Por el respeto a la herencia de nuestros mártires del 9 de Enero, exigimos: Nacionalización total de las propiedades de First Quantum Minerals en Donoso mal llamada Minera Panamá S. A.

Polo Ciudadano

La experiencia ha demostrado que todas las actuaciones de las autoridades panameñas de todos los gobiernos, y en particular de los gobiernos del PRD, son sospechosas de corrupción, de traición al interés nacional y al pueblo panameño. ¿Debemos creer que el gobierno Cortizo-PRD está defendiendo consecuentemente los derechos de la nación panameña frente a la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), que opera la mina de cobre del distrito de Donoso, bajo la etiqueta de Minera o Cobre Panamá S.A.?

Hay que dudar porque en el gobierno de Laurentino Cortizo hay varios representantes de los intereses mineros, empezando por el vicepresidente José G. Carrizo, que fue abogado de Petaquilla Minerals la cual traspasó propiedades a FQM. Hay que dudar cuando el mismísimo hermano del presidente, Roy Cortizo Cohen es socio de Gaby Carrizo en varios negocios de ese tipo. Hay que dudar porque el propio presidente Laurentino Cortizo, siendo diputado por el partido Solidaridad votó a favor del contrato ley que creó la empresa minera y que ha sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Hay que dudar de los actos del Consejo de Gabinete porque hay varios ministros relacionados con bufete Morgan y Morgan que defiende los intereses de la cuestionada empresa. 

Todo lo actuado en torno a esta empresa minera está cargado de corrupción y manejos contra los derechos del pueblo panameño y sus recursos naturales: la tardanza de casi dos décadas de la Corte Suprema de Justicia para emitir un fallo de inconstitucionalidad, y la tardanza de casi un lustro de los gobiernos en publicar el fallo en la Gaceta. 

A decir del economista Felipe Argote, mientras el gobierno de Cortizo-PRD “negociaba” el nuevo contrato, la mina vendió más de US$ 3,000 millones en 2021 y tuvo una utilidad de US$ 1,400 millones. Desde enero de 2022, cuando el presidente anunció los términos del nuevo contrato del cual solo faltaba la redacción, a diciembre de 2022, la mina vendió otros US$ 2,200 millones (superando los US$ 5,000 millones en dos años), MIENTRAS EL ESTADO PANAMEÑO HA OBTENIDO CERO (0) DIVIDENDOS. 

Según el diario la Prensa (19/12/22), desde que asumió el actual gobierno en 2019 a la fecha, FQM ha obtenido GANANCIA BRUTA por US$ 3,423 millones, de los cuales nuestro país sólo ha recibido US$ 59.8. Ese contrato es peor que el Tratado Hay Bunau Varilla de 1903. 

El Polo Ciudadano de Panamá repudia la demagogia y medidas tibias tomadas por el gobierno Cortizo-PRD de “suspender las operaciones comerciales” de FQM, pero dejar que 

la mina siga extrayendo mineral a su antojo pese a que se negó a firmar el nuevo contrato. La táctica pareciera que consiste en aparentar “negociar” para ganar tiempo y seguir exportando material sin pagar al país el precio justo por nuestros recursos naturales. 

La mina de DONOSO controlada por FQM se ha convertido en un enclave colonial semejante a lo que fue la Zona del Canal, donde las leyes panameñas y los intereses de nuestro país no cuentan, mientras somos saqueados por potencias extranjeras. A 59 años de la gloriosa gesta del 9 de Enero de 1964, las actuales generaciones debemos seguir la lucha por la soberanía como nuestros mártires en defensa de nuestro territorio y nuestros recursos. Antes eran las bases militares y la zona, ahora el enclave se llama Minera Panamá S. A. 

El Polo Ciudadano exige una medida seria y consecuente: LA NACIONALIZACIÓN TOTAL DE LAS PROPIEDADES DE FQM EN DONOSO y la ocupación de las instalaciones por un contingente de la fuerza pública que, junto a los trabajadores y sus sindicatos evite que continúe el robo de nuestros recursos y la depredación de la naturaleza. 

