Banalizar todo para que nada cambie

Juan Jované

El comunicado del grupo Repensar Panamá del 28 de agosto, que aborda el tema de la planificación estratégica, sigue las pautas de sus propuestas previas, en las que, bajo la cubierta de posiciones progresistas, aparece una visión banal, incapaz de servir de base para una real transformación del país.

Lo primero que llama la atención del documento es que el mismo se refiere “al modelo de crecimiento y desarrollo”, expresión que contiene una contradicción. La diferencia entre crecimiento y desarrollo es bien conocida. Como bien lo señala Herman Daly, el economista ícono del enfoque de la Economía Ecológica, crecimiento es producir cada vez más, sin tener preocupación por el progresivo impacto sobre la naturaleza y la distribución del ingreso, mientras que desarrollo es el incremento de la calidad de vida de la población, asegurando la sostenibilidad ambiental y una distribución equitativa del ingreso. Sin embargo, este es apenas una peccata minuta del documento.

Más adelante Repensar Panamá se plantea que la problemática del país se debe simplemente a la “falta de racionalidad y coherencia para alcanzar el desarrollo sostenible”. En esta frase se oculta un hecho importante. No es cierto que la política económica del país no tenga una racionalidad y una coherencia, éstas sí han estado presentes, pero se trata de la visión perversa que sobre estas tiene el proyecto neoliberal que se ha venido aplicando sistemáticamente en el país. ¿Se trata de desconocimiento o de un intento de no molestar a algunos de los miembros del grupo? No se puede hacer planificación estratégica desfigurando el diagnóstico del modelo imperante.

En lo que sigue del comunicado bajo análisis intenta producir una especie imagen objetivo progresista, la cual, sin embargo, carece en varios de sus lugares de una precisión de la realidad. Por ejemplo, se habla de una “gestión tributaria equitativa”, la que “minimice la evasión”, obviando señalar quien es le sujeto principal de esta. Se puede demostrar estadísticamente que la evasión generada por el sector corporativo alcanza anualmente al 7.9% del PIB.

Tampoco, por razones obvias, se menciona la evasión patronal de las cuotas de la seguridad social, que mantiene a cerca de 93,000 trabajadoras y trabajadores en condiciones de informalidad, pese a que trabajan en empresas del sector formal. A todo esto, se debe agregar que cuando se habla de un sistema tributario que “estimule la inversión”, se esta haciendo referencia al enfoque de la llamada “Economía del Lado de la Oferta”, que tiene como base la desacreditada Curva de Laffer, la cual propone una reducción de los impuestos para estimular el ahorro y la inversión. Esta es la doctrina favorita de Donald Trump. 

 En un reciente libro titulado “Whats Wrong With Economics?” Rober Skildelsky, el biógrafo más reconocido de John Maynard Keynes, advierte que entre los errores fundamentales de los economistas neoclásicos está la ausencia del tema del poder en sus análisis. Con esto se oculta la realidad de quienes son los grupos sociales que diseñan la política económica y las instituciones para favorecer sus intereses. Es evidente que el comunicado de Repensar Panamá cae en ese “error”, ya que nunca menciona cuales son los grupos de poder que construyeron y mantienen el actual modelo socioeconómico del país.

Es una posición que anula el proceso de construir una estrategia alternativa viable. Como lo ha señalado Carlos Matus la posibilidad de implementar una estrategia pasa por “identificar los grupos sociales que respaldarían la imagen futura de la sociedad”. Seguramente entre estos no están los sectores económicamente dominantes del país que se benefician del modelo neoliberal-transitista.

La tarea principal es la concienciación y organización de la población. Cualquier diálogo sin cumplirla solo llevará a la frustración.

Unidos o hundidos, una opinión.

Leopoldo E. Santamaría.

Viernes 4 de septiembre de 2020 – 12:00 a.m.

En estas circunstancias, lo urgente e inaplazable es la unidad; sin descalificar ni impedir la participación de nadie.

