¿Qué mina no contamina?

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Dada la gravedad del tema, les envío este artículo que, aunque no denuncia totalmente la situación, sí es un primer esfuerzo serio de denuncia. Seguro que hay más casos en CA.

En Panamá, tenemos Petaquilla, Cañazas, Cerro Quema, Darién y los intentos de explotación de Cerro Colorado, Cerro Chorcha y otros. Hay que salir al paso de este asunto, no nos vayan a decir como a la gente de Barro Blanco que “ya está construida la represa, no se puede echar para atrás” o bien, “hay que respetar la seguridad jurídica de las inversiones”. ¿Y la seguridad vital de los pueblos?

js

— 
+Jorge Sarsaneda Del Cid
“La dolencia de amor
sólo se cura
con la presencia y la figura”
san Juan de la Cruz

 
 ¡AMANDLA AWETHU!

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Los mitos y promesas que difunden las empresas mineras para ganar mentes y corazones son falsos. Los desmienten estudios e informes. La minería metálica en Centroamérica ha sido dañina para el medioambiente, da poco empleo y trae más costos que beneficios a las comunidades. No genera desarrollo sostenible ni ingresos para los Estados. Ésa es la realidad.

Andrew McKinley

www.envio.org.ni/marzo2014

En el siglo 16, cuando el rey Fernando de España estaba definiendo las prioridades para la conquista del Nuevo Mundo, dio instrucciones claras: “Consigue el oro, humanamente si es posible. Pero a toda costa consigue el oro”.

El oro de las Américas fue la atracción principal para los conquistadores españoles hace más de 500 años, generando el saqueo de recursos naturales, el desarraigo y el exterminio de los pueblos autóctonos. Hoy vuelve la amenaza de intereses extranjeros bajo la modalidad de empresas mineras transnacionales, principalmente de capital canadiense, interesadas en la explotación del oro y otros minerales que quedaron sin tocar en el subsuelo de la región.

Un cinturón  de “oro invisible”

Según las empresas mineras, en la región centroamericana se encuentra oro en un cinturón que va desde México hasta Panamá. Se trata de un oro de muy baja concentración (entre 1 y 14 gramos de oro por tonelada de broza). Por eso, se le califica como “oro microscópico” u “oro invisible”. Para que sea rentable su explotación, se requiere del uso de una tecnología muy dañina para la naturaleza: destrucción de los bosques y contaminación de suelos, agua y aire. Todo esto, obviamente, tiene graves consecuencias para las formas tradicionales de vida y los derechos humanos más fundamentales de los pueblos más afectados.

Las empresas transnacionales que ahora vienen en búsqueda del oro de Centroamérica están motivadas por su alto precio en el mercado mundial (a casi 1,300 dólares la onza en 2013) y por los bajos costos de producción, debido a la falta de capacidad de los gobiernos de la región para monitorear y regular la industria minera. Además, les favorece que las leyes existentes en los países de la región permiten que la mayor parte de esta riqueza quede en manos de las empresas y no en la de sus verdaderos dueños, los pobres de Centroamérica.

Pueblos en resistencia y mineras a la ofensiva

Las comunidades circunvecinas de los proyectos mineros en Centroamérica y alrededor del mundo son quienes más sufren en carne propia el impacto de la minería.

Las poblaciones de estas comunidades, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, están levantando cada día su voz con más fuerza, en protesta por los pocos beneficios y los grandes costos económicos, sociales y ambientales que trae esta industria. Para contrarrestar esta ola creciente de resistencia frente la minería a nivel mundial, y especialmente en Centroamérica, las empresas mineras han pasado a la ofensiva. Están en un esfuerzo de ganar mentes y corazones y de convencernos de que hay una nueva forma de minería más limpia, beneficiosa para todos y respetuosa de los derechos humanos.

Debemos examinar y analizar de forma objetiva los nuevos argumentos de las empresas mineras para conocer realidades, deducir verdades, sacar lecciones y entender las verdaderas implicaciones de esta industria para la región centroamericana.