Hay que nacionalizar la mina por muchos motivos

  1. El contrato con FQM declarado inconstitucional es tan abusivo que no hay manera de emparcharlo como pretende Cortizo.
  2. La empresa FQM viola el artículo 290 de la Constitución Política de Panamá, que prohíbe a gobiernos extranjeros poseer “dominio sobre ninguna parte del territorio nacional”, ya que los gobiernos de China, Singapur y Corea del Sur, a través de respectivas empresas estatales, poseen el 64.8% de su capital accionario (La Prensa 24/12/22).
  3. La empresa FQM ha causado un daño irreversible a la naturaleza en el distrito de Donoso, provincia de Colón, con su sistema de minería a cielo abierto, el cual muchos países del mundo se han negado a aceptar en sus territorios.
  4. La empresa FQM ha esquilmado al país pagando un miserable 2% sobre sus multimillonarias ganancias, lo cual ha hecho con la complicidad de abogados, políticos y autoridades panameñas que son verdaderos traidores a la patria.
  5. Solo la nacionalización total permitirá controlar la mina en todos sus aspectos operativos, salvar los empleos, evitar la destrucción del ambiente y establecer mejores condiciones para la exportación de nuestros recursos minerales con otros métodos menos contaminantes y destructivos y con otras empresas.

Panamá, 9 de enero de 2023. 

PENSAMIENTO POPULAR

SOLO SE HACE PATRIA JUNTO AL PUEBLO

Nuestro colectivo, fiel a su compromiso de defensa de los intereses del pueblo panameño, quiere hacer llegar nuestra posición en relación a la usurpación minera en nuestro país y específicamente el caso de Minera Panamá.

Nuestro objetivo con este documento es poder esclarecer ante el pueblo panameño y sus organizaciones sensibles frente al saqueo de nuestra soberanía y recursos naturales, las trampas y maniobras que se ejecutan en nuestro país para legitimar el robo minero.

Lo primero que hay que tener bien claro es que en ningún momento las fuerzas políticas que nos desgobiernan pensaron o piensan en que la actividad minera se debe dar en beneficio de nuestro país, sino todo lo contrario como queda bien claro en el artículo 1 del Código de Recursos minerales actual donde se dice textualmente que “tendrá por objeto estimular y reglamentar la exploración y extracción de minerales, primordialmente a través de la iniciativa e inversión privadas”

Desde su elaboración el proyecto de explotación minera, específicamente la metálica a cielo abierto, no han escatimado esfuerzos por ofrecer la mayor cantidad de garantías a las empresas saqueadoras, aun a costa de las propias leyes y soberanía nacional, de la economía estatal y peor aún del ambiente y la ecología frágil de las zonas en donde se están instalando las minas.

En ese sentido el Contrato-Ley 9 del 28 de febrero de 1997, por el cual se legaliza la concesión y explotación minera en Donoso (antes Petaquilla Gold hoy Cobre Panamá) es la expresión más acabada de lo que significa la entrega sin medida de nuestras riquezas naturales. Este Contrato- Ley no solo es leonino y depredador, sino que en él se asegura a la minera que las futuras leyes y disposiciones del código minero no tienen consecuencias sobre ella, es decir, no puede modificarse. Por esos elementos y otros muchos más la Corte Suprema de Justicia de nuestro país emitió un fallo (de manera muy tardía) en el año 2017 en el que declaraba inconstitucional este contrato-ley.

Si se supone que los fallos de la corte son definitivos e inapelables, por cuáles razones el gobierno nacional (los de antes y el de ahora) no pasó a ejecutar dicho fallo a favor del Estado panameño. Muy por el contrario y en razón de ese servilismo hacia las empresas trasnacionales y los dueños de Panamá, pasaron a crear nuevas facilidades para las mineras. Enumeremos las principales:

1)  El Código Minero (llamado ahora Código de Recursos minerales)se reformó en el 2021 para incorporar más beneficios a todas las concesiones mineras metálicas. Para esa reforma se utilizó como referencia el Contrato con Minera Petaquilla de 1997, aun a pesar del fallo de inconstitucionalidad de la Corte.

2)  También en el 2021 se incorpora al régimen de concesión minera una zona contigua al proyecto de Donoso de algo más de 25 mil hectáreas, mediante las resoluciones 89 y 90 del 12 de mayo de 2021, que incluye tierras de los distritos de La Pintada, Omar Torrijos y Donoso.

3)  Luego de muchas acciones lograron modificar el régimen de tenencia de la tierra en Donoso, utilizando primero recursos legales para eliminar la resolución que creaba el área protegida de Donoso (la cual solo lograron suspender por 4 años) y luego utilizando la artimaña de la necesidad de titulación de tierras de los campesinos que allí habitan.

4)  Las fuerzas que respaldan el proyecto minero en Donoso y el gobierno nacional lograron en menos de un año cumplir con su objetivo de legalizar la presencia de Minera Panamá sin necesidad de que se formalizara el contrato para su explotación:

Aprobaron de manera inconsulta un Plan de Manejo del área protegida, elaborado con información desactualizada, y que legaliza la presencia de Minera Panamá mediante la creación de una zona especial de 16 mil hectáreas. Este Plan fue hecho a la medida de Minera Panamá y debe ser ejecutado con la administración y dinero que debe entregar la mina, supuestamente para compensar el daño ecológico que está provocando con su explotación minera.

