Asamblea Ciudadana: Comunicado ante la política antipopular, antidemocrática y antinacional del Gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal y sus aliados

SONY DSCLa ASAMBLEA CIUDADANA organismo autónomo e independiente, con personalidad y objetivos propios,  llama, en este recién iniciado 2013, al pueblo panameño y a sus organizaciones democráticas, a prepararse para ejercer el derecho constitucional de movilización que nos conduzca a la apertura de un  verdadero proceso constituyente, democrático, participativo, incluyente, que debe culminar en una Asamblea Constituyente Originaria, convocada bajo reglas democráticas consensuadas por todos los integrantes de la sociedad, y que surja de ella un nuevo régimen político que garantice la solidaridad y legalidad, acabe con la impunidad, prohíba la reelección inmediata y establezca la transparencia y obligatoriedad de la rendición de cuentas bajo el control de la ciudadanía,

La ASAMBLEA CIUDADANA reitera, como en otras ocasiones, su posición frente a la cada vez más profunda crisis que enfrenta la sociedad panameña, la cual afecta estructuralmente todas las esferas:  política, económica, social, educativa, laboral, ambiental, y que somete a nuestra población a una decadente calidad de vida .

En ese sentido, ASAMBLEA CIUDADANA  insiste en que, sólo podemos resolver esta crisis con un verdadero entendimiento nacional que integre a todos los sectores del país y que tenga como propósito primordial refundar las relaciones y las estructuras de la sociedad panameña en un nuevo Pacto Social que de origen a una nueva Constitución.

Mientras ilusamente los partidos políticos ponen sus miras en las elecciones de 2014, sin saber siquiera si se realizarán, y aunque se realicen en nada resolverán los enormes y urgentes problemas del pueblo panameño, con una Ley electoral impuesta sin consulta ciudadana que solo traerá más violencia electoral y más monopolio de la representación popular, ASAMBLEA CIUDADANA alza su voz para exigir que se establezcan verdaderos mecanismos de consultas populares que nos permitan convocar- al pueblo panameño a la lucha por una Asamblea Constituyente, ya y ahora!, que sea democrática, inclusiva, verdaderamente participativa, en la que todos los sectores sociales puedan decidir, mediante un nuevo pacto social, sobre el país solidario y respetuoso de los Derechos Humanos en que nos merecemos vivir.

Para ASAMBLEA CIUDADANA, el sistema político imperante no permite fortalecer la participación, la representatividad y la acción ciudadana.  Más bien ha cumplido la misma función tradicional de legitimar los intereses privados de lucro y acumulación. El Gobierno continua saqueando impune y descaradamente los bienes e ingresos del Estado, descapitalizando y endeudando al país, aparte de que se ha convertido en un gobierno autocrático con una creciente militarización y mayor violación de los Derechos Humanos a la Justicia y a la Libertad de todos: Changuinola, San Felix y Colón, dan testimonio de ello. De igual forma  la violencia contra la mujer y la familia, para quienes el Gobierno no tiene una política de prevención a la violencia, la cual afecta no sólo a la mujer sino a sus hijos y a la familia en general.

ASAMBLEA CIUDADANA no puede dejar de alertar a la ciudadanía respecto al enorme endeudamiento contraído por el actual gobierno: A más de mil millones por año de gobierno, asciende el actual crecimiento alarmante de la deuda externa!  Los problemas y preocupaciones que vivimos y sufrimos la inmensa mayoría de panameños, entre ellos el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, el alto precio del combustible y la pesadilla del transporte público, así como la interminable crisis de la basura, y el evidente deterioro de los servicios públicos que, como la educación nacional (que pretenden  privatizar vía Decreto # 920), no cesan de agravarse, no podemos dejarlos agravar más!

Los megaproyectos están ofreciendo una megapobreza y un megaengaño!!

De igual manera, persisten en la multiplicación de cambios arbitrarios de zonificación, la persecución a  dirigentes gremiales y sindicales, las acciones tipo sicariato contra comunicadores sociales, la manipulación de la justicia, el transfuguismo, los escándalos cotidianos de corrupción desde el Ejecutivo, la criminalidad y la impunidad rampante (Migración, ANATI, Juan Hombrón, Financial-Pacific),  con el aval de la Contraloría y del Ministerio Público.

Sin olvidarnos de la imposición de obligatoriedad de tarjetas del Metro Bus y de los Corredores, la violación a las regulaciones de la UNESCO en el Casco Antiguo, la destrucción del patrimonio en Panamá Viejo, Bella Vista, Boquete y  la entrega a sectores privados de la åreas revertidas y de la Ciudad del Saber, la desnaturalización de la enseñanza de la historia Patria y los atentados cotidianos contra la identidad nacional.

