ETNOCIDIO Y ECOCIDIO EN TABASARÁ

Nada dice Ricardo Fábrega sobre los derechos de los pueblos y la destrucción en marcha de los ecosistemas. Para él, el “estado de derecho” y la “democracia” se reduce a la propiedad privada y la demanda electrica de un modelo de sociedad cuya economía se centra en el comercio y no en la producción.

Esgrimen la seguridad jurídica en defensa de la empresa Generadora del Istmo, S.A. (GENISA) que construye la represa BARRO BLANCO que arrasan -de manera directa- la seguridad de vida de poblaciones indígenas y de la nación panameña, al destruir importantes ecosistemas que afectarán la biodiversidad de toda la región. De eso se trata, y no solamente de la demanda energética sustentada en una política que favorece a los empresarios y sus negociados con las hidroeléctricas.

NO A LA HIDROELÉCTRICA BARRO BLANCO

COMUNIDADES INDÍGENAS ENFRENTAN DESALOJO INMINENTE

El negocio de la hidroeléctrica de BARRO BLANCO destruye ecosistemas y empujan un inminente DESALOJO de familias indígenas. Los recién llegados, amparados por y con la fuerza policial, marchan a paso firme esparciendo la muerte. Las autoridades levanta y agitan la bandera de la “seguridad jurídica” arrastrando y pisoteándola seguridad y el derecho de los pueblos.

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