Dada la profundización de la crisis institucional, expresada en el aumento desproporcionado de corrupción, impunidad, incompetencia, falta de liderazgo y de voluntad para correctivos de fondo, han surgido grupos preocupados ante el riesgo creciente de un estallido social, proponiendo alternativas de solución, todas pacíficas, a fin de evitar, en lo posible, peores consecuencias que las ya existentes. Al margen de la cantidad, lo conveniente sería un frente común; dado que la administración actual carece de legitimidad, sigue sin rumbo definido y no ha indicios de mejora o cuando menos, la intención de ponerle un alto al desbarajuste. Inmersos en la peor crisis sanitaria, en muchos años, que continúa azotando, sobretodo, a los sectores vulnerables, solo destacan la demagogia, la improvisación y la represión contra los de abajo. No obstante, reflejo de inconsciencia, muchos ‘servidores’ continúan en el saqueo, mientras el resto de la población, lucha por sobrevivir en medio de una economía colapsada, apuntalada con mayor endeudamiento. Y por si no bastara, la partidocracia clientelista, despilfarrando recursos en más burocracia.

El escenario es un desafío, que exige el concurso de la mayoría ciudadana, para la refundación del Estado; porque lo que hay, además de no funcionar, nos arrastra hacia el abismo.

Necesitamos reemplazar las estructuras en que se sustenta el modelo de sociedad vigente, por su carácter excluyente y concentrante del poder económico; constituido por una minoría que usufructúa los recursos y el producto del esfuerzo del resto de la población; controlando el poder político, la institucionalidad y la farsa electoral, que cada cinco años, les permite, reemplazar al verdugo que preside la comedia. En estas circunstancias, lo urgente e inaplazable es la unidad; sin descalificar ni impedir la participación de nadie. Para quienes propugnamos la vía pacíficia, de la Constituyente, todos los panameños, mayores de edad, deben participar, afiliados o no, a un partido político; lo inaceptable sería que uno o una coalición de ellos, asuma el control del proceso constituyente, porque retrasaría la salida del abismo al cual nos han conducido.

Es necesario nutrir el debate en torno a la Constituyente, confrontando las ideas con argumentos y tolerancia. Descalificar o rechazar las propuestas de otros es inconducente, impide elaborar consensos; la verdad y la razón, no son patrimonio de condición o atributo alguno; y además, la aprobación de un nuevo pacto social, reside en la voluntad de la mayoría; que es precisamente lo que le confiere legitimidad al ejercicio del poder público; de aquí que lo racional y procedente sean el respeto por todas las ideas y el propósito de construir lo más favorable al bien común. El objetivo debe ser el concretar la consulta ciudadana para que se exprese la voluntad mayoritaria.

El principal obstáculo lo representa la oligarquía, que concentra ambos poderes y de cuya estabilidad depende el que sus beneficiarios, cómplices e instrumentos, mantengan sus altos niveles de bienestar y consumo a expensas de la explotación de la clase trabajadora; que por ser mayoría, se ven precisados a controlar a través de sus medios de manipulación social, atiborrándola con toda clase de basura. Y como la educación la desmantelaron, ahora solo la usan para formar mano de obra barata, trabajadores dóciles, que sigan instrucciones sin cuestionar y mucho menos, sin organizarse. El padre de la nacionalidad panameña, Dr. Justo Arosemena, dijo claramente: ‘hay en todos estos países muchos falsos republicanos que mientras hablan de libertad, república, democracia y voluntad popular, jamás quieren que se manifieste esa voluntad, ni impere esa democracia, ni se realice esa república’. Estos son lo que se oponen, con toda su energía y todos sus recursos, a la Constituyente, porque saben que las condiciones de miseria, pobreza, desempleo y hambre, entre otras de las lacras sociales, son consecuencia directa del saqueo sistemático, que ellos hacen, de los recursos públicos, y que por tanto, no alcanzan para proteger la vida y mucho menos la salud del resto de la población. De aquí que la plutocracia recurra a los subsidios, al clientelismo y recompense a sus sirvientes; sin embargo, lo que les aterra es la justicia; saben que el día que el pueblo asuma el poder, tendrán que rendir cuentas. Así las cosas, aceptar que esta fauna, parásita, depredadora y canibalista, siga saqueando el erario o le ponga más parches a la Constitución militarista, para seguir con el festín, sería tanto como aprobar un suicidio colectivo… Tácito advirtió: ‘Mientras luchan por separado, son vencidos juntos’. Podremos hacerlo? Usted qué opina?

