Mensaje a los ngäbe de Kiad, por radio María, 180721

Köbö kwin degä, jamärägätdre ngäbere, merire, brare, kiatdre; Mama-tatda ogwäbitdi.

Kä nibi ulire ti brugwätde ne ñan ñobotdä aune mundre kitdaningä mun käetde, mun jue diganinde, nebotdä mun namanindre ulire. Mun migani bäri ngwarbe jodron nire mada bitdita. Ti nibi jagaire ne ñan ñobotdä aune nun ñan neme mun mugäre, nun ñan muen ngiemige, kä jurä namani nunbotdä. Ni mada ñakare mun ngiemige. Policía gobrangwe mun kägwe mun ngötdiganingä, tärä ogwä tigani gobrangwe kägwe küdrebare munbotdä; nitdre Ngöbö kugwe driegä kägwe nigrabare jerekäbe mendogware.

Ngöbögwe nun ngiemigai, niaragwe ja di biain muen digaragatda ja käne. Ni tärä sribigä munben angwane mungräge. Ti abrä nibira roare, nebotdä ti ñan raba jodron noaine krübätde, agwa nun tä mun diemige. Ñan kä juruä ngwean jabotdä, ñan ja raba ruin netde muen, bron ja di mige gwaire. ¡Ni jutda ngäbe nünadi käre! Ngöbö reba munben köböitdire köböitdire.

Mun märägä, Chigon Tädobu

[Panamá, 180721.

Buen día, hermanos ngäbe, mujeres, hombres, niños. Delante de Mama-Tatda. Mi corazón está triste porque ustedes fueron echados de su lugar, sus casas fueron destruidas y los dejaron como huérfanos, los trataron peor que a los animales. Siento vergüenza porque no los hemos acompañado, no los hemos defendido, hemos tenido miedo. Nadie los defendió: la policía los atacó, las leyes les hicieron daño, las iglesias miraron para otro lado. 

Dios es nuestro defensor, él les dará fuerza para seguir caminando. Habrá gente que va a trabajar con ustedes y por ustedes. Yo ya estoy viejo y no puedo hacer mucho, pero vamos a seguir apoyando. No tengan miedo, no se sientan vencidos, vamos a seguir luchando. ¡El pueblo ngäbe vivirá siempre! Dios queda con ustedes siempre.

Su hermano, Chigon Tädobu]

La verdad oculta sobre la deuda pública

Juan Jované

Observar las estadísticas de la deuda pública de Panamá evoca la figura de una creciente bola de nieve, la cual amenaza con convertirse en una catastrófica avalancha. En efecto, entre el año 2000 y el 2019, en apenas veinte años, la deuda pública de nuestro país se elevó de B/6,944 millones a 28,013 millones, lo que significa que la misma se cuadruplicó en dicho período.

La relación deuda pública PIB, luego de elevarse hasta 61.5% en el 2005, pasó a decrecer hasta alcanzar un valor de 35% en el 2013. Sin embargo, entre este último año y el 2019 se observó un crecimiento significativo de este indicador, que lo colocó en el monto de 41.9%.

La Pandemia del COVID – 19 significó un enorme salto en el endeudamiento público de nuestro país. Fue así que durante el 2020 la deuda pública se elevó en más de B/.5.5 miles de millones. La enorme caída del PIB (-17.9%), llevó a que la relación deuda pública – PIB se colocara en 63.5%, nivel sin precedente en los últimos 21 años.

Dada la importancia de estos hechos, resulta necesario que la ciudadanía comprenda tanto el significado como el origen de la problemática. Esto lleva establecer las causas del creciente endeudamiento.

Es de interés señalar que de la mecánica de la deuda publica panameña, implica una dura realidad: en una importante medida nos hemos estado endeudando para pagar los   intereses de la deuda. Se trata de una difícil situación que conlleva una herencia que, junto al desempleo, la informalidad y la degradación ambiental, resulta sumamente negativa para las futuras generaciones de panameños y panameñas.

Para demostrar lo anterior se debe recurrir al concepto de Balance Primario. Este, que puede ser positivo (superávit) o negativo (déficit), se define como la diferencia entre los ingresos totales del sector público no financiero (SNF) y el total de sus gastos excluyendo los intereses sobre la deuda. Si este resulta cero, todavía la deuda debería crecer para pagar los intereses, si es negativo la deuda se acrecentaría para cubrir los otros gastos del gobierno no cubiertos por sus ingresos y la totalidad de los intereses.

