Panamá: DECLARACIÓN DE LA VII ASAMBLEA GENERAL DE ASAMBLEA CIUDADANA

INDIGNACIÓN

Nos hemos reunidos en nuestra VII ASAMBLEA GENERAL DE ASAMBLEA CIUDADANA para reiterar nuestra indignación ante un sistema político que utiliza el poder conferido por los electores para sus mezquinos intereses, que  utiliza la estructura gubernamental y los recursos de todos los ciudadanos para amasar fortunas en negocios inmorales, aunque tengan una cobertura y amparo legal, produciendo exclusión y marginación en grandes mayorías de los panameños.

LUCRO Y ACUMULACIÓN

El sistema político imperante no se ha preocupado por fortalecer la representatividad y la acción ciudadana.  Más bien ha cumplido la misma función tradicional de legitimar los intereses privados de lucro y acumulación. Saqueando los bienes e ingresos del Estado, descapitalizando al país, se ha convertido en un gobierno autocrático  que ha marginado absolutamente la participación ciudadana en la conducción de los problemas importantes que nos afecta a todos.

Los problemas y preocupaciones que hoy vivimos y sufrimos la gran mayoría de panameños, entre ellos el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, el alto precio de la gasolina y la pesadilla del transporte público, así como la crisis de la basura, la pretensión de privatizar el agua, no cesan de agravarse. De igual manera, la multiplicación de cambios arbitrarios de zonificación, la nueva ley 510 de Derecho de autor, que atenta contra los derechos ciudadanos y aumenta el control gubernamental.

Mientras la mayoría ciudadana reclama respuestas a estos  problemas, los políticos en el gobierno concentran todas sus energías para mantenerse y concentrar más poder, olvidándose que la política es el arte de trabajar por el bien común. Un ejemplo de esto es el tema de la energía eléctrica, la cual intentan mantener privatizada en manos extranjeras, por 15 años más para desgracias de los panameños.

CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL GENERALIZADA

El país vive sumergido en una vorágine de escándalos de corrupción sin que ninguno de ellos sea seriamente investigado. Hay una concatenación de escándalos: los denunciados en su momento en la Dirección Nacional de Migración, las impunidades de la ANATI y los funcionarios sobreseidos por la jueza Hilda Bonilla, por el terreno de Paitilla y las tierras de Juan Hombrón, sin pasar por alto los provocados por la destitución política de la entonces Procuradora Ana Matilde Gómez y la aparente penetración del narcotráfico en la Procuraduría General de la Nación, que llevó a la renuncia del entonces sustituto de la anterior procuradora; el “asilo territorial” otorgado a una encausada por delitos contra los Derechos Humanos en Colombia; las públicas confesiones del “transfuguismo” de diputados, alcaldes y representantes de corregimiento, con el silencio cómplice la Fiscalía Electoral, la demagógica oferta de campañas del FIS (ahora PAN), para la repartición de dinero y compra de conciencias, los diversos ataques gubernamentales a la credibilidad de la institución electoral; los escándalos continúos por los fallos en el Organo Judicial; la violación a las regulaciones de la UNESCO en el Casco Antiguo con la extensión de la cinta costera, la destrucción del patrimonio en Panamá Viejo, la compra-venta de playas, costas e islas, la entrega a sectores privados de la áreas revertidas, la desnaturalización de la enseñanza de la historia Patria. Súmese a todo lo anterior el silencio cómplice de la Contraloría General de la República en todo lo relacionado con la corrupción gubernamental.

El Gobierno, luego de tres años de gestión, sigue sin tener una hoja de ruta en materia de corrupción.  No ha habido avances en materia de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas y de la Convención Interamericana contra la Corrupción; sin embargo, ante los escándalos, el Ejecutivo en vez de reconocer la debilidad institucional del Estado y los abusos que se cometen, decide salir en defensa de lo indefendible y desconocer la corrupción generalizada que existe en todas las instituciones del Estado.

SIN JUSTICIA NI PAZ SOCIAL

Todo lo anterior acontece ante la incuestionable dominación de la Asamblea Nacional de Diputados y la Corte Suprema de Justicia por parte del Órgano Ejecutivo, arrebatándole a dichos poderes su independencia constitucional. En tales circunstancias, el próximo nombramiento del Magistrado del Tribunal Electoral por parte  de la Corte Suprema, sin consulta con la ciudadanía y con la exclusión de los organismos de la sociedad civil, despoja de toda  legitimidad dicha designación.