Casos emblemáticos en Centroamérica

Creemos importante y urgente este esfuerzo para que la ciudadanía goce de su derecho a estar informada y tome sus propias decisiones sobre la minería en su región, en su país, en su municipio y en su comunidad. Respaldaremos nuestro análisis y conclusiones a partir de las grandes lecciones ofrecidas por los casos más emblemáticos de la minería en Centroamérica y en otras partes del mundo.

Aunque hay más, consideramos proyectos mineros emblemáticos en Centroamérica el de la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacan, Guatemala (Goldcorp_Canadá), el de Cerro Blanco, en Asunción Mita, Guatemala (Goldcorp-Canadá), el de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, El Salvador (Commerce Group-Estados Unidos), el de El Dorado, en San Isidro, Cabañas, El Salvador (Pacific Rim-Canadá), el de San Andrés La Unión, en Copán, Honduras (Yamada Gold-Canadá), el de San Martín, en San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras (Goldcorp-Canadá) y el de Bonanza, Nicaragua (Hemco-Canadá).

En todo el mundo todas las empresas mineras plantean los mismos argumentos en su esfuerzo de ganar mentes y corazones para convencer sobre los beneficios de la minería en los países en vías de desarrollo. Estos argumentos se pueden resumir en promesas o “mitos”. Analicemos estos mitos en base a la realidad y a la práctica de la minería en Centroamérica.

El mito de la “minería verde”

El primer mito es que hoy la minería aplica una nueva tecnología que protege el medio ambiente. Las empresas mineras hablan de una nueva forma de hacer minería en armonía con el medio ambiente. Usan términos como “minería verde”, “minería moderna” y “minería responsable”, en un esfuerzo de generar la percepción de que las cosas han cambiado.

La práctica en Centroamérica nos enseña que cada etapa de la minería, desde la exploración hasta la extracción, el procesamiento y el refinamiento, genera daños muchas veces irreversibles al medio ambiente. En la etapa de exploración las empresas mineras hacen cientos de perforaciones profundas en la tierra (hasta de 400 metros) para comprobar la presencia y el grado de concentración del oro. En ese proceso, es frecuente que se afecten los mantos acuíferos y las fuentes de agua de las comunidades cercanas, como sucedió entre 2007 y 2009 en el proyecto minero El Dorado, en Cabañas, El Salvador. En este caso, una empresa canadiense terminó secando más de veinte nacimientos históricos de agua en las comunidades locales.

Lo que cuesta un anillo de oro

Dada la baja concentración del oro en la región, la producción de una sola onza de oro (tamaño de un anillo) requiere la extracción de más de veinte toneladas de roca, destruyendo bosques y suelo en el camino. En esta etapa, se rompen las rocas con dinamita, contaminando el aire con polvo y con metales pesados. Se destruyen paisajes y cerros -sagrados para los pueblos mayas de Guatemala y otros grupos étnicos de la región- dejando enormes tajos en la superficie de nuestro planeta. 

Las dimensiones de algunas de las minas más grandes en el mundo de hoy se pueden observar desde el espacio.

La contaminación de las aguas

La minería de oro requiere de cantidades exorbitantes de agua, recurso cada día más escaso en el planeta y que las empresas mineras rara vez pagan. Se calcula que la mina Marlin de Guatemalautiliza unos 250 mil litros de agua por hora, unos 6 millones de litros de agua diarios, cantidad que usa una familia campesina en 30 años. Comunidades que viven cerca de la mina han reportado más de 40 pozos comunales secos en los ocho años de operaciones mineras.

Una mina de níquel en reconstrucción a la orilla del Lago Izabal, Guatemala, conocido como proyecto Fénix, utiliza diariamente trece veces la cantidad de agua requerida para el pueblo cercano de El Estor. Según la población de Valle de Siria en Honduras, una zona históricamente ganadera y de producción de granos básicos, en nueve años de operaciones la mina San Martín ha secado 19 de los 23 ríos originales de la zona.

