¡NO A LA IMPUNIDAD POLICIAL! ¡ABAJO LA LEY 74!

Indignados

Movimiento Popular Unificado

El lamentable incidente en que dos menores de edad murieron abaleados por elementos de la Policía Nacional en San Carlos, la semana pasada, y la posterior agresión sufrida por el  precandidato presidencial Genaro López, por parte de policías que dispararon a su vehículo, constituyen el peor síntoma de unos sistemas de seguridad remilitarizados y estimulados desde el gobierno para reprimir a la población sin respetar elementales derechos humanos y procedimientos coherentes.

Todos recordamos que a pocos meses de iniciado el gobierno de Ricardo Martinelli-CD, en 2010, una de sus primeras iniciativas más repudiadas fue la imposición de la Ley Chorizo o Ley 74, por la cual se dictaban diversas medidas, entre ellas un artículo que creaba un fuero especial para policías acusados de violación a los derechos humanos durante el ejercicio de sus funciones, por el cual no son separados del cargo, ni detenidos, sino trasladados. Este artículo dio pie a la salvaje represión policial de Changuinola durante las protestas contra misma la Ley Chorizo, en julio de 2010, con su saldo de muertos y heridos.

Pese a que la “Mesa de Diálogo” posterior, encabezada por los sindicalistas Rafael Chavarría y Saúl Méndez, logró la derogación de aspectos importantes de la Ley Chorizo, el artículo referente a la policía permaneció. De ahí en adelante los abusos policiales se convirtieron en la norma, con su saldo trágico de lesionados y heridos: en San Félix, en 2011 y 2012; en la lucha de Colón de hace un año; en múltiples incidentes en barrios populares.

El caso del precandidato presidencial Genaro López implica especial preocupación porque ya existen claras manifestaciones de la intromisión de la violencia en la política nacional. Los recientes casos del ex gobernador de Coclé, Darío Fernández, y del abogado Ramón Messina, están frescos en la memoria de todos. Investigación transparente y justicia en estos casos se requieren para evitar que nos deslicemos por el camino dramático en que han caído países vecinos.

Es necesario recordar que el proceso de remilitarización no empezó con Martinelli, sino que data del gobierno de Martín Torrijos-PRD, bajo el llamado Plan Mérida de seguridad centroamericana, impulsado por Estados Unidos. Con la excusa del combate al narcotráfico se ha procedido a un proceso de remilitarización paulatino de los estamentos policiales, en particular de Senafront (Policía de Fronteras), el cual a su vez ha dado lugar a otro tipo de abusos, como el estado de sitio de hecho en que está la provincia de Darién.

Este proceso, tutelado por el imperialismo yanqui, también ha implicado un cuestionable trabajo conjunto con el ejército colombiano, cuestionado por sus métodos antidemocráticos y sus relaciones con el paramilitarismo, por el cual se han dado incursiones de este lado de la frontera y ha muerto, en circunstancias no explicadas, un piloto panameño y cuatro militares yanquis en territorio colombiano.

Ni la remilitarización, ni los métodos represivos que pisotean elementales derechos humanos, han producido el mínimo de seguridad ciudadana y disminución de la criminalidad con que el gobierno ha querido justificar esos procedimientos. Para nada se aprecia una disminución del problema del narcotráfico, los asaltos y asesinatos. Por el contrario, las cifras de los delitos se han disparado y son escalofriantes.

El Movimiento Popular Unificado se suma a los cientos de pronunciamientos que exigen investigación y justicia frente a todos los abusos policiales, en especial, el de los niños asesinados en San Carlos. Al igual que una multiplicidad de organizaciones de derechos humanos, sindicales y democráticas, exigimos la derogación inmediata de la Ley 74. A su vez, exigimos la investigación de todos los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía desde 2010, empezando por los de Changuinola y continuando con los de Colón.

No escapan a su responsabilidad penal y política tanto los que impusieron la Ley 74 desde el gobierno, como los jefes que han ordenado la represión en esos casos, empezando con el propio presidente de la república, Ricardo Martinelli, su ministro de seguridad José R. Mulino, y sus jefes policiales, Gustavo Pérez y Julio Moltó.

La ciudadanía panameña reclama seguridad frente a la creciente ola delincuencial, pero seguridad de parte de una policía confiable y responsable que no esté por encima de la ley, que sea profesional y respete los derechos humanos. Por supuesto, los policías también tienen derechos, empezando por el del buen trato interno, el derecho al descanso sin turnos inhumanos, a un adiestramiento profesional y, sobre todo, a la organización gremial para defenderse frente a los jefes abusivos.

Panamá también necesita romper con todos los acuerdos de seguridad que han conducido a esta remilitarización tutelada por imperialismo yanqui y al servicio de los aviesos intereses de la oligarquía neoliberal. Para alcanzar la verdadera y plena soberanía nacional, y darnos un esquema de seguridad nacional que sirva a los verdaderos intereses del pueblo panameño se requiere romper con el Pacto de “Neutralidad” de 1977, y con acuerdos como el Salas-Becker y el Plan Mérida.

Panamá, 30 de octubre de 2013.

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Una respuesta a ¡NO A LA IMPUNIDAD POLICIAL! ¡ABAJO LA LEY 74!

  1. Amarillys Taylor dijo:

    Esta ley 74 es inconstitucional pues la constitución declara que no existen fueros ni privilegios y esto es lo que se aplica aquí cuando un gremio puede aplicar esto diciendo : ” Policía juzga a policía ” pues entonces todos los gremios podrían acogerse a esta ley es decir: ” médico juzga a médico”, bombero juzga a bombero etc. etc.
    Los parientes de los niños asesinados deben contratar un buen abogado y esperemos que 2 una vez no es costumbre” la justicia reaccione correctamente. Pero como no tenemos muy buenas nuevas sobre la justicia panameña…

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