Adicional a los problemas de la cotidianeidad, existen otros temas que merecen la atención de todos los panameños, ya que tiene que ver  con los derechos humanos y con la salud  de nuestra democracia.  Sin Justicia y respeto a la dignidad de la persona humana y de los Derechos Humanos, no puede haber paz social, que es al final de cuentas a lo que los habitantes de la República, amantes de las libertades democráticas, aspiramos.

VÍCTIMAS DE LA IRRESPONSABILIDAD Y NEGLIGENCIA ESTATAL

La Asamblea Ciudadana tiene presente la situación que viven los pueblos indígenas de Panamá, que son precisamente los más empobrecidos y no se nos olvidan los asesinatos, los heridos graves, las consecuencias funestas de los hechos de julio 2010, en Changuinola y de Abril 2012 en San Felix. No hay aun ningún responsable de tan execrables hechos. Exigimos respeto y justicia para todos nuestros pueblos originarios.

Recordamos también a los internos quemados en el Centro de Menores, los muertos y afectados por la ingesta de dietilenglicol, los de la bacteria KPC, el secuestro e impune asesinato de cinco (5) jóvenes panameños de origen asiático en la Chorrera y todas las demás víctimas de la irresponsabilidad y negligencia estatal, en especial respecto a la violencia ejercida contra las mujeres y el aumento del feminicidio, que siguen cargando con las consecuencias tanto físicas como psicológicas, sin que el Estado les brinde una respuesta justa, equitativa y humana a sus necesidades y demandas, sin que el sistema de justicia responda adecuada y oportunamente.

Nos oponemos rotundamente a la unificación de nuestro sistema de salud, ya que esto no soluciona los problemas relevantes como la mora quirúrgica, la inhumana situación en los salones de urgencia, la deficiente atención y falta de medicamentos

URGE UNA PLENA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Denunciamos el agudo deterioro que gran cantidad de proyectos están ocasionado al ambiente  en general, y en especial a los recursos naturales, principalmente al agua en el ámbito nacional (como ocurre en Pacora), lo que está siendo permitido impunemente por nuestras instituciones y gobernantes, por lo que hacemos un llamado a todos los panameños a que detengamos los daños al ambiente mediante la plena participación ciudadana en las decisiones del Estado, para evitar que la inversión pública y los negocios privados irracionales, y contra el ambiente, prevalezcan sobre la vida digna de nuestro pueblo.

Consecuentes con nuestro principio de que toda actividad del Estado debe responder a la mejor calidad de vida y la integridad de la dimensión ambiental del país, denunciamos y nos oponemos firmemente a la forma inconsulta, prepotente y violatoria de los Derechos Humanos, mediante la cual el poder ejecutivo, las empresas eléctricas y de minería están procediendo contra los pueblos originarios y los recursos naturales, entre ellas las hidroeléctricas, Chan 75, Barro Blanco, Bajo Grande y las mineras de Petaquilla, Cerro Colorado, Cerro Chorcha y Cerro Quema, entre otros, a las cuales se oponen en forma digna y ejemplar los pueblos originarios.

IMPERA EL CLIENTELISMO Y NEPOTISMO

Esta gente se harta de privilegios, mientras el pueblo no tiene donde reclinar la cabeza.

Es decepcionante como sigue imperando en Panamá el clientelismo y nepotismo  político en todas las instituciones públicas. La excesiva centralización en todos los aspectos económicos  del Estado, incluido el exceso de contrataciones directas, lo que incrementa la inequidad, el abuso, la inseguridad jurídica  y la falta de trasparencia en la actuación de todos los órganos del Estado.

La Asamblea de Diputados, en lugar de dictar leyes como la 55 que blinda a sus integrantes para no poder ser investigados, debe legislar sobre el control del financiamiento privado y el tope a los gastos de campaña, para hacer cada vez más transparente los torneos electorales y evitar que dineros sucios se introduzcan en la campaña electoral, tal como ha ocurrido, evitando que esto se vuelva a repetir. La Ley electoral impuesta sin consulta ciudadana solo traerá más violencia electoral y más monopolio de la representación popular.

Es repugnante también las pretensiones de los Representantes de Corregimientos de aumentarse en mil balboas sus salarios, cuando al igual que los diputados, disfrutan de privilegios y prebendas a costa del sacrificio del pueblo.