ALTERNATIVA

Convocatoria

Es necesario nutrir el debate en torno a la Constituyente, confrontando las ideas con argumentos y tolerancia

¿A quiénes se le violentan más sus derechos en relación al derecho a la comunicación en Panamá?

Sobre los cuestionamientos en torno al ejercicio del Periodismo desatado por las publicaciones que alertaron sobre la realización de fiestas clandestinas durante la cuarentena con la participación de altos funcionarios públicos, es justo poner en primer lugar de este debate, la situación de permanente violación de derechos que viven las periodistas y los periodistas que trabajan en las empresas difusoras de información masiva en Panamá.

Si bien es cierto que hace unas décadas vienen perdiendo la batalla los contenidos culturales, educativos, la información documentada y el diálogo social, ético y participativo en todos los canales de la comunicación social, bajo la imposición caprichosa de los contenidos que aluden a las emociones primitivas y superficiales de todo ser humano, esto no es excusa para la violación de los derechos laborales y desprofesionalización de los y las periodistas que trabajan en la industria que produce y difunde informacionalismos masivos en Panamá, contenidos tropezados que han moldeado las percepciones para el surgimiento de estos personajillos influenciadores de masas humanas, a quienes el Estado les paga jugosos salarios provenientes de los impuestos de un pueblo fríamente amansado con esos contenidos sensacionalistas de baja complejidad.

Por lo tanto, no se puede pasar por alto que estas industrias anticulturales que calcificaron las mentes a la crítica social, son las parteras de las y los influenciadores emplanillados hoy en el Gobierno y las mismas que no permiten organizarse a los trabajadores y trabajadoras de sus emporios de informacionalismos estériles.

“…es justo poner en primer lugar de este debate, la situación de permanente violación de derechos que viven las periodistas y los periodistas que trabajan en las empresas difusoras de información masiva en Panamá.”

Ante los hechos del momento, no es posible dudar que la búsqueda y difusión de información de interés público, en especial sobre el obligatorio respeto de las leyes por los funcionarios públicos, es un derecho humano de todas las personas y que de la misma manera que no existe censura previa, existe responsabilidad posterior cuando se cae en el arrebato de difundir información falsa o que se viole la dignidad humana.

En este momento de crisis social profunda, cuando la información de calidad es una necesidad vital y un derecho fundamental, la sociedad panameña no puede dejar de debatir lo realmente importante que está por encima del debatillo actual disputado por la difusión de información en la que se ven afectados algunos malos funcionarios del Estado por el ejercicio del derecho humano a la comunicación y esto es la necesidad de darle un contrapeso a los y las periodistas trabajadoras y trabajadores frente a la industria de la comunicación social en Panamá, quienes no tienen ningún derecho laboral efectivo más allá que presentarse a trabajar todos los días y cobrar su salario, sin derecho a organizarse para defender sus derechos, lo cual es también un derecho humano fundamental que repercute en la calidad de los contenidos informativos que digerimos todos los días consciente o inconscientemente y que determinan la forma de pensar de la sociedad panameña.

Frente al momento radical que vive la sociedad, es tiempo de imponer la solidadridad y comprometerse con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación social en Panamá y dirigir el debate de la comunicación hacia el respeto de sus derechos humanos y laborales.

Claudia Figueroa Pino

Instituciones, modelo de crecimiento y desigualdad

Juan Jované

26 de agosto de 2020

En su comunicado del 29 de julio del 2020 el grupo denominado Repensar Panamá señala que, a su juicio, tanto la crisis actual como la creciente desigualdad “es el resultado de décadas de deterioro de la institucionalidad”. Visto de manera superficial parece una afirmación efectiva y hasta progresista. Sin embargo, en la medida en que no profundiza en el significado del “deterioro de la institucionalidad” ni el origen de ese fenómeno, la frase se convierte en una expresión general, que oculta la profundidad de los problemas.

Joseph E. Stiglitz, ganador del Premio Nobel en Ciencias Económicas en el 2001, en su trabajo “Markets, States and Institutions” (2017), reafirmando una idea básica de la Economía Institucionalista Clásica, destaca que “hemos llegado a apreciar los mercados como instituciones que deben ser estructuradas”.  Esto significa que para entender el problema de la desigualdad tendríamos que observar como funcionan algunos mercados claves y sus consecuencias. Uno muy importante es el mercado laboral.

