EN REFERENCIA AL PROYECTO 651 SOBRE CRIMEN ORGANIZADO

1-IMG_1530Como en otras ocasiones cuestionamos las reformas a los Códigos Procesal Penal y al Código penal que se presenten de manera unilateral por el Ministerio Público o las instituciones de seguridad del Estado, sin consultar ni debatir con el resto de las instituciones de justicia ni con el gremio de abogados. Adicionalmente cuestionamos que estas reformas, que puedan afectar garantías fundamentales de los ciudadanos, se discutan a tambor batiente en sesiones extraordinarias.

Más grave aún, el proyecto de Ley 651 se refiere a la investigación de la delincuencia organizada pero introduce una reforma al artículo 42 del Código Penal que plantea: “Quien mediante el uso de la fuerza física o intimidación amenace a testigos, peritos, jueces y fiscales o agentes de la fuerza pública será sancionado con prisión de 8 a 12 años.” Este artículo debe ser rechazado por la Asamblea Nacional de Diputados.

Aunque este artículo se encuentra en el Titulo XII sobre delitos contra la administración de justicia, donde lo que se tutela es la correcta administración de justicia, la redacción no deja claro si las amenazas o intimidación contra el miembro de la Fuerza Pública son en relación con un proceso penal o en la actuación cotidiana de la Fuerza Pública.

No podemos aceptar que con la excusa de perseguir y combatir el crimen organizado se introduzcan reformas que creen dudas en la Fuerza Pública sobre los límites a su rol de la colaboración con la justicia.

Esta reforma no es necesaria y lo único que hace es aumentar la molestia y el descontento por la impunidad que existe en el país ante los abusos y malas prácticas policiales.

Las leyes que prohíben la detención de los policías investigados por abuso policial, los indultos otorgados a los miembros de la Fuerza Pública, han creado el ambiente propicio para la impunidad y es necesario revertir urgentemente este orden de cosas.

Panamá, 10 de diciembre del 2013
Día Internacional de los Derechos Humanos

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