Pero la fuente más problemática de contaminación al agua es el drenaje ácido de minas. Este fenómeno ocurre con frecuencia en las minas de oro. Aparece cuando la roca del subsuelo contiene sulfuros, lo que es común en Centroamérica. Cuando el sulfuro en la roca se expone al oxígeno del aire y a la lluvia, se transforma en sulfato y éste se transforma en ácido sulfúrico. Este ácido actúa sobre la roca liberando otras sustancias, como plomo, magnesio, cadmio, mercurio y arsénico. Estos metales pesados y el mismo ácido sulfúrico terminan contaminando ríos, lagos y mantos acuíferos.

Un ejemplo dramático de este fenómeno puede encontrarse en San Sebastián, departamento de La Unión en El Salvador, donde existió minería industrial en décadas anteriores. Las comunidades cercanas al río San Sebastián han perdido su fuente principal de agua, contaminada con ácido y metales pesados. Y siguen sufriendo los remanentes de una industria que dejó muchos más daños que beneficios.

La amenaza del dañino cianuro

Además del uso de grandes cantidades de agua, la minería de oro en Centroamérica contamina ríos, lagos y mantos acuíferos con cianuro, un químico altamente tóxico, requerido en enormes cantidades para la etapa de lixiviación.

Este químico es una amenaza a la flora y fauna y, en cantidades tan pequeñas como la de un grano de arroz, puede matar a un ser humano. Según informes del mismo gobierno, en Valle de Siria, Honduras, la minería de oro dejó ríos y otras fuentes de agua contaminadas con niveles de cianuro mayores que las normas internacionales. Otros estudios independientes demuestran el mismo fenómeno en Guatemala (río Tzalá en San Marcos), en El Salvador (río San Sebastián en La Unión) y Nicaragua (río Bambana en la Costa Caribe). [En Panamá, en la mina de Cañazas, también sucedió]

El drenaje ácido es un problema difícil de detectar durante la vida de una mina. Tiende a aparecer cuando la empresa minera ya ha cerrado las puertas y se ha ido con el oro. Lo que es peor: puede durar cientos de años. Por eso algunos analistas lo llaman la “bomba de tiempo” de la minería. Han descubierto minas en España y Francia de la época de los romanos que todavía están generando drenaje ácido de la mina.

La minería metálica, especialmente la minería de oro, se considera como la fuente principal de la contaminación del agua en Estados Unidos y en otros países con larga historia en esta industria.

Un nuevo informe de Earthworks, utilizando datos del gobierno estadounidense, indica que las minas de ese país contaminan cada año con tóxicos y metales pesados más de 27 mil millones de galones de agua en los ríos y lagos del país. Según el mismo informe, se requerirían aproximadamente 67 mil millones de dólares anuales y por toda la eternidad, para rectificar estos daños.

El mito del mucho empleo para la comunidad

Existe una realidad paradójica en los países en vías de desarrollo donde se explotan metales preciosos, como oro y plata.

Con mucha frecuencia, en estos países encontramos minas ricas en minerales a la par de comunidades viviendo en la absoluta pobreza. ¿Cómo es posible que una comunidad que vive a la par de una mina de oro viva en tanta pobreza? De allí surge la pregunta: ¿Quiénes realmente se benefician de la minería de oro y quienes pagan los costos?

Las empresas mineras argumentan que la minería genera empleo para las comunidades locales. No obstante, según estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas, la minería de hoy genera solamente el 0.09% del empleo a nivel mundial. Además, el empleo que genera es principalmente para personas traídas de afuera de la comunidad y del país, ya tecnificadas y experimentadas en la industria minera, no para la gente de las comunidades cercanas. La minería de oro está altamente mecanizada, requiriendo poca mano de obra. Los empleos ofrecidos a personas de la comunidad tienden a ser los más peligrosos y peor pagados.