Con base a la zonificación presentada en el Plan de Manejo el Ministerio de Ambiente aprueba la Resolución N° DM-0139-2022 del 11 de julio de 2022 modificando los límites del área protegida de Donoso, desafectando o desagregando 83 mil hectáreas, dejando dentro a Minera Panamá y sacando todas las comunidades de allí.

Con base a esta modificación la ANATI mediante resolución No. ADMG-1714-2022 del 14 de septiembre de 2022, declara zona de regularización y titulación masiva a las tierras que fueron segregadas del área protegida, pero limitando a un máximo de 10 hectáreas la titulación que pueden hacer los campesinos a razón de B/6.00 la hectárea, dejando el resto al mejor postor, con lo cual se crea la posibilidad de que puedan perder el resto de sus tierras, toda vez que dicha titulación es forzosa.

Luego de todos estos movimientos legales el área protegida de Donoso se convierte en una zona deshabitada en la cual, de manera contradictoria, se favorece y se legitima la operación de una mina cuya actividad atenta de manera drástica a la naturaleza que dice proteger.

5)  Desde esta perspectiva resulta poco creíble la actuación del gobierno actual en relación al cierre de operaciones de Minera Panamá desde el 12 de diciembre de este año, toda vez que siempre ha prevalecido una actitud entreguista y pusilánime frente a este y todos los proyectos mineros. Si fuera cierto que el gobierno nacional actúa en defensa de los intereses del pueblo panameño ¿por qué es ahora que reacciona considerando el fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2017? Es más ¿por qué ningún gobierno reaccionó frente a la aprobación del Contrato-Ley 9 de 1997, lesivo desde hace 25 años. Esto lo único que nos está indicando es que para ellos “defender los intereses del pueblo panameño” significa sacarle más dinero a la mina. Y penosamente hay muchos que así piensan, sin considerar el daño ecológico catastrófico que esta y todas las mineras metálicas a cielo abierto ocasionan a nuestro querido territorio y nuestras vidas, aceptándola como un mal menor. Pensar en los “beneficios” económicos de la mina es propio de los que no saben sumar y no tienen el mínimo cariño por nuestra Patria y que están acostumbrados a vivir de rodillas rogando las migajas de los amos extranjeros.

6)  La expresión “Mal paga el diablo al que bien le sirve» se cumple a cabalidad en relación a la negociación actual con Minera Panamá. Y así siempre ha de ocurrir cuando el objetivo es llenarse los bolsillos sin tener la más mínima vergüenza. Crearon un monstruo pensando que les sería fiel y cumpliría con sus promesas, pero el niño malcriado y crecido se reveló y no le importa ninguna autoridad. Y tiene con qué. Tiene la ley de su lado, las mismas que nuestros desvergonzados gobernantes le dieron para favorecer sus actividad y con las cuales se va a defender, exigiendo la cacareada “seguridad jurídica” de sus actividades e inversiones. En todo caso, toda esta maraña de pelea legal tiene un resultado previsible: la mina de Donoso seguirá funcionando, con o sin First Quantum, con o sin más plata para el gobierno. Así está escrito el libreto de esta novela.

7)  No dudamos que en el caso de Minera Panamá hay otros elementos a considerar en todo lo que está ocurriendo, pero una de las cosas que más nos preocupa es que no se le esté enfrentado con la profundidad y dimensión que merece. Desde nuestra visión, Minera Panamá es equiparable a lo que fue la llamada Zona del Canal. Y es así, porque estamos hablando de la ocupación de parte de nuestro territorio para la extracción de sus riquezas, irrespetando la soberanía nacional. Quizás muchos puedan tener otra visión a causa de ignorancia de lo que allí ocurre, pero buena parte de nuestra intelectualidad (sobre todo economistas y abogados) se han hecho de la vista gorda para evadir compromisos. Para buena parte del movimiento obrero y sindical el tema de la mina no ha pasado de la defensa de las plazas y los derechos económicos de los trabajadores. El movimiento ambientalista ha planteado posiciones clave, pero su accionar sigue apegado a la lógica legal y las normas vigentes, mismas que santifican la minería, lo cual supone esperar justicia tardía y parcializada. La resistencia más firme viene de las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas, para las cuales la pelea contra la minería es por la vida misma, es ineludible. Por eso los amigos de las mineras han hecho y hacen todo lo posible para dividirlo, engañarlos y hacerles creer en el paraíso minero.