EL PAÍS ESTÁ ANTE UNA DICTADURA CIVICO-MILITAR

Si los hechos apuntados son alarmantes, las amenazas constantes a los medios de comunicación y a los periodistas, la compra de medios de comunicación por parte de allegados al grupo gobernante, la creación de “los gladiadores”, verdaderos codepadis mediáticos, constituyen un aviso insoslayable de que el país está ante una dictadura civico-militar, lo que viene remarcado por la acelerada militarización de la Fuerza Pública, en abierto desafío a la prohibición constitucional y la impunidad con que se reviste a sus miembros ante los innumerables desmanes y abusos denunciados por la ciudadanía, las golpizas a ciudadanos y, particularmente por la aplicación arbitraria e ilegal del denominado “pelepolice” y de los “retenes Policiales”, en franco abuso de autoridad y violación de nuestros derechos humanos y nuestras garantías fundamentales, los cuales deben cumplir permanentemente para asegurar así la gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana dentro de un verdadero Estado de Derecho.

ABOGAMOS POR LA NO REELECCIÓN A NINGUN CARGO DE ELECCIÓN 

El curso gravemente preocupante por el que lleva al país el actual gobierno, hace creíble la sistemática insistencia de diversos voceros del mismo en la reelección inmediata del actual Presidente, aún si para ello tuviesen que imponer cambios en la Constitución, por una u otra vía, revestidos de un falso legalismo. Nos pronunciamos contra cualquier intento de relección presidencial y abogamos por la no reelección a ningún cargo de elección.

ESTÁN ARRUINANDO EL PAÍS

La entrada en vigencia del Tratado de Promoción Comercial o Libre Comercio, mientras se mantiene al pueblo panameño en la más absoluta ignorancia sobre las consecuencias que tendrá en la vida nacional la apertura indiscriminada de nuestro mercado, en circunstancias de que no existen políticas públicas que contrarresten los graves efectos negativos que dicho tratado representa para muchos sectores de la economía nacional, especialmente el sector agropecuario.

Igualmente denunciamos  la aprobación del denominado “Fondo Soberano”, utilizando para ello parte de los ingresos del Canal posteriores a la inauguración de su ampliación, lo que en otras palabras significa que los ingresos del Canal ya no irían a la inversión en escuelas, hospitales, etc, sino al engorde del bolsillo de corruptas empresas transnacionales que se han prestado a tales desaguisados y de sus mafiosos “socios locales”. Están arruinando el país, vendiendo por adelantado el futuro de todos, y esto debemos detenerlo cuanto antes.

CRECIMIENTO ALARMANTE DE LA DEUDA EXTERNA

No podemos dejar de alertar a la ciudadanía respecto al enorme endeudamiento que está contrayendo el actual gobierno. A más de mil millones por año de gobierno asciende el actual crecimiento alarmante de la deuda externa. A más de mil millones por año de gobierno asciende igualmente el escandaloso compromiso de pago de los denominados proyectos “llave en mano”, lo cuales no se suman a la deuda oficial por ser sus pagos diferidos a los años 2014 en adelante. Agréguese a ello los cerca de 1.500  millones de balboas de deuda de Tocumen, S. A., ETESA y la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que tampoco contabilizan por ser empresas separadas de la contabilidad del estado central, como pretenden hacer con la denominada Autoridad del Agua.

ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Cobra fuerza entonces la interpretación que debe darse a los constantes ataques a la libertad de expresión, utilizando para ello las demandas civiles y penales, así como todo tipo de amenazas, utilizando incluso como instrumento de persecución a la Dirección General de Ingresos. Se trata de emplear todos los medios bastardos para acallar la crítica y el disenso.

EL HAMBRE SE ENSEÑOREA EN NUESTRO PUEBLO

Mientras todo ello ocurre, se revela que más del 50% de la fuerza laboral del país está ocupada en empleos informales, es decir, carentes de servicios de salud, vacaciones, jubilación, etc. En tales condiciones, el hambre se enseñorea en nuestro pueblo campesino e indígena, así como en los cinturones de miseria que rodean nuestras urbes. Súmese a ello la sistemática represión inaceptable que lleva a cabo el gobierno contra gremios y sindicatos, cuyo ejemplo más reciente es la criminal persecución que realizan contra la dirección de los gremios medicos y trabajadores de la salud y de la Caja de Seguro Social.

