Mi amigo…

Mi amigo está molesto con un nicaragüense que considera un liso. Le ayudó con trabajo a su llegada en oficios de obreros, le presentó a algunas mujeres, entre ellas a su cuñada, le invitó «Bayer» para que se relajara y olvidara a Ortega y su desgracia en Nicaragua. Mi amigo quería al Nica y soy testigo de ello. En alguna medida no era nada nuevo. Sus vecinos eran venezolanos, colombianos, panameños, todos conviviendo en una comunidad de pescadores que visito y donde me siento a gusto. Todo cambió cuando el nicaragüense consiguió un mejor trabajo que mi amigo, cuando se hizo pareja de su cuñada, y cuando mi amigo término igual que él en asuntos de ingresos. En la pobreza no hay mayor desigualdad. Desde entonces todo empeoró. La situación familiar de mi amigo se afectó y ahora no puede visitar a la hermana de su esposa; en días pasados entre varios golpearon al nicaragüense que consideran una peste. En fin, el odio se fue acumulando y hace unos días que lo visité para saludarlo me dijo que tenía una varilla en el patio por si se asomaba el Nica. Cada vez que escucho a Zulay pienso en mi amigo de Samaria que terminó odiando a su vecino. Cada vez que escucho a Zulay creo que nos adelanta en su discusión. Y que mientras nosotros nos burlamos de su xenofobia —y la de los panameños de todas las clases— la situación en casa de mi amigo se agrava. Y sucede, además, que a mi amigo le tomó casi 40 años ser pobre, y tener para pagar un cuarto de 60 dólares con su esposa y su hijo más pequeño, y que al nicaragüense le tomó unos meses alcanzarlo. Parece una nimiedad, pero tenemos un problema de clases hasta en lo más bajo de los ingresos que cualquier equiparación suena a abuso. Tal vez es conveniente dejar de mirar a Zulay y su odio populista y macabro, y deberíamos mirar nuestro tejido social que aún considera una ventaja tener diez dólares más que el otro y que piensa con vehemencia que se ha sacado la madre toda la vida para ser más pobre que el que llega de afuera. Tal vez es conveniente aceptar que nuestros odios infundados tienen sentido y que este país solo piensa en aquellos que pueden ser sarcásticos. Mientras esto llegue, que a lo mejor no llegue nunca, las cosas en casa de mi amigo se agravarán y ni Zulay, y nadie de nosotros hará nada, y cómo suele suceder, se aferrara a su nacionalidad —y sus imaginarias ventajas— y bajo esa misma patria le hará daño a su otro vecino pobre.

Nuestro Canal

Por Roberto Arosemena Jaén –Ciudadano panameño

Me gustaría que mi generación del 58 concluyese su misión histórica de integrar el destino del Canal al desarrollo social y económico del país. Sin embargo, lo que se hizo el 31 de diciembre de 1999 fue crear una Junta encargada de la evolución del Canal con el nombre de Junta Asesora de la Junta Directiva del Canal de Panamá. El Faro, en su edición de junio de 2019, menciona la sustitución de William O’Neil (ex Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI) por 14 años antes de ser nombrado en 1999 Presidente de la Junta Asesora del Canal, cargo que ocupó hasta el momento actual.) El actual presidente de la Junta Asesora es William John Flanagan Jr., Almirante de las Fuerzas Armadas, presumo de los Estados Unidos de América.

La pregunta pertinente es que poder tiene el Ministro del Canal frente a este Consejo Asesor metido en el corazón de sus colaboradores, nombrados y por nombrar por el Presidente de la República. Además, por qué se ha blindado el Canal de un título constitucional, que al decir de los excandidatos a Presidente, en los pasados debates, no puede ser modificado por el soberano que en este caso es la ciudadanía panameña.

En efecto, se nos obliga a pensar que no tenemos facultad de llamar a una Asamblea Constituyente originaria porque el título constitucional canalero está por encima de la voluntad política de la nación. Tremenda aberración, entre la retórica de que conquistamos el Canal en 1999 y la absurda realidad de un Consejo de Asesores vinculados a la OMI y a los intereses estratégicos del almirantazgo  estadounidense.

Se concluye que el Canal como Patrimonio nacional declarado no es práctico ni efectivo. No podemos fijarle impuestos, tasas y contribuciones presupuestarias sino lo permite la Junta Asesora “directiva” y que el papel del Ministro del Canal es ridículo e intrascendente. Lo mismo que cualquiera ocurrencia de algún diputado de atreverse a proponer una ley que defina los excedentes del Canal y su utilización fiscal. Inmediatamente, sería condenado como violador de la Constitución y excluido de toda actividad política y social en el territorio nacional. En conclusión, ni somos dueños ni propietarios del Canal, sólo administradores bajo la égida del título constitucional. No me refiero al Tratado de Neutralidad y Funcionamiento que es una temática correlacionada que hay que resolver mediante un trámite contractual supeditado a una denuncia internacional en el seno de Naciones Unidas.

Me refiero a la condición de la Empresa Canalera. El efecto de esta “real política canalera” es un país sometido no a una quinta frontera, sino a un destino de claudicaciones y traiciones que tenemos que superar.

Corresponde a esta generación de eternos jóvenes panameños y panameñas quitarle viabilidad al cerrojo mental, social, cultural y político que pasa por el Canal y sus desastrosos acuerdos. Es difícil esperar que Aristídes Royo Sánchez, el ex institutor de la década del 58, miembro de la juventud insurgente de esta patria, ahora vuelto a encumbrar, se haga ecos de estas inquietudes. El momento actual es crítico. El torrijismo agresivo que confunde patria y soberanía con entrega y servilismo retorna al Palacio de las Garzas.