El Grupo Gese y la defensa de la soberanía nacional

 

IMG_6418En los primeros días de enero vence la licencia otorgada al Grupo Editorial La Estrella y el Siglo (Gese) por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Si alguna acción no lo impide, dicho vencimiento conllevaría el cierre definitivo de ambos medios de comunicación, estrechamente vinculados a la historia de nuestra Nación. Tanto el gobierno nacional como algún gremio empresarial han insinuado, por decir lo menos, que la solución del problema radica en la decisión de su accionista mayoritario, Abdul Waked, de poner a la  venta dichos medios, para así salir de la denominada Lista Clinton, la cual prohíbe a las empresas y ciudadanos norteamericanos mantener algún tipo de relación con las empresas o personas enlistadas. No es un misterio que el señor Waked no ha contemplado vender dichas empresas periodísticas, por lo que el vencimiento de dicha licencia significa la muerte empresarial de dichos medios de comunicación.

El origen del caso Waked

Tan grave situación se origina por haber señalado dicha agencia norteamericana al señor Waked como cabecilla de una supuesta red de narcotráfico y lavado de dinero, definiéndola como una de las organizaciones criminales más grandes y poderosas del mundo, por lo que sus empresas fueron incluidas de inmediato en la ya mencionada Lista Clinton. Igualmente, de forma rauda diversas autoridades norteamericanas viajaron a Panamá y se entrevistaron con la Procuradora General de la Nación, poniéndola en autos de la decisión tomada y de los gravísimos cargos que hicieron recaer sobre las empresas lideradas por el señor Waked, lo que obligó al Ministerio Público a la apertura de una investigación exhaustiva sobre la persona y las empresas lideradas por él. Meses después, luego de minuciosas investigaciones, la fiscalía encargada del caso solicito el archivo del expediente por no haber encontrado indicios de tan graves supuestos delitos. A su vez, el señor Waked comunicó a la OFAC, través de sus abogados, que ponía a disposición de dicha agencia norteamericana sus libros contables y cuentas bancarias para que fueran examinadas, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna de sus acusadores.

De igual manera ha pedido en diversas ocasiones a la OFAC que presente las pruebas que los llevaron a tomar tan drástica decisión y la respuesta ha sido un impenetrable silencio. Siendo Panamá un país dolarizado, las empresas del señor Waked han tenido que ser vendidas a precios por debajo de su valor, so pena de una rápida muerte por inanición, al no poder realizar ninguna transacción bancaria internacional, incluyendo la utilización de tarjetas de crédito. Tales ventas conllevan un vicio de consentimiento, puesto que ha sido obligado a traspasar la propiedad de sus empresas.

La política de las cañoneras

Destruido un conglomerado empresarial para el que trabajaban miles de personas, ahora la muerte amenaza a la Estrella de Panamá y El Siglo, medios de comunicación emblemáticos. Debe dejarse sentado que la decisión de la OFAC es una medida extraterritorial, no legal, propia en el pasado de la “política de las cañoneras” y en el presente de la “política de los misiles y los drones”, puesto que al señor Waked se le ha negado lo establecido por el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma de su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley y en juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. De igual forma, el artículo 17 de dicha declaración afirma que “Nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad.” Y todo ello aplicando una medida administrativa con efectos fuera del territorio estadounidense.

Queda claro que tal medida extraterritorial atenta además contra el  Estado de Derecho, y en el caso de los periódicos La Estrella y el Siglo es violatoria de la libertad de expresión, el derecho a la información, los derechos humanos de más de 250 trabajadores y, lo más grave aún, constituye un gravísimo atentando contra la soberanía nacional.

Un intolerable ataque a la soberanía nacional

Como es sabido, el artículo 17 de la Constitución Nacional mandata lo siguiente: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales….”. ¿ Cómo ha respondido el gobierno nacional a tan desmedidas violaciones de principios protegidos incluso por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al menosprecio de las investigaciones realizadas por nuestro Ministerio Público, a la violación de los derechos humanos de miles de trabajadores y a un grosero ataque a nuestra soberanía nacional? Lamentándolo mucho, el Presidente Varela no ha hecho otra cosa que decir que su obligación era “la protección de los puestos de trabajo” y que el destino de dichos medios de comunicación estaba en manos de su propietario, dejando así sentada la posición de que su accionista mayoritario, Abdul Waked, tenía que vender. Tan indigna ha sido la posición del gobierno que el Embajador norteamericano en Panamá, señor John Feeley, ha realizado unas últimas declaraciones utilizando como sustento de las mismas frases textuales pronunciadas por el Presidente Varela.

No se trata ahora de exigir al gobierno nacional la adopción de medidas que hagan tabla rasa de la enorme desproporcionalidad de la relación de fuerzas existentes entre un pequeño país como el nuestro, y la mayor potencia militar del mundo. Los desplantes estúpidos están fuera de lugar. Pero si tenemos el derecho a exigir dignidad para demandar formalmente que se presentaran las pruebas de las que supuestamente disponen, puesto que nuestro Ministerio Público no ha encontrado ninguna. Y si no se presentasen, elevar una protesta diplomática formal, amen de nacionalizar las empresas del señor Waked a la espera de devolverlas a su legítimo dueño en propicia posterior ocasión. Nada menos ni nada más.

Desprotegidos por nuestro gobierno y sometidos a una situación humillante como nación soberana, no queda otra que llamar a la formación de un Frente por la Defensa de la Democracia, la Soberanía y la Libertad de Expresión, a la que todos los panameños, gremios, sociedad civil, movimiento estudiantil, y todo aquél que sienta en carne propia el actual escarnio, se sume para manifestar en la calle y en todos los foros nacionales e internacionales nuestro rechazo frontal a esta situación que creíamos ya totalmente superada.

Movimiento Democrático Popular
Panamá

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