DETERIORO PROGRESIVO DE TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por otra parte, es evidente el deterioro progresivo de todos los servicios públicos, tales como el de agua, recogida de basura, transporte, educación, etc., resultado de la falta de inversiones sociales, dado el haber priorizado enormes inversiones en megaproyectos con igualmente enormes “sobre costos”, y que en lo inmediato no son ni urgentes ni de necesidad inmediata.

Condenamos como infame e improcedente los avances en la privatización de nuestro derecho al agua.

1.   La Asamblea Ciudadana, organismo autónomo e independiente, con personalidad y objetivos propios, hace un llamado al pueblo panameño y a sus organizaciones sociales y gremiales, así como a los medios de comunicación independientes, a prepararse para ejercer el derecho constitucional de movilización que nos conduzca a la apertura de un proceso constituyente, democrático, participativo, incluyente, que debe culminar en una Asamblea Constituyente Originaria, convocada bajo reglas democráticas consensuadas por todos los integrantes de la sociedad, de manera tal que surja de ella un nuevo régimen político que garantice la solidaridad y legalidad, acabe con la impunidad, prohiba la reelección inmediata y establezca la obligatoriedad de la rendición de cuentas bajo el control de la ciudadanía.

2.   La Asamblea Ciudadana, como parte integrante del FRENTE POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, al igual que todos los movimientos de indignados del mundo, convoca a la realización de las movilizaciones y protestas cívicas y pacíficas, para ponerle un alto a la dictadura civico-militar, sin utilizar para ello signos distintivos de partidos políticos, gremios o sindicatos, para así dejar claramente  de manifiesto que nuestra indignación brota de nuestra ciudadanía. Por una sociedad realmente democrática y respetuosa de los derechos humanos, que responda a la vida digna, por lo cual convocamos a todos los panameños / panameñas y sus asociaciones a que nos acompañen en esta lucha por un cambio profundo de nuestro sistema político, que está en una crisis insostenible, para que  luchemos por un nuevo Pacto Social que fundamente una nueva  democracia que vaya más allá de las elecciones y la representación parlamentaria de la voluntad popular. Que integre como parte de la democracia el ejercicio permanente de mecanismos de control ciudadanos, tales como: la auditorias sociales, las consultas populares, la revocatoria de mandato en todos los niveles donde los que ejercen la delegación no respondan a las exigencias de sus electores, consolidándose así, una auténtica Constituyente Originaria.

Panamá, sábado 29 de septiembre de 2012

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2 respuestas a Panamá: DECLARACIÓN DE LA VII ASAMBLEA GENERAL DE ASAMBLEA CIUDADANA

  1. Amarillys Taylor dijo:

    De acuerdo con todo lo que se describe aquí, espero que los gobernantes también lo lean. No estoy de acuerdo con decir que es el néo liberalismo el culpable de todos los males y tampoco que los españoles son mansos corderos explotados por un gobierno cruel. Durante años malgastaron los dineros que se le prestaron ( comprando autos de lujo, construyendo carreteras innecesarias, viviendo vacaciones lujosas y sobre todo, holgazaneando igual que los griegos ) y ahora , NO QUIEREN PAGR LA DEUDA! y todo el mundo es culpable excepto ellos!
    Permitieron que sus gobiernos ( como nosotros ) robaran porque a todos mas o menos les tocaba algo y ahora no quieren tomar la responsabilidad de lo sucedido.
    Estoy firmemente en contra de los abusos, las mentiras, los dineros robados y malgastados por los que calificándose de neolibérales endeudan a los países para enriquecerse ellos, pero que opciones tenemos? Un gobierno comunista al estilo de los Castro que ha hundido a Cuba en la miseria y que mantiene a millones de cubanos prisioneros en su país? O el de los coreanos del norte que mantienen la militarización exagerada a costa de hambrunas que son desconocidas en corea del Sur ? Creo que otra manera de gobernar y de ver lo que nos sucede es posible y debemos juntos encontrar un término medio. Pero la naturaleza humana siendo lo que es, me temo que esto es sólo una utopía para soñadores como yo.

    • Deja por fuera la política militarista y de dominación que mantienen USA en todo el planeta. Su política, su economía, sus armas y sus consumidores de drogas, los numero uno en el mundo tienen mucha responsabilidad de lo que acontece.

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