8)  Algo debemos tener bien claro es que la lucha contra la minería no acaba con la aprobación de un contrato. Que por más dinero que pueda dar la mina jamás podrá compensar el daño que esta ocasionando a nuestro país. Esta pelea seguirá porque a medida que transcurra el tiempo se harán más visibles los perjuicios que provoca este criminal saqueo y porque estamos seguros que de que los nobles hijos de esta Patria no lo permitirán.

ALTO A LOS PROYECTOS MINEROS EN TODO EL PAÍS
POR EL CIERRE DEFINITIVO DEL PROYECTO MINERO EN DONOSO
POR EL RESPETO A NUESTRA SOBERANÍA CON LA PATRIA Y POR LA TIERRA

Colectivo PENSAMIENTO POPULAR, Panamá, 30 de diciembre de 2022

Nicaragua: Libertad para el profesor Oscar René Vargas

El martes 22 de noviembre el economista y sociólogo DR. Oscar René Vargas, quien a sus 77 años  es uno de los más destacados intelectuales nicaragüenses , autor de más de 35 libros y otros tantos en colaboración, luchador por las libertades democráticas y la justicia social desde que enfrentó la feroz dictadura de los Somoza, y unido luego desde sus inicios al Frente Sandinista como asesor, aunque posteriormente crítico del mismo, fue detenido sorpresivamente sin que se le haya especificado el “delito” por el cual se le ha privado de su libertad.

Enterados de tan bárbaro ataque a tan prestigiosa y respetada figura, se realizó de inmediato un llamamiento internacional en pro de su libertad, el cual en 24 horas logro las firmas de los más prestigiosos catedráticos e intelectuales de México, América Central y del Sur, así como de Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, España, Italia, Portugal, Suiza, Austria y Alemania, sumando centenares de firmas de adhesión.

De igual manera, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha calificado como arbitraria la detención, y las organizaciones de Derechos Humanos y Civiles de Centro América, al igual que la Asociación Latinoamericana de Sociología, han exigido su inmediata liberación. 

Dada la grave situación por la que atraviesa Nicaragua, la vida del intelectual Oscar René Vargas corre inminente peligro, tanto por su precario estado de salud – es portador de un marcapasos – como por haber sido detenido por ordenes de la juez Gloria María Saavedra Corrales, la misma que ha encabezado la represión contra los religiosos y laicos acompañantes de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa.

Ante tan grave atentado contra la libertad y seguridad personal del Dr. Oscar René Vargas los panameños defensores de las libertades democráticas y la justicia social no podemos permanecer mudos, y por ello lanzamos este manifiesto exigiendo la libertad inmediata de tan destacado intelectual. 

Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 30 de noviembre de 2022.

Firmas de Apoyo:

1-    José Eugenio Stoute – Analista Político

2-    Olmedo Beluche – Sociólogo

3-    Giovanni Beluche – Sociólogo (Costa Rica)

4-    Roberto Ayala – Sociólogo (Costa Rica)

