EDUCACIÓN Y PRIVATIZACIÓN

Lucha de los educadores en Octubre de 1979

Para analizar el decreto 920 del 30 de octubre de 2012. “Que crea el sistema de gestión de formación integral y se dictan otras medidas” 

Compañeras y compañeros educadores

Este decreto responde a la lógica de los planes y políticas económicas neoliberales que se aplican en nuestro país para facilitar a los intereses privados convertir en  actividades lucrativas servicios de vocación estatal, porque pertenecen al campo de los derechos populares y de la ciudadanía. Busca eliminar la educación pública obligatoria y la gratuidad de la misma como lo establece la constitución.

Esta intención tiene antecedentes 

En 1997 – 1998 el entonces ministro de educación Pablo Antonio Thalassinos trató de imponer esa política a través de La ley 28. Con el apoyo de los padres y madres de familia y la unidad del movimiento magisterial se logró derogarla y restituir a 110 dirigentes magisteriales quienes, por oponerse, habían recibido como sanción su destitución.

¿Qué establece el Decreto 920? 

Analicemos el contenido de este decreto y le invitamos a estudiarlo para que educadores, padres y madres de familia, estudiantes y la comunidad en general podamos demandar su derogación.

El Decreto 920 del 30 de octubre de 2012,  crea el Sistema de Gestión de Centros Educativos de Formación Integral dictan otras disposiciones. Cuenta con 41 artículos que establecen un nuevo modelo de administración educativa, basado en un sistema de gestión administrativa de los centros educativos, que contradice los principios constitucionales establecidos en su artículo Nº 95:

“La educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitarios. Es obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general. 

La gratuidad implica para el Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras completa su educación básica general. 

La gratuidad de la educación no impide el establecimiento de un derecho de matrícula pagada en los niveles no obligatorios” 

Este sistema de manera solapada privatiza los centros educativos, ya que los directores, docentes, padres de familia deberán gestionar los recursos  para mejorar las condiciones de los planteles. Se hace recaer en el padre de familia, en el directivo y docentes el costo que representará mejorar  las condiciones de las escuelas,. Esto está contemplado en los artículos 1,2,3,4,5, del Decreto.

¿Dónde se aplicará? 

El artículo cuarto señala: El sistema de gestión y funcionamiento será implementado gradualmente a nivel nacional, en instituciones educativas oficiales denominadas Centros Educativos de Formación Integral”.

Queda claro que no es como han manifestado funcionarios de MEDUCA, que sólo es para dos escuelas, porque se implementará de forma gradual, en todas las escuelas del país.

¿Cómo Funcionará? 

Artículo 10: “En cada Centro Educativo de Formación Integral funcionará un Consejo Académico…”. Este Consejo Académico remplaza a la  Comunidad Educativa.  Esta Comunidad Educativa, fue establecida con la participación de los gremios magisteriales, y todavía se sigue un proceso  de integración de las mismas, de las cuales no se ha hecho una evaluación.  Ahora la cambian unilateralmente, por el Consejo Académico.

Los artículos: 12,13,14,15,16,17, establecen los requisitos para aspirar a las posiciones directivas y docentes de los Centros Educativos de Formación Integral.  En cuanto a estos requisitos se requiere un perfil de 22 competencias para ser directivo y 27 competencias para los docentes.

El Capítulo Tres, señala el “Procedimiento de Selección y Nombramiento del Personal Directivo, Docente y Administrativo”.

Establece cinco etapas que se divide en: Convocatoria, postulación, evaluación de la candidatura, determinación de elegibles y selección.

En la etapa de la postulación los educadores que se postulen, entre otras cosas, deben dirigir una “Nota al Ministro/a de Educación en la que explique su interés de ocupar la posición a la que se aspira”.

El hecho que haya que hacer esta solicitud retrotrae a 1940, cuando los maestros tenían que llevarle una nota al Ministro de turno, solicitando el nombramiento, si el docente respondía partidariamente al gobierno de turno se nombraba. En contra de esto fueron las jornadas de lucha llevadas a cabo por Sara Sotillo, y a través de ella centenares de educadores que nos legaron la estabilidad y frenaron las prácticas clientelistas eliminando la posibilidad de que la inscripción o militancia partidista incidiese en los nombramientos.

El Artículo 27 señala: “Sólo se tomarán en cuenta los títulos y documentos académicos relacionados con el cargo sometido a concurso.

En el caso de los cursos y seminarios de actualización, sólo se considerarán los realizados durante los últimos cinco (5) años.

Nos preguntamos: ¿un docente que labora en áreas de difícil acceso, tendrá que mantenerse hasta sus 57 o 62 años fecha en que se jubile? Cómo quedarán las escuelas multigrados que  representan aproximadamente el 68%. Habrá entonces dos tipos de educación, violentando la Constitución, que señala que no hay fueron ni  privilegios?

¿Cómo se evaluará a directores y maestros? 

Se crea el Consejo de Evaluación que estará integrado por el Ministro, el Director General, Cinco Directores Nacionales, Dos Psicólogos nombrados por el Ministro/a, Un representante de la empresa privada. Este es un personal fuera del centro que no sabe cómo se ha trabajado.

Cómo lo harán? Las evaluaciones, dice el artículo 31: “se realizarán por medio de pruebas orales, escritas  en las cuales se podrá contemplar  estudios de casos, demostraciones prácticas…” Las pruebas orales y escritas tienen un valor de 35% cada una.

El artículo 33, dice: que el Consejo de Evaluación rendirá un informe por cada concursante y señala si reúne o no las competencias para el cargo. El resultado de esta evaluación no admite recurso alguno.

Artículo 39: “El personal directivo, docente y administrativo de los Centros de Formación Integral será nombrado conforme los requisitos legales y su duración en el puesto estará condicionado  a los resultados de su desempeño en el cargo que ejerce, por lo que serán evaluados anualmente”.   Aquí está la eliminación de la estabilidad del personal docente y directivo. Quizás es una de los pocos estímulos que se tiene para estar en el sistema y con esto la eliminan.  Recordemos que ninguna Ley está por debajo de un Decreto.  

Compañeras/os

Tenemos que unirnos y luchar  ahora y en el 2013, para exigir la derogación del Decreto 920.

No es sólo la estabilidad del personal docente, es luchar e informar a las madres y padres de familia, que con este Decreto privatizan la educación oficial.

“DEFIENDE EL DERECHO A UNA EDUCACION OBLIGATORIA Y GRATUITA”

“DEFIENDE TU ESTABILIDAD”

“NO A LA PRIVATIZACION DE LA EDUCACION”.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES.
AEVE, AEDPA, FRENEI, ASOPROF, A.E.H.E. , AMAS, ASEIPHE, SINTE  
Panamá, 10 de  diciembre de 2012
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