBRAS Y TRIQUIÑUELAS

Para llevar adelante la distracción mediática se recurrió a convocar a una reunión al sector empresarial de la Provincia de Colón, el cual olvidó todo lo propuesto en el Plan de Corto Plazo de Emergencia Laboral de Colón que ellos mismos habían firmado el 21 de abril. También se convocó a una representación espuria de los movimientos sociales de Colón, a la que se le agregó una supuesta representación académica, que jamás participó en los debates sobre el desempleo y la forma de abordarlo. Obviamente también aparecieron los altos funcionarios gubernamentales, que no dudaron en traicionar el proyecto de empleo para Colón que también habían firmado.
 
LA MINERÍA NO ES BUENA NOTICIA: DESTRUYE Y CONTAMINA

El resultado de la reunión fue patético. En primer lugar, se habló de 1,500 plazas de trabajo en la minería, las cuales se darían después de una supuesta capacitación. Esto, antes que nada, es una descarada propaganda del nefasto acuerdo minero que el gobierno de turno intenta firmar, en el cual tanto los intereses económicos nacionales, como los del medio ambiente, están totalmente ausentes.
 
PROMESA DE TRABAJO EVENTUAL QUE CONTAMINANTE

Esta propuesta no significa un incremento inmediato de puestos de trabajo, ya que se trata de eventuales plazas de trabajo que supuestamente se darán en el futuro. Más aún, estas solo serían viables si se eleva la contaminante producción de cobre generando un mayor impacto sobre el medio ambiente.
 
LA AMBIGÜEDAD EN LAS PROMESA NOS INSULTA

También se prometieron 300 puestos de trabajo en la Zona Libre de Colón sin especificar dónde ni cuándo. Si se trata del sector gubernamental, esto es de la administración de esta zona franca, estaríamos frente a un incremento indiscriminado y carente de sentido de la burocracia que la administra.
 
LOS COLONENSES MERECEMOS RESPETO

Si el Presidente se refirió a las empresas, entonces debió explicar cómo frente a los problemas internacionales de incremento en los precios del transporte, los problemas de las cadenas logística vinculadas con China y las tendencia contractivas en América Latina, puede asegurarse una expansión en la actividad y ocupación en la Zona Libre de Colón.  
 
NO QUEREMOS MÁS ENGAÑOS

En relación al supuesto empleo a generarse con la eventual puesta en marcha de la construcción del nuevo Hospital Amador Guerrero, no solo es algo que la experiencia señala como un hecho incierto, tampoco se especificó como se distribuirán en el tiempo los puestos de trabajo prometido, ni se aseguró que los mismos serían ocupados por colonenses.
 
ESTÁN JUGANDO CON LA PACIENCIA DE LOS COLONENSES

El desinterés del ejecutivo de aliviar el problema del desempleo en Colón queda más en claro si se tiene en cuenta que él mismo desechó un plan científicamente construido, en el cual se proponía la creación de 3,000 plazas de trabajo con salarios mensuales de no menos de B/. 600.00, asegurando las prestaciones laborales de los trabajadores. Se trató de un proyecto que, como se señaló, fue construido y firmado por el sector empresarial, CUCO, el sector académico y el propio representante del Presidente en los trabajos realizados.
 
COLÓN EXIJE JUSTICIA Y EQUIDA

De todo lo anterior se debe añadir que han quedado sin resolver todos lo otros problemas que tienen que ver con el deterioro de los servicios sociales, el elevado costo de la vida y los crecientes precios de los combustibles.
 
Pese a que la mediación propuesta por Monseñor Emiliani, que fue aceptada por el CUC0, pudo haber significado una buena salida para enfrentar la situación, el gobierno de turno  se decidió por la demagogia y la politiquería.
 
 
 

«La justa lucha del pueblo colonense amerita el respaldo de todo aquel que entienda la importancia del desarrollo equitativo y sostenible»

Foto del 25 de octubre de 2012. Una de las tantas luchas que ha librado la población de Colón.

COLÓN URGENTE

Juan Jované

Los recientes acontecimientos en la Provincia de Colón ameritan un análisis profundo sobre sus causas tanto estructurales como coyunturales, el cual permitirá una mejor comprensión sobre el origen de la problemática y la forma correcta de abordarla.

Para entender las causas profundas es necesario señalar que la Provincia de Colón genera el PIB por persona más elevado del país, superando en 120.7% al promedio nacional y en 37.0% al de la Provincia de Panamá. Esto muestra el alto nivel de generación y captación de riqueza que se genera en la Provincia de Colón.

Sin embargo, la estructura económica de Colón, que se puede caracterizar como una colección de enclaves económicos desarticulados es incapaz de generar una adecuada distribución de los beneficios económicos asociados a ella. La misma, consecuentemente,  no puede dar respuesta a las necesidades básicas de la población.

Esto se puede apreciar en los problemas de empleo que se observan en la Provincia de Colón. En la misma la tasa de desocupación es 12.6% de la PEA. En el caso de la población entre 20 a 24 años este indicador se eleva hasta el 26.5%, colocándose en 40.5% para las mujeres de ese rango de edad que buscan trabajo.

Se debe agregar que el 45.3% de los ocupados en actividades no agrícolas se encuentran en condiciones de informalidad, mientras que el 52.7% de la población ocupada en el sector agropecuario no logra trabajar 40 horas o más a la semana, lo que es una muestra de subocupación.

A lo anterior se debe agregar un permanente deterioro de los servicios de salud, educación e infraestructura económica, producto del abandono que lo distintos gobiernos han mostrado hacia la provincia. No menos importante ha sido la falta de vías democráticas que permitan que la sociedad de Colón, sobre todo los sectores populares, tengan una participación activa en las decisiones que afectan su futuro.

Es en este marco que se han venido dando las luchas de los diversos sectores sociales de la Provincia de Colón. En base a estas, gracias a la hábil dirección de la Coalición de la Unidad por Colón (CUCO), se logran un conjunto de acuerdos con el ejecutivo, los cuales deberían haber servido para iniciar la redención de la Provincia.

Por un lado, se acordaron medidas inmediatas, vinculadas, entre otras cosas a proyectos que deberían ponerse en marcha en fechas claramente determinadas. El seguimiento de estos elementos se debería dar por medio del funcionamiento de mesas temáticas que atenderían áreas específicas. El gobierno de turno no solo bloqueó el funcionamiento de estas mesas temáticas, sino que también incumplió con las fechas acordadas para las diferentes acciones acordadas.

También se acordó la formación de una comisión para la elaboración de un plan estratégico de desarrollo para la Provincia de Colón, el cual apuntaría a superar el esquema de un crecimiento basado en la suma de nuevos enclaves, como lo es el simple desarrollo de un puerto libre,  que no asegura un desarrollo integral para la población.  

Esta comisión, además de acordar una visión de desarrollo para la Provincia, formalizó un Plan de Emergencia de Empleo de Corto Plazo para Colón, el cual se entregó al ejecutivo el 21 de abril. Previamente esta comisión, en la que participa el sector privado, CUCO, un representante del gobierno y uno de la academia, le envío el 24 de marzo una nota formal al Presidente de la República, solicitándole su presencia en la Provincia para atender los diversos problemas que se venían agravando. El ejecutivo, lastimosamente, hizo caso omiso a toda esta iniciativa provocando la actual situación.

La justa lucha del pueblo colonense amerita el respaldo de todo aquel que entienda la importancia del desarrollo equitativo y sostenible.

Edgardo Voitier, dirigente colonense conversando en el programa POLÍTICA PARA TODOS en Periódico Constituyente.