Minas de vida breve

Otro elemento importante para deshacer este mito es que las minas de hoy tienden a tener vidas muy cortas.

A la mina Marlin en Guatemala se le calcula una vida de sólo 10 años. A la mina El Dorado en Cabañas, El Salvador, de sólo 6 años. La mina San Martín en Valle de Siria, Honduras, ya cerró después de una vida de sólo 9 años. Así, cualquier empleo que genera la minería de oro en Centroamérica será de poca duración, pero será tiempo suficiente para contaminar el suelo y el agua, poniendo en peligro la agricultura, la pesca, la ganadería y las demás formas tradicionales de vida en las comunidades cercanas.

Ése será el “boom económico” que heredaremos de la minería de oro. Los costos de la destrucción ambiental y la amenaza a la viabilidad de las comunidades más cercanas los pagarán los pobres, mientras que los grandes beneficios de la minería se los quedarán los dueños de las empresas mineras.

El mito del desarrollo sostenible

La minería de oro explota recursos no renovables. Una vez que se extrae el oro del subsuelo y se saca fuera, lo extraído no vuelve nunca a la tierra. Así que no hay nada “sostenible” en esta actividad en un país en vías de desarrollo. 

A la vez, en los últimos años, ha habido un cuestionamiento fuerte de la contribución que hace la minería en términos de generación de riqueza e ingresos para los Estados. En un estudio ya famoso sobre la contribución de la minería metálica a las economías de países en vías de desarrollo, investigadores del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas universidades del mundo, concluyeron (noviembre 1997) que “países abundantes en recursos naturales tienden a crecer a un ritmo más lento que naciones sin recursos naturales”.

En un estudio similar, Michael Ross, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de California, concluyó en el año 2001 que “existe una fuerte correlación entre niveles altos de dependencia de los minerales y altos índices de pobreza”. Además, encontró en el mismo estudio que en países dependientes de la explotación de minerales, la expectativa de vida es más baja, la mortalidad infantil es mayor, los niveles de equidad en la distribución de la riqueza son menores, hay mayor fluctuación en las economías, hay mayores niveles de corrupción, ineficiencia gubernamental, autoritarismo, militarización y violencia.

Los estudios lo confirman

El mismo Banco Mundial, a pesar de haber promovido la minería en países en vías de desarrollo alrededor del mundo, ha tenido que aceptar los resultados de sus propios estudios, que indican que las economías de países dependientes de metales para sus exportaciones tienden a crecer a un ritmo más lento que países sin metales.

Resultados de un estudio del Banco Mundial entre 1990 y 1999 en países en vías de desarrollo cuyas economías dependían, en diferentes grados, de la exportación de minerales, demostró que todos los países estudiados mostraron un nivel de crecimiento económico negativo y, en la medida en que la dependencia de minerales era mayor, 
el crecimiento era menor.

Seis años después del estudio del Banco Mundial, Thomas M. Power, director del Departamento de Economía de la Universidad de Montana, en su estudio sobre costos y beneficios de la minería en Centroamérica, confirmó esta realidad y sacó esta conclusión: “En general, el desarrollo minero no ha traído prosperidad sustancial a los trabajadores, comunidades o países. Con algunas excepciones, países especializados en la explotación de minerales han experimentado tasas significativamente más lentas de crecimiento económico que otros durante el último cuarto de siglo”.

El mito de los beneficios para el país

La abundancia de evidencia sobre la relación entre la minería metálica y la pobreza en países en vías de desarrollo ha llevado a muchos analistas a empezar a hablar de “la maldición de los recursos naturales”. La razón de fondo de este concepto sorprendente es que los costos económicos, sociales y ambientales para los países en vías de desarrollo son mucho más grandes que los beneficios.

Para estudiar más este fenómeno, en el año 2009 Christian Aid, una organización católica de desarrollo con sede en Inglaterra, hizo un estudio de los ingresos que dejaba al Estado de Guatemala la mina Marlin, de capital canadiense, ubicada en el norteño departamento de San Marcos. La mina Marlin es de las minas más grandes y más ricas en oro y plata de Centroamérica. También, es de las minas más controversiales por la destrucción de bosques, contaminación de agua, destrucción de vivienda, desplazamientos, problemas de salud y conflictos sociales que ha generado.