En promedio entre el 2013 y el 2019 el Balance Primario fue negativo, alcanzando un promedio negativo de 0.7% del PIB. Si se tiene en cuenta que el Balance Total de SPNF, que si incluye los intereses, mostró en ese período un promedio de 2.03% del PIB, se puede concluir que en promedio en ese período anualmente se tuvieron que financiar intereses de la deuda por medio de un endeudamiento equivalente al 1.46% del PIB.

Cabe preguntarse si ese endeudamiento fue necesario. La respuesta es negativa. En primer lugar, el mismo no se puede referir, como algunos pretenden a los gastos sociales, ya que Panamá, que es calificado como un país de altos ingresos, los mismos representan una porción del PIB inferior al promedio del América Latina.

Pese a que los sectores económicamente dominantes y sus voceros nunca toman en cuenta este problema, es importante señalar que Panamá muestra la segunda carga impositiva más baja de América Latina. Esto en la práctica significa que en nuestro país solo las clases medias y los sectores trabajadores pagan impuestos.

A esto se le suman tres acciones vinculadas con los sectores económicos y políticos dominantes que afectan los ingresos y posibilidades del Estado por un monto equivalente al 15.0% del PIB: la evasión fiscal del sector corporativo (8.3%); la corrupción (4.0%); el mal uso de la renta que la ACP entrega al Gobierno Central (2.7%).

En pocas palabras la crisis de la deuda se origina en el modelo socioeconómico impuesto por los sectores dominantes del país. Cambiarlo es una urgencia nacional.

Las complejidades de la Constituyente que se avecinan

Reflexiones sobre la Constituyente

Por: José Eugenio Stoute

12/julio/2021

La Estrella de Panamá

Lo que expresan las Constituciones

Las constituciones son acuerdos políticos que se formalizan jurídicamente entre los “factores reales de poder” (Ferdinand Lassalle) que tienen presencia y operan en la sociedad y en la coyuntura de que se trate. De ahí que una Constitución tendrá vigencia y estabilidad mientras se mantenga la correlación de fuerzas entre los factores reales de poder que le dieron origen, estableciendo un determinado pacto social. 

Cuando la correlación de fuerzas cambia, ya sea por un desarrollo de la sociedad que genera la aparición de nuevos actores, o por actos traumáticos tales como la independencia de un pueblo, un golpe de Estado, una invasión o una revolución, la Constitución existente pierde vigencia por no responder a la correlación de fuerzas de los nuevos “factores de poder” que emergen en la sociedad.

Sobre la necesidad de una nueva Constitución 

El 82.6% de los panameños considera que la Constitución vigente debe ser modificada de una forma u otra, y de ellos un 44.1% considera que debe hacerse mediante una Asamblea Constituyente que nos dote de una Constitución “completamente nueva” (Encuesta GAD3 del 5 al 10 de mayo 2021), habiendo regiones del país en que el porcentaje es superior al 50%. Estos datos nos obligan a interrogarnos sobre cuáles son las condiciones que han convertido a la Constituyente en una necesidad para la mayoría de la población.

Carlos Bolívar Pedreschi, uno de nuestros más lucidos constitucionalistas, advierte que “ante situaciones económicas, sociales o políticas muy explosivas, los gobernantes, en gesto de responsabilidad, inteligencia y necesidad política, apelan al poder constituyente originario, a fin de evitar que cualquier cambio político, finalmente ineludible, se abra paso a través de cualquier forma violenta”. 

Con la anterior advertencia, Pedreschi alude a lo que nosotros denominamos “crisis del régimen político”, es decir a la disfuncionalidad de las instituciones que sirven de sostén a nuestra forma de la dominación política. Y no cabe la menor duda que los tres poderes del Estado, tal cual están estructurados y operando, han entrado en un proceso de descomposición, palpable progresivamente desde hace ya varios períodos presidenciales. 

La devastadora Pandemia, que ha sumido al país en la mayor crisis sanitaria, económica y social de nuestra historia republicana, ha magnificado la crisis institucional del régimen político y pone a la orden del día la necesidad de proceder a cambios profundos en nuestro sistema político, lo que nos coloca ante la imperiosa exigencia, insatisfecha hasta ahora, de un cambio constitucional, a lo que debemos proceder so pena de adentrarnos en el camino de la explosión social a la que alude Pedreschi con la finalidad de evitarla.