Cualquier análisis serio sobre el funcionamiento del mercado laboral muestra que el mismo genera un resultado que se aleja crecientemente de la equidad. Es así como entre el 2007 y el 2017 la participación de las remuneraciones de los trabajadores en el PIB se redujo de 32.0% a tan solo 25.6%, mientras que los beneficios brutos de las empresas se elevaron de 43.6% a 56.0%. Detrás de esto está la presencia de un modelo institucional de mercado laboral en el que la productividad crece de manera más acelerada que los salarios reales. Entre el año 2000 y el año 2016 la productividad media del trabajo se elevó en 67.6%, mientras que el salario medio real solo lo hizo en 19.7%. Obviamente todo esto está ausente del comunicado de Repensar Panamá

Las instituciones, tal como las entienden los institucionalistas clásicos, tienen tres aspectos importantes. En primer lugar, son una regla de juego; en segundo lugar, contienen una estructura de incentivos (positivos o negativos) que deben condicionar la acción de las personas a cumplir con la regla; en tercer lugar, un mecanismo de forzoso cumplimiento que asegure compulsivamente el cumplimiento de la regla y aplique la estructura de incentivos.

Para hablar de deterioro institucional e inequidad creciente se deberían, entonces, analizar estos aspectos. Para comenzar habría que establecer que fuerzas sociales son determinantes en el establecimiento de las normas institucionales.  Es evidente que en la generación de reglas institucionales y de la estructura de incentivos que las acompañan en Panamá, los diversos sectores sociales no tienen el mismo nivel de incidencia. Es claro que, de manera creciente, las instituciones que sirven de base a la desigualdad han sido estructuradas, tanto en el órgano legislativo como en el ejecutivo, con un claro sesgo que favorece a los sectores económicamente dominantes del país. Esto está conectado con la forma institucional del sistema electoral que permite, sobre todo por la vía de las donaciones, que estos sectores capturen, directa o indirectamente, prácticamente todo el aparato estatal.

Por lo que se refiere al mecanismo de forzoso cumplimiento, se puede decir que lo que prima en nuestro país es la impunidad, la que entre otras cosas ha permitido diversas formas de corrupción, por medio de las cuales   políticos y miembros del sector empresarial realicen una efectiva rapiña de los fondos públicos. Nuevamente encontramos que el sistema judicial está estructurado de manera tal que la partidocracia, cuyo poder electoral es sostenido por los dineros de los donantes privados, sea la que controle los nombramientos y forma de funcionamiento de este.

A final de cuenta, la forma vaga y general en que Repensar Panamá introduce el tema de la institucionalidad encubre el real contenido de la problemática, ocultando el papel de los sectores económicamente dominantes.

El fracaso de la gestión política neoliberal de la pandemia

Durante las últimas semanas hemos observado al funcionariado de salud manifestándose en las calles y aceras reclamando su derecho a ser protegido del contagio y poder cumplir su función en las mejores condiciones de seguridad personal y colectiva. Las consecuencias de aferrarse a las políticas neoliberales en salud han sido terribles. Las denuncias de la Dra. Fabiola Cárdenas, del Hospital San Miguel Arcángel, respecto a la situación en las instalaciones de salud, son el producto de políticas que no tienen como prioridad la vida humana: no hay batas quirúrgicas, guantes, gorritos ni calzados.

LA SALUD PÚBLICA EN HARAPOS

Y no se trata tan solo de ese hospital, en igual situación se encuentra el Hospital Santo Tomás y prácticamente todas las instalaciones sanitarias y hospitalarias públicas del país. Y los insumos que llegan en muchas ocasiones son de mala calidad. La falta de personal tiene agotados a los trabajadores de la salud en todos los niveles, y la falta de insumos ha posibilitados sus contagios y muertes más allá de lo razonable. A todo ello hay que sumar la falta de pago de homologaciones, bonificaciones, los retroactivos, las maestrías clínicas y los turnos extras. 

El abandono es de tal gravedad que los funcionarios de las instalaciones hospitalarias han tenido que realizar manifestaciones, en su hora de almuerzo y tiempo de descanso, para exigir el material necesario y evitar su contagio. Incluso los técnicos en la lucha contra los vectores han tenido que ponerse en huelga para que sus solicitudes sean escuchadas. No hay forma alguna de justificar este atentado contra los trabajadores de la salud y el derecho humano a la salud de todos los ciudadanos.