5-    Enoch Adames – Sociólogo

6-    Keyla Rodríguez – Sociólogo

7-    Marines Tapiero – Socióloga

8-    Aurelio Robles – Abogado

9-    Virgilio Araúz – Docente

10-  José Cambra – Sociólogo

11-  Rebeca Yanis – Socióloga

12-  Briseida Allard – Socióloga

13-  Marina Abrego – Socióloga

14-  Luis Pulido R. – Sociólogo

15-  Nicolasa Terreros – Socióloga

16-  Azael Carrera – Sociólogo

17-  Priscila Vásquez – Sicóloga

18-  Xiomara Rodríguez – Socióloga

19-  Luis Antonio Howard – asesor en seguros

20-  Miguel Antonio Bernal – Catedrático Universitario

21-  Cesar Ruiloba – Abogado

22-  Stanley Heckadon Moreno – Antropólogo

23-  Guillermo Márquez Amado – Abogado

24-  Leonor Calderón – Consultora

25-  Lilian Guevara – Escritora

26-  Manuel Castillero – Diputado del Parlacen

27-  Gerardo González – Luchador social

28- Aníbal Sánchez – Docente

29-  Juana Camargo – Socióloga 

30-  Yolanda Marco – Historiadora

31-  Fernando Aparicio – Historiador

32-  Guido Rodríguez Lugar – Abogado y analista político

33-  Claude Vergés López – Doctora

34-  Cristel De León – Abogada

35-  Ana Matilde Gómez – Ex Procuradora General de la Nación

36-  Gregorio Urriola – Economista y docente 

37-  José Ángel Garrido – Especialista en lengua y literatura española

38-   Bernardo Ezurmendía –  Asesor de Seguros

39-  Ricardo J. Bermúdez – Arquitecto

40-  Renata Sponer – Bióloga

41-  Florencio Díaz pinzón – Docente Universitario

42-  Denis Chávez – Profesor Universitario

43-  César A. Lore – Arquitecto 

44-  Celestino Araúz – Historiador

45-  Reymundo Gurdian – Historiador 

46-  Miriam Miranda – Historiadora

47-  Marcela Camargo – Historiadora

48-  Ricardo Alberto Arias – Abogado

49-  Siria Martínez – Trabajadora Social

50-  Jesús Alemancia – Sociólogo

51-  Josefina Zurita – Historiadora

52-  Beatriz Rovira – Antropóloga

53-  Joyce J. Araujo – Abogada

54-  Carlos M. Lee Vásquez – Abogado

55-  Héctor Endara Hill – Luchador social

56-  Teresita Yániz de Arias – ex diputada 

57-  María Rosa Muños – Historiadora

58-  Nelva Reyes- Dirigente sindical y docente

59-  Urania Ungo – Catedrática

60- Manuel Reyes – Fisioterapeuta

«Esta globalización la manejan los intereses del mercado. No se preocupa de incluir a la gente, se preocupa de explotarla.» Pepe Mujica

Panamá por la senda de Estado fallido

Carlos Manuel Lee Vásquez, Abogado.

Para la designación del nuevo magistrado la Corte decidió realizar una convocatoria, entrevistar públicamente a los aspirantes y decidir a quien designar. 54 profesionales presentaron sus créditos y se sometieron a la entrevista pública, esto hizo posible que todos los ciudadanos interesados pudiéramos escuchar y percibir cuál de todos proyecto las mejores cualidades y méritos para este cargo. Pero esto no es suficiente, los Magistrados de la Corte Suprema debieron decir previamente que buscaban, cuál era el perfil que necesita el TE para ir dándole el giro necesario para garantizar transparencia, respeto a la voluntad de los ciudadanos y sobre todo para que los procesos electorales sean el espacio donde los ciudadanos aporten a salvar la institucionalidad del país.

La designación que hizo la Corte Suprema, no contribuye a promover los cambios necesarios dentro del TE, a salir del secuestro en que los partidos políticos mantienen a la auténtica democracia, a superar una partidocracia diseñada por la dictadura militar.

Los Magistrados han tomado una decisión carente de una visión política que con toda claridad y conciencia comprendan los efectos negativo, de su decisión, para consolidar un Estado de Derecho. Insistir con el criterio que él TE es tema exclusivo de los partidos políticos por lo que reparten los tres cargos entre los partidos políticos, es no entender que el país lo integran todos los ciudadanos y que el Estado de Derecho es una tarea de todos no sólo de los partidos, la democracia la construyen todos los ciudadanos no sólo los organizados en partidos políticos. Haber diseñado el método de que cada magistrado lo designará cada uno de los órganos del Estado, supone la debida independencia y criterios también diferentes pero la percepción es qué hay una voluntad única que se impone a los tres órganos afectando tal independencia y sacrificando a la misma democracia secuestrada por la voluntad política.

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Redacción La Estrella de Panamá, 28 de octubre de 2022 / periodistas@laestrella.com.pa

Justicia que se negocia

“En pocas palabras, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia se pueden negociar”

La designación del nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE) sorprendió, no tanto porque haya recaído en la figura de un conspicuo miembro del gobernante PRD, sino, porque la presidenta de la Corte Suprema de Justicia negoció el cargo, a cambio de una figura de su entorno que a su vez, ni siquiera estaba entre las diez recomendadas por la comisión que evaluó a los candidatos durante varias semanas. Si había esperanzas de que la justicia cambiaba con la designación de nuevos magistrados, sobre todo de mujeres, todo se desvaneció. En pocas palabras, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia se pueden negociar. La justicia es un principio moral que se inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Cuando se analiza a profundidad la decisión de la Corte y sus repercusiones, no cabe duda de que la influencia puede más. Entre los 55 candidatos al cargo de magistrado del Tribunal Electoral, independientemente de si fuesen miembros de un partido político o no, había varios con altas credenciales para ocupar el cargo, muy, pero muy por encima del escogido. Lástima que se haya mancillado la esperanza de justicia en el país, porque lo que hoy tenemos son personas que siguen líneas de acuerdo a cómo se negocia. ¡Así de simple!