En el estudio de Christian Aid se encontró que en el año 2005, año de arranque de la mina Marlin, Goldcorp exportó oro y plata de Guatemala por un valor de 11 millones 700 mil dólares, pero sólo pago un total de 130 mil 94 dólares en regalías al Estado, el 1.1%. En el año 2006, Goldcorp exportó oro y plata con un valor de 109 millones 900 mil dólares y sólo pagó 4 millones 700 mil dólares al Estado de Guatemala, el 4.3%. En el año 2007, Goldcorp exportó de Guatemala oro y plata con un valor de 203 millones 700 mil dólares y sólo pagó al Estado de Guatemala 11 millones 400 mil dólares, el 5.6%. Viendo esta realidad, es obvio que la minería de oro ha sido un mal negocio para Guatemala. Esto fue confirmado aún más por un estudio de la Asociación de Inversión y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala en el año 2010.

Analizando el mismo proyecto Marlin, ASIES tomó en cuenta, además de impuestos y regalías pagados al Estado, el valor de los empleos generados, los proyectos de desarrollo local y otros los beneficios.

Sus conclusiones apuntan al mismo desbalance identificado en el estudio de Christian Aid: “Es evidente la existencia de beneficios económicos derivados de la operación de la mina Marlin. Sin embargo, al compararlos con la distribución del valor de la producción, y sin incluir sus impactos económicos, sociales y ambientales, se evidencia que esta distribución es desventajosa para el Estado, tomando en cuenta que el Estado mismo es propietario de los recursos oro y plata.

Con las cifras expuestas en el estudio, el valor bruto estimado de la producción de la mina Marlin se distribuye en promedio en 13.9% para el país y 86.1% para la empresa minera”.

En el mismo estudio, hallaron que la mina Marlin generó tres veces más costos que beneficios para el país: “Con los valores obtenidos, los costos superan a los beneficios. Tomando como referencia el año 2008, año de su valorización, la proporción de los costos con relación a los beneficios (RCB) es de 3.51. Siendo ampliamente mayores los costos que los beneficios obtenidos, la lógica económica de evaluación de esta clase de proyectos estaría advirtiendo que el proyecto minero Marlin no es viable económica y socialmente para el país”.

Comprobado: Donde hay minas hay pobreza

Encontramos este mismo fenómeno en otros países del mundo que permiten la minería metálica. Los beneficios más significativos van a los dueños de las minas y los costos se quedan en las comunidades más cercanas, generando una relación clara y preocupante entre minería metálica y pobreza.

En la última década, Mali, en África, ha aumentado su exportación de oro en 75% y sigue siendo el tercer país más pobre del mundo. En la provincia de Cajamarca, en Perú, existe la mina de oro más grande y más rica en las Américas, Yanacocha. No obstante, Cajamarca sigue siendo de las provincias más pobres y más conflictivas de Perú. Bonanza, en Nicaragua, lleva más de cien años de minería de oro y el 40% de la población vive en pobreza absoluta. Las zonas mineras históricas de Estados Unidos (Kentucky, West Virginia, Tennessee) tienden a ser, hoy en día, las áreas de menor desarrollo socioeconómico, de mayor pobreza, de mayor desempleo y de mayor dependencia de programas 
de ayuda el gobierno.

En su presentación al Foro Mundial de Ministerios de Minería en Toronto, Canadá, en el año 2006, John G. Ruggie, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Corporaciones y Derechos Humanos, hizo este planteamiento: “El sector extractivo (petróleo, gas y minería) genera la mayoría de denuncias sobre los peores abusos de derechos humanos, incluyendo complicidad en crímenes de lesa humanidad, y una variedad amplia de abusos en relación a comunidades locales, especialmente pueblos indígenas”.