Todo lo anterior acontece, bajo el control absoluto  de la Asamblea Nacional de Diputados y la Corte Suprema de Justicia por parte del Órgano Ejecutivo, arrebatándole a dichos poderes su independencia constitucional. En tales circunstancias, los nombramientos de Magistrado del Tribunal Electoral,  de la Corte Suprema y de la connotada represora de Derechos Humanos en la Procuraduría, sin consulta con la ciudadanía y con la exclusión de los organismos de la sociedad civil, despoja de toda  legitimidad dichas designaciones.

Además, como es público y notorio, el gobierno plutocrático pretende ahora aprobar en su Asamblea de Diputados, nuevos proyectos de ley creando la denominada Autoridad del Agua, la integración del Ministerio de Salud con la Caja de Seguro Social y, una otra Autoridad, esta vez para la Dirección General de Ingresos, al tiempo que avanza en el proceso de volver a privatizar las acciones que hoy detentan las empresas extranjeras de distribución eléctrica. Frente a estas intenciones, una y más veces rechazadas por los sectores populares y la sociedad civil, ASAMBLEA CIUDADANA deja sentada, nuevamente, su posición:

1.-Rechazamos firmemente, el anteproyecto de ley mediante el cual se crea la denominada Autoridad del Agua. Dicho anteproyecto permite la tercerización de todos los servicios del IDAAN que aún no han sido privatizados, posibilita el manejo por la banca privada de los recursos de la institución, y politiza dicha entidad al dejarla completamente dependiente del Ejecutivo y la Asamblea de Diputados.

2.-Nos oponemos rotundamente a la unificación del  sistema de salud, ya que esto no soluciona los problemas relevantes como la mora quirúrgica, la inhumana situación en los salones de urgencia, la deficiente atención y falta de medicamentos y el maltrata o a los jubilados.

3.-Respecto al intento de reprivatizar las acciones que detentan las multinacionales en las empresas mixtas de distribución eléctrica, exigimos que dichas acciones reviertan al Estado y que cese el pésimo servicio y las altas tarifas y reiteramos nuestra denuncia  y oposición a la forma inconsulta, prepotente y violatoria de los Derechos Humanos, mediante la cual el Organo Ejecutivo,  las empresas eléctricas y de minería están procediendo contra los pueblos originarios y los recursos naturales,  entre ellas las hidroeléctricas, Chan 75, Barro Blanco, Bajo Grande y las mineras de Petaquilla,  Cerro Colorado, Cerro Chorcha y Cerro Quema, entre otros, a las cuales se oponen en forma digna y ejemplar los pueblos originarios.

Los hechos apuntados son alarmantes. Las constantes amenazas a los medios de comunicación y a los periodistas, el monopolio de medios de comunicación por parte de allegados al Ejecutivo, la creación de “los gladiadores”, verdaderos codepadis mediáticos, constituyen un aviso insoslayable de que el país está ante una dictadura civico-militar, lo que viene remarcado por la acelerada militarización e impunidad de la Fuerza Pública, en abierto desafío a la prohibición constitucional y la impunidad con que se reviste a sus miembros ante los innumerables desmanes y abusos denunciados por la ciudadanía, las golpizas a ciudadanos y, particularmente por la continua aplicación arbitraria e ilegal del  “pelepolice” y de los “retenes Policiales”, en franco abuso de autoridad y violación de nuestros Derechos Humanos y nuestras garantías fundamentales, los cuales deben cumplir permanentemente para asegurar así la gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana dentro de un verdadero Estado de Derecho.

El curso gravemente preocupante por el que lleva al país el actual gobierno, hace creíble la posible reelección inmediata del actual Presidente, aún si para ello tuviesen que imponer cambios en la Constitución, por una u otra vía, revestidos de una falsa legalidad. Nos pronunciamos contra cualquier intento de reelección presidencial y abogamos por la no reelección a ningún cargo de elección.

Por una sociedad realmente democrática y respetuosa de los Derechos Humanos, que responda a la vida digna, ASAMBLEA CIUDADANA convoca a todos los panameños / panameñas y sus asociaciones a que nos unamos en esta lucha por un cambio profundo de nuestro sistema político, que está en una crisis insostenible, para que  luchemos por un nuevo Pacto Social que fundamente una nueva  democracia que vaya más allá de las elecciones y la representación parlamentaria de la voluntad popular. Que integre como parte de la democracia el ejercicio permanente de mecanismos de control ciudadanos, tales como: la auditorias sociales, las consultas populares, la revocatoria de mandato en todos los niveles donde los que ejercen la delegación no respondan a las exigencias de sus electores, consolidándose así, una auténtica Constituyente Originaria.

ASAMBLEA CIUDADANA

Panamá, lunes 14 de enero de 2013

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