La Paralela: un exabrupto jurídico 

El artículo 314 de la actual Constitución abre las puertas a lo que denominan Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo o del Órgano Legislativo, requiriendo siempre de la ratificación o voto favorable de la Asamblea Legislativa. También puede ser convocada por iniciativa ciudadana, recogiendo para hacerla posible el 20% de las firmas del registro electoral del año anterior, lo que arroja 580.742 firmas que deberán recogerse en un período no superior a los seis meses. 

“…las organizaciones que están ya en el proceso de recogida de firmas no le informan a la ciudadanía, que dicen representar, cuáles son sus propuestas concretas para la nueva Constitución, con lo que no sería extraño que nos sorprendieran con un proyecto de Constitución aun peor que el vigente.

La intervención de uno de los órganos más criticados del actual régimen político, la Asamblea de Diputados, hace inviable acudir a las dos primeras fórmulas para proceder a la Convocatoria de una Asamblea Constituyente, aunque fuese Paralela, tal como quedó demostrado con el intento de aprobar por esa vía las reformas constitucionales propuestas por la Concertación Nacional, las cuales, además de carecer de legitimidad por su escasa representatividad, se llevaron a un órgano en el que dominan los intereses personales ajenos al interés público (ilustrado por el “qué hay pa mí”), lo que obligó al Ejecutivo a retirarlas.

Queda en pie entonces la Constituyente Paralela convocada por iniciativa ciudadana, la cual es una rara avis constitucional a nivel mundial, y que además incurre en el absurdo jurídico de estar reglamentada por la Constitución previa vigente, con lo cual, y perdóneseme el aparente juego de palabras, lo constituido regula a lo que es constituyente. Incluso existe un fallo de la Corte Suprema del 21 de abril de 1983 que señala sin ambigüedades que “Ninguna de las constituciones que se han creado en Panamá se han originado siguiendo la vida jurídica que señala la anterior”. 

… También resulta ser un exabrupto político

¿Y en que constriñe la actual Constitución a la Constituyente denominada Paralela? Le prohíbe adoptar decisiones con efectos retroactivos, así como tampoco podrá alterar los períodos de los funcionarios electos o designados que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución. 

En otras palabras, si la Paralela se adoptara antes de las próximas elecciones, los actuales diputados permanecerían en sus cargos, pudiendo entonces reglamentar en su provecho todos los artículos que consideraran que los pudieran afectar. Lo mismo ocurre con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el resto del andamiaje gubernamental que se pretende reformar. Y, si se aprobara con posterioridad a las próximas elecciones, los diputados electos antes de la nueva Constitución, por solo poner ese ejemplo, seguirían en sus cargos hasta agotar su período quinquenal.

Finalmente quiero llamar la atención sobre que en las actuales circunstancias, además del casi invencible obstáculo de la recogida de las 580.742 firmas en seis meses, las organizaciones que están ya en el proceso de recogida de firmas no le informan a la ciudadanía, que dicen representar, cuáles son sus propuestas concretas para la nueva Constitución, con lo que no sería extraño que nos sorprendieran con un proyecto de Constitución aun peor que el vigente. 

Hay que considerar además que, en el caso de que se cumpliera con la recogida de firmas, todos los partidos actuales participarían de las elecciones constituyentes con el resultado de que más o menos se reproduciría la actual correlación de fuerzas (Mario Galindo), pues son ellos lo que tienen la organización, el control territorial, el dinero y la clientela para elegir a un porcentaje significativo de diputados constituyentes. 

La Constituyente Originaria 

Partamos por decir que toda Constituyente es originaria, y así lo establece el artículo 2 de la actual Constitución cuando sentencia que “El poder publico sólo emana del pueblo”, y por tanto es el único poder con capacidad constituyente. La activación del poder soberano solo podrá realizarse con la existencia de un sujeto político que ejerza la hegemonía electoral y convoque al pueblo a manifestar su voluntad a través de una verdadera Asamblea Nacional Constituyente que refunde democráticamente la Nación.