El mito del respeto a los derechos humanos

Las empresas mineras en Centroamérica -la mayoría canadienses-, en su búsqueda intransigente de acumulación y enriquecimiento han sido notorias por la violación a los derechos humanos más fundamentales de las poblaciones afectadas. Una de las violaciones de mayor contundencia y frecuencia es al derecho de las comunidades cercanas a una vida digna y sostenible. El análisis de la práctica en los proyectos mineros más emblemáticos en la región nos da grandes lecciones.

La mina Marlin en San Miguel Ixtahuacan, Guatemala, ha destruido montañas enteras, ha contaminado ríos y aguas subterráneas, ha generado un ambiente de vicio (cantinas) y altos niveles de violencia, especialmente contra las mujeres. Y lo ha hecho sin haber solicitado la autorización de las comunidades indígenas cercanas para la explotación de sus recursos, derecho garantizado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La mina ha destruido más de 150 viviendas en comunidades mayas por las vibraciones de la tierra generadas por las explosiones de dinamita y por el equipo pesado uilizado en el proyecto.

El proyecto Fénix en Izabal, Guatemala, ha desplazado forzosamente a comunidades mayas de terrenos que han habitados por cientos de años. Ahora, con nuevo dueño, es responsable por la violación, tortura y asesinato de líderes y lideresas mayas que han protestado contra la presencia de la mina en sus territorios.

La mina San Andrés, en La Unión, Honduras, ha desplazado a toda la comunidad de San Andrés. La mina San Martin, en Valle de Siria, Honduras, ha contaminado los ríos de esta zona con cianuro, arsénico y metales pesados, hecho confirmado en estudios del mismo gobierno. Esta contaminación ha generado enfermedades graves a las personas de las comunidades cercanas, especialmente a mujeres, niños y niñas.

El proyecto minero El Dorado, en Cabañas, El Salvador, ha generado un ambiente de conflicto y violencia en las comunidades del municipio San Isidro, que resultó en el asesinato de cuatro activistas antimineras, incluyendo a una señora con ocho meses de embarazo.

Violan el derecho a la consulta

El derecho más fundamental de países y comunidades afectadas por la minería de oro es el derecho a definir su propio camino hacia el desarrollo y ser consultadas antes de la aprobación de cualquier actividad que afecte las formas tradicionales de vida o la viabilidad territorial. 

Este derecho pertenece, de forma especial, a los pueblos indígenas y está garantizado por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y por la Declaración Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización
de Estados Americanos (OEA). No obstante, no existe en Centroamérica ningún caso de consentimiento previo, libre e informado de pueblos indígenas o no indígenas para la exploración o explotación de oro. Con demasiada frecuencia, los intereses empresariales se imponen sobre los intereses comunales y los intereses del mismo Estado.

Con demasiada frecuencia, empresas transnacionales ejercen más poder de decisión sobre el destino de países en vías de desarrollo que los mismos gobiernos. Tal es el caso de Guatemala donde más de cincuenta municipios en territorios de los pueblos maya, sipakapense y xinca han promovido consultas populares con la participación de más de un millón de personas. No obstante, las empresas mineras siguen explorando las minas sin respetar la voz de la ciudadanía.

Actúan contra las voces ciudadanas

En Honduras, un movimiento amplio de más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los pueblos autóctonos lenca y maya chortí, impulsaba un proyecto de ley para la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y el uso de químicos tóxicos, como cianuro. No obstante, el gobierno aprobó una legislación, elaborada con el apoyo de empresas mineras canadienses, que abre el país sin restricciones a la explotación minera.

El caso de El Salvador es aún más dramático. En este país, tan densamente poblado, con crisis de agua y un medioambiente, descrito por las Naciones Unidas como el más deteriorado en las Américas después de Haití, la ciudadanía y el gobierno se han pronunciado en contra de la minería metálica.