UN ZARPAZO INMOBILIARIO Y MIGAJAS PARA LA SALUD

El gobierno nacional retiró del Fondo de Ahorro de Panamá 85 millones de balboas, de los cuales 80 millones servirán para reforzar el Fondo Solidario de Vivienda, posibilitando el subsidio de diez mil balboas a los promotores de viviendas cuyo valor no supere los 70.000 balboas, siempre que la misma haya alcanzado un 60% de avance en su construcción. Se supone que dicho subsidio es para beneficiar a las familias de escasos recursos.

En verdad, los promotores son los únicos beneficiados pues son ellos quienes reciben directamente dicho “subsidio”, sin que la vivienda esté terminada y en momentos en que no está autorizada la construcción privada y muy pocas personas están en condiciones o interés de comprar viviendas debido a los efectos de la pandemia en sus economías. Por su parte, los bancos no están en disposición de mantener u otorgar hipotecas para viviendas nuevas a ciudadanos que tienen suspendidos sus contratos o simplemente han perdido sus empleos. A todas luces se está favoreciendo a los constructores privados en medio de la pandemia.

Los cinco millones restantes serán utilizados para la compra de equipos, insumos médicos y medicinas. En otras palabras, de 85 millones solo un 5.1% se dedica a la lucha contra la pandemia y un 94.9% a beneficiar a los constructores de viviendas.

DECISIONES INTERESADAS

El “hospital modular” de cien camas es otro ejemplo clarificador y censurable de los intereses a los que sirve la política de salud del actual gobierno. La empresa que construyó el nuevo Centro de Convenciones de Amador, aún sin entregar, le ofreció al Gobierno Nacional poner a su disposición la utilización de dicho Centro, posibilitando la instalación de aproximadamente mas o menos unas mil camas. El ministro Sabonge rechazó el ofrecimiento con la excusa baladí de que los acuerdos con la empresa del “hospital modular” estaban muy avanzados y que por lo tanto el ofrecimiento llegaba tarde. Hoy dicho rechazo está siendo investigado.

Varios meses después de rechazado el ofrecimiento, el Ministerio de Salud se ve obligado a recurrir al Centro de Convenciones Figali y al Centro de Convenciones de Amador buscando escapar del colapso de las instalaciones hospitalarias ante el aumento incontrolado de los infectados por el Covit-19. Dicho de otra manera, lo que en su momento fue un ofrecimiento rechazado para justificar la contratación del “hospital modular”, hoy tardíamente resulta imprescindible.

LO PRIVADO PRIMA SOBRE LO PÚBLICO

Esos dos ejemplos bastan para dejar claro que la pandemia ha tenido un manejo político completamente errado, y sin conceptos claros de cómo detener la pandemia, pues se está priorizando el interés privado sobre el público, con las consecuencias terribles que dicha política neoliberal está teniendo.

La apertura del segundo bloque y el aumento vertiginoso de los contagios que provocó, son otro ejemplo de que el interés privado está por encima de la salud pública debido al manejo político neoliberal de la pandemia. No podemos olvidar el cierre tardío de Minera Panamá, con las consecuencias de muertes y contagios que produjo; la contratación tardía y a cuenta gotas de personal sanitario, que hoy obliga a la búsqueda igualmente tardía de médicos especialistas en el extranjero, así como del personal auxiliar necesario para la trazabilidad de los contagiados.

LOS BONOS DEL HAMBRE

Existe un claro consenso en que el otorgamiento de 100.00 balboas mensuales, a los que tienen la suerte de recibirlos, es una invitación a salir a la calle a “buscarse la vida”, generando así la expansión del contagio. Ante esa realidad el gobierno mira para otro lado sin percatarse que está comprando todos los boletos de una rifa que tiene como premio un estallido social de consecuencias impredecibles.

Si a todo lo anterior le sumamos la provocación que significa el ataque vandálico contra el Código Laboral que lleva a cabo el Ejecutivo con el respaldo de la dirección de los gremios de la empresa privada, y la pérdida de credibilidad por los graves señalamientos de corrupción gubernamental en medio de la pandemia, podemos afirmar que la mesa del enfrentamiento social está servida. 

Poder Ciudadano

Panamá, 15 de agosto de 2020