Eso supone un trabajo de educación política de largo aliento y la progresiva construcción democrática del sujeto político que llevará a cabo dicha tarea, que será imposible si no recoge y articula las aspiraciones de muy diversos sectores de la sociedad hoy excluidos y marginados de las decisiones que deberían ser incluyentes y solidarias.

  • El autor es analista político  

“La minería siempre ha representado un saqueo brutal de nuestros recursos y una bárbara explotación a nuestros pueblos.”

Héctor Endara Hill

El título de este escrito es una cita textual de LaCarta 111, una publicación mensual de lo que fue el equipo de la Oficina Nacional de Pastoral SocialCáritas Panamá. LaCarta 111 se publicó el 17 de abril del 2006 y todavía se puede encontrar en la Internet a pesar de la censura y envestida desde la jerarquía de la Conferencia Episcopal Panameña que acabó con las publicaciones y con todo el equipo de mujeres y hombres que allí trabajaban acompañando las comunidades y el trabajo de la Iglesia de abajo y comprometida con el Evangelio de Jesús y su opción por los empobrecidos.

Las oleadas de muerte que supone la minería en el territorio indígena que hoy conocemos con el nombre de Panamá se remonta a los tiempos de la colonización y conquista española. Como lo dice Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina: “Como si fueran monos levantaban el oro, como que se sentaban en ademán de gusto, como que se les renovaba y se les iluminaba el corazón. Como que cierto es que eso anhelan con gran sed. Se les ensanchaba el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos ansían el oro”, dice el texto náhuatl preservado en el Códice Florentino.” (https://mexicodesconocido.com.mx/el-codice-florentino.html?amp…).

El ansia ilimitada de acumular y concentrar recursos y riquezas causó la muerte de millones de indígenas de manera directa. La minería de socavón esclavizó millones de seres humanos, pueblos y familias enteras fueron devoradas por el extractivismo de la época colonial. Hoy, después de saquear y acabar con los filones oro, plata y todos los metales que se encontraban a “flor de piel” y en el corazón de cerros y montañas, nos enfrentamos con la minería a cielo abierto, tan terrible y tan mortal como la anterior.

No haremos aquí la descripción del proceso de MUERTE que supone la minería a cielo abierto, muy claramente lo hace la Iglesia de base a quien la damos la palabra en este espacio; Iglesia de base que ha conocido y sufrido de manera directa la destrucción de la minería y la persecución de la jerarquía. La división, desalojo, engaño y, sin exagerar, la muerte de toda la fauna y toda la flora; la contaminación de las aguas y la destrucción de tierras fértiles es parte fundamental del actual proceso de explotación minera. Nunca y en ningún sentido a esto se le puede llamar desarrollo.

Resulta interesante lo que llegó a decir la Conferencia Episcopal Panameña sobre la minería a cielo abierto en La Carta Pastoral No. 16 del 6 de enero de 2001, La Justicia Social en Panamá. Documento testigo de la historia de compromiso que en esos momentos marcaba la Iglesia de base y presionaba hasta lo mas alto de la estructura.

20 años después, lo expresado en LaCarta 111 por instituciones, organizaciones y representantes de las comunidades, tiene plena vigencia. Hoy, junto a las organizaciones y personas que alzan la justa bandera contra la muerte de la minería a cielo abierto, digámoslo sin temor, alto y claro: #PanamáValeMásSinMINERÍA.

LaCarta Año 11, No. 111
Publicación mensual de la Oficina Nacional de Pastoral Social-Cáritas Panamá

Panamá, 17 de abril de 2006.

“Todos los estudios e investigaciones serias sobre la minería
coinciden en que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental,
social y culturalmente, como la minería a cielo abierto. ”.
La Justicia Social en Panamá, Carta Pastoral #16, 6 de enero de 2001.

Queridas hermanas y hermanos:

Jueves Santo de Eucaristía, Lucha y Compromiso

El Jueves Santo, invitados por el cura párroco Jorge Aguilar, desde muy temprano, estuvimos en Coclesito. Emblemática comunidad en donde Omar Torrijos solía retirarse a descansar. Coclesito pertenece al distrito de Donoso en la provincia de Colón, como muchas comunidades campesinas en Panamá, Coclesito está abandonado por todos. A Coclesito entramos por Penonomé, dos horas y media desde La Pintada, subiendo y bajando montañas por una carretera, con largos tramos en pésimas condiciones, que sólo permitía ir a “cero” kilómetros, según lo marcaba el velocímetro.