La voz de rechazo a esta industria incluye algunas de las instituciones, sectores, organizaciones y personajes más importantes del país: Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, Cáritas, Procurador de Derechos Humanos, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Nacional, Iglesia Luterana, Conferencia de Religiosos y Religiosas, Mancomunidad de Municipalidades de Chalatenango en la cuenca del Río Lempa, ambientalistas, Mesa Nacional Frente a la Minería, Alianza Ambiental, Foro del Agua, Foro para la Salud, un ex-Presidente de la República y el actual Presidente Mauricio Funes.

A pesar de estas voces, una empresa minera canadiense, Pacific Rim, insiste en extraer oro y plata en el departamento de Cabañas y ha demandado al gobierno de El Salvador por 315 millones de dólares por el simple hecho de haber ejercido su derecho a decir NO a la destrucción ambiental, negando una licencia para la explotación minera.

Otra empresa canadiense va adelantada en sus preparativos para abrir una mina de oro y plata (Cerro Blanco) en Guatemala a pocos kilómetros de la frontera con El Salvador, a pesar del rechazo gubernamental de El Salvador y de la ciudadanía de ambos países. Pruebas científicas del agua de esta mina muestran un alto contenido de arsénico contaminando el río Ostúa, que corre hacía el lago Guija y el río Lempa, principal fuente de agua y energía eléctrica de El Salvador.

Todos los mitos de las mineras son falsos

La minería de oro en Centroamérica sigue violando los derechos humanos más fundamentales de los pueblos y bloquea la búsqueda de los países en vías de desarrollo de encontrar sus propios caminos hacía el progreso. La minería de oro en Centroamérica está destruyendo medios tradicionales de vida basados en la agricultura, pesca y ganadería. Además, amenaza sectores importantes de las economías nacionales, como el turismo y la agroexportación. También viola derechos básicos de la ciudadanía, especialmente los de las mujeres y los pueblos indígenas, y amenaza el tejido social de la región centroamericana, todavía recuperándose de años de polarización política y guerra civil.

Un análisis de fondo, basado en la experiencia real con los proyectos mineros más emblemáticos en Centroamérica, nos brinda grandes lecciones. Nos enseña, en la práctica, que las promesas o “mitos” que promueven las empresas mineras para ganar mentes y corazones a favor de esta industria son falsos, sin sustento en los hechos reales. No hay mina que no contamine. La minería de metales en Centroamérica ha sido dañina para el medioambiente por la tecnología que aplica y no hay nada nuevo bajo el sol que pueda cambiar esa realidad.

La minería genera poco empleo por poco tiempo y trae más costos que beneficios a las comunidades más cercanas. Tampoco genera desarrollo sostenible ni ingresos significativos para los países de la región. La minería metálica en Centroamérica y en muchas otras partes del mundo sigue violando sistemáticamente los derechos más fundamentales de la ciudadanía.

El lujo del oro y los derechos de los pueblos

La minería de oro genera un producto principalmente de lujo, no necesario. Más del 80% del oro extraído hoy se emplea en joyería. Otra cantidad sirve como base para las inversiones especulativas de los ricos de este mundo, que se refugian en el oro frente a la amenaza de una economía inestable. Hoy en el mercado mundial hay oro suficiente en la cantidad disponible para las necesidades industriales.

Es necesaria una voz de alerta que contribuya al análisis serio, al diálogo, al debate y a la toma de decisiones, priorizando siempre el bienestar general, la soberanía nacional y los derechos de los sectores tradicionalmente marginados y vulnerables.

Los países centroamericanos con recursos minerales tienen el derecho y la obligación de hacer su propia evaluación de costos y beneficios frente la nueva ofensiva de las empresas mineras en la región.

Participación, a nombre de Catholic Relief Services, agencia oficial de la comunidad católica de Estados Unidos para ayuda humanitaria internacional, en el seminario anual de la comisión provincial de apostolado social de los jesuitas de Centroamérica y Panamá dedicado a la minería, celebrado en San Salvador en septiembre de 2013.

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