Se trata de la misma carretera que usa la Minera Petaquilla que se autopresenta como la alternativa para el desarrollo de la zona. De la Minería a Cielo Abierto y del proyecto de ampliación del Canal que empujan la ACP y el Ejecutivo, hablaríamos después de la Eucaristía, para ello fuimos invitados. En la mano: libros, fotos, documentos, mapas, videos y la Carta Pastoral # 16 de la CEP. En el número 24 los obispos dicen que: “Entre los principales impactos ambientales ocasionados por la minería a cielo abierto están: la contaminación del aire, la afectación de las aguas superficiales y subterráneas, y de los suelos, el impacto sobre la flora y fauna, los cambios en el micro clima y el impacto escénico posterior a la explotación. La contaminación del aire, agua y tierra produce enfermedades que no aparecen en el momento, pero que pasado un tiempo, deterioran la salud y hasta causan la muerte.”

Compartimos con los lectores de LaCarta el pronunciamiento que prepararon los campesinos y campesinas, misioneras y misioneros reunidos en Coclesito el Jueves Santo. El equipo nacional de Pastoral Social–Cáritas Panamá se une al clamor del campesinado y la Iglesia que los acompaña en el área, como bien dicen en su manifiesto: “La minería siempre ha representado un saqueo brutal de nuestros recursos y una bárbara explotación a nuestros pueblos.” .

“Manifiesto de Cloclesito”

“Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies,
también ustedes deben lavarse los pies unos a otros.”. Juan 13,14.

Pronunciamiento de las Comunidades Campesinas amenazadas por el proyecto de muerte de la Minera Petaquilla en Panamá.

La historia es un referente para nuestra reflexión y acción. La minería siempre ha representado un saqueo brutal de nuestros recursos y una bárbara explotación a nuestros pueblos. A partir de la experiencia vivida en otros lugares, dentro y fuera de Panamá, las explotaciones mineras y su impacto negativo en detrimento de la Madre Tierra y la vida de todos los seres, ha sido la constante.

1. Existen leyes nacionales y convenios internacionales que adoptan medidas en materia de protección del medio ambiente y de respeto a los derechos humanos de las personas y las comunidades. Alertamos a la población nacional que estas leyes y convenios están siendo violadas por la Minera Petaquilla con el respaldo de las autoridades nacionales.

2. Las personas que vivimos en el área en donde se desarrolla el proyecto de la Minera Petaquilla tenemos todo el derecho de ser respetados y escuchados. Minera Petaquilla es un proyecto cruel. Lo único que la minera garantiza para nuestras comunidades es división, miseria, explotación y una bárbara y absurda destrucción del medio ambiente.

3. De iniciarse la fase de EXPLOTACIÓN de Minera Petaquilla se destruirían los bosques tropicales primarios; toda la fauna (animales grandes y pequeños) y toda la flora (árboles y plantas); se destruirían también los suelos y se contaminarían las aguas de los ríos, de las quebradas y las aguas subterráneas. Aumentarían las enfermedades, y las comunidades estarían amenazadas de muerte.

4. Las autoridades que tienen que ver con las concesiones mineras no han tomado en serio o, sencillamente, no les interesa la población campesina y el territorio donde se lleva a cabo este proyecto de muerte, que le están vendiendo a las comunidades, como si fuera de desarrollo.

5. La Concesionaria Minera Petaquilla no ha cumplido con el estudio de Impacto Ambiental, sin embargo, adelanta trabajos construyendo todo lo concerniente para la explotación de la Mina a Cielo Abierto (MAC). Minera Petaquilla tiene en sus planes la destrucción de miles de hectáreas de bosques primarios, pero le dice a la población que usará una tecnología limpia y que cuidará el medio ambiente.

6. Denunciamos el acoso con el que se está tratando a la población campesina de las comunidades amenazadas por la promoción de megaproyectos de muerte que afectan a la vida y la misma existencia del campesinado. La Minería a Cielo Abierto, los Embalses y grandes Hidroeléctricas no son proyectos de desarrollo para el campesinado ni para el país.

7. Denunciamos que, el gobierno, en complicidad con la Concesionaria Minera Petaquilla y la Autoridad del Canal de Panamá, ACP, siguen llevando proyectos de entrenamiento para comprar la conciencia y la voluntad de las personas. Son proyectos destinados a acallar la voz del campesino. El gobierno está evadiendo su responsabilidad de promover el desarrollo en salud, educación y carreteras, que son derechos de las comunidades, pasándole esta responsabilidad a la Minera Petaquilla que, de esta manera, se aprovecha para hacer su propaganda. Los hombres y mujeres del campo, también somos panameños, y tenemos los mismos derechos constitucionales que los panameños de la ciudad. Rechazamos que las autoridades dejen en mano de la industria de la muerte, que representa la Minera Petaquilla, el deber del Estado y el cumplimiento de los derechos que tenemos los campesinos.

8. Las autoridades competentes para la conservación y protección del medio ambiente no están asumiendo su trabajo, ni se pronuncian contra el ecosidio (asesinato de los ecosistemas) que se comete en la zona. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), con su silencio, se convierte en cómplice. De manera irresponsable está dando luz verde a este tipo de proyectos conocidos como “Proyectos de Muerte” ya que no apuntan hacia un verdadero desarrollo humanista de las comunidades campesinas ni del país.

9. Denunciamos este tipo de proyectos porque no son de desarrollo y porque se endeuda el país con un financiamiento para proyectos que destruyen el medio ambiente y las comunidades. Los campesinos sabemos que se trata de una propuesta improvisada y amañada porque la minería nunca ha sido, ni será desarrollo para los pueblos.

10. Las comunidades campesinas nos comprometemos a llevar la verdad a todo el país. Desde nuestra pobreza material y desde nuestra inmensa riqueza espiritual que nos han dado Dios y la Madre Tierra con la que convivimos, nos comprometemos a luchar por la defensa de la Vida y en contra de estos proyectos de muerte que invaden nuestras comunidades. ¡Fuera la Minera Petaquilla de nuestras tierras y de nuestras vidas!

Semana Mayor, Jueves 13 de abril de 2006

Iglesia Católica de Coclesito, distrito de Donoso, provincia de Colón, Panamá.

Firman este comunicado:

Organizaciones e instituciones
Coordinadora Campesina Contra los Embalses / Frente Campesino Contra los Embalses / Equipo Misionero de la Costa Abajo de Colón y y Comunidades Eclesiales de Base de la Costa Abajo de Coón / Honorable Representante de San José del General / Equipo de la oficina nacional de Pastoral Social–Cáritas Panamá.

Representantes de las Comunidades de:
San Luis / Santa Elena / Sabanita Verde / Boca de Toabré / Canoa Donoso / Canoa Coclé Vista Alegre – Cuatro Calle / San Lucas / Caño del Rey / Río Caimito – Costa Abajo / Coclesito / Calle Larga / San Benito / Nazareno.

Sí a la vida, No a la industria de la muerte.”

Las comunidades tienen el derecho de estar informadas sobre los efectos que provoca la Minería a Cielo Abierto y tienen el deber de organizarse para enfrentar estos males. Sobre el terrible mal de la Minería a Cielo Abierto, también han dicho los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña: “Donde hay explotaciones mineras se ha promovido el consumo del alcohol, el desorden social y la desintegración familiar”. Con nuestros ojos y nuestros oídos hemos sido testigos de la pasión de las comunidades afectadas y amenazadas por el proyecto de ampliación del Canal y por la minería. La Minera Petaquilla, como parte de su estrategia, está sembrando la división en las comunidades y se hace propaganda con las necesidades y derechos de las comunidades. Desde Pastoral Social–Cáritas rogamos para que la Pascua del Resucitado ilumine la lucha de las comunidades campesinas y llene de solidaridad el corazón de la Iglesia y el pueblo de Dios, para que juntos podamos detener los proyectos de muerte y hacer presente la vida en abundancia que nos propone el Reino de Dios.

Equipo de la oficina nacional de Pastoral Social-Cáritas Panamá

Panama Ports: ¿caso cerrado?

Tomás Paredes Royo Ingeniero

Columnistas La Estrella de Panamá

Supe de Arnold & Porter (A&P) en la década de los 80, cuando la firma cooperaba en la promoción de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI). En aquella ocasión, A&P ofrecía sus servicios para que los países cumplieran con las normas legales y procedimentales para beneficiarse de aquel programa. Desde entonces, como parte de una lista de bufetes internacionales, diferentes Gobiernos han utilizado los servicios de A&P en sus relaciones comerciales con otros países; para obtener nuevos financiamientos; y para atender demandas de terceros contra el Estado. Dicho de otra manera, servicios jurídicos en beneficio de los mejores intereses de la nación panameña.

Recientemente, A&P fue contratada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), o por el Gobierno de la República de Panamá, para emitir una opinión legal sobre la renovación “automática” del contrato existente con la empresa Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, con el fin de que sus conclusiones sustentaran la decisión de la AMP de prorrogar o rescindir dicho contrato.

Contrario a lo que comentan algunos alabarderos de PPC, he leído el contrato existente entre las partes y he objetado desde un inicio la pretensión de la empresa y del Gobierno actual de continuar el contrato original bajo los mismos términos y condiciones. Sin embargo, quienes hoy se rasgan las vestiduras aludiendo la necesidad de preservar la seguridad jurídica en nuestro país, olvidan por conveniencia la negociación de Panamá con EUA para recuperar su soberanía en todo su territorio, que llevó a la eliminación de la Zona del Canal y a la administración del Canal de Panamá. ¿Qué mayor seguridad jurídica, argumentaron algunos en su momento, que el tratado de 1903?

Más allá de santificar la seguridad jurídica, manto con el cual quieren arropar y proteger la relación desigual que emana del contrato aludido, como en el Hay-Bunau Varilla, baso mi opinión en la necesidad de ajustar los términos y condiciones a las realidades actuales, por considerar que mantener la situación original, proyectada hacia el futuro, sería un despropósito para el país y promovería una correlación insostenible, lesiva a nuestra dignidad como nación y como Estado anfitrión de la inversión extranjera.

“La estrategia utilizada por el Gobierno y la empresa para justificar la concesión de PPC hasta el 2047 puede ser calificada como ruin y traidora.”

La estrategia utilizada por el Gobierno y la empresa para justificar la concesión de PPC hasta el 2047 puede ser calificada como ruin y traidora. Inventarse un áudito para justificar supuestos cumplimientos de PPC al contrato; abocarse a una costosa campaña publicitaria para exaltar de manera exagerada y repetitiva las aparentes bondades y beneficios de PPC; y demeritar o soslayar la posición geográfica del país y la contribución del Canal de Panamá al sistema marítimo, los califica de cuerpo entero. Pena ajena, pero dolor propio como panameño.

Si A&P estaba limitada a preguntar a la Contraloría General de la República, hubiese esperado de ese bufete una posición más ética y no prestar su nombre para justificar lo que ya sabíamos, un interés decidido del Gobierno por renovar el contrato con PPC bajo los mismos términos y condiciones, sin importar los métodos o las consecuencias.

Preguntó A&P si PPC: (1) ¿ocupa todas las tierras y aguas del contrato para el propósito de sus operaciones portuarias?; (2) ¿puede PPC subarrendar las tierras y aguas que constituyen un exceso a sus necesidades para que terceros realicen actividades ajenas a sus operaciones portuarias?; (3) ¿está sujeta a revisión y ajuste periódico la estructura de beneficios económicos que recibe Panamá de esta concesión en función del valor de la posición geográfica y la valorización del entorno donde operan los puertos?; (4) ¿está PPC comprometida y alineada con el desarrollo marítimo del país, que incluye necesariamente la diversificación y la creación de nuevas cadenas de valor, con el fin de diversificar la oferta y enriquecer los servicios logísticos que se puedan ofrecer desde nuestro país y que demanda la industria marítima mundial?

“Puede que para algunos el contrato de PPC sea “caso cerrado”, cuando en realidad se ha abierto, para los próximos 25 años, una herida que no se curará con unos cuantos dólares más.”

La poca transparencia con que el Gobierno ha manejado este asunto y su decisión final, de ir en contra de la opinión de expertos y conocedores del tema, solo sirven para abonar al sentimiento y a la percepción de muchos de que este Gobierno se caracteriza por tener funcionarios de pantalones muy cortos y bolsillos muy largos, en todo caso, sin correa. Puede que para algunos el contrato de PPC sea “caso cerrado”, cuando en realidad se ha abierto, para los próximos 25 años, una herida que no se curará con unos cuantos dólares más.