No a la 349

Este proyecto debe ser eliminado en su totalidad, es antinacional y antipopular. Únicamente favorece los intereses del gran capital que es el que gobierna en Panamá.

Lo más ‘leonino’ del proyecto de ley 349

BATAS BLANCAS. Desde el pasado 20 de octubre se mantienen en paro.
Publicado en La Estrella.com.pa, el 1 de noviembre de 2011

El artículo 2 en el ámbito de aplicación pertenecientes al Sector Público No Financiero y que hace referencia a la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal, dice que es de cobertura a todo el ‘Sector Público No Financiero’.

‘Esto no es más que las unidades industriales o comerciales de propiedad del gobierno, que vendan bienes y servicios al público en gran escala y que están constituidas en sociedad de capital o de otro tipo de personería jurídica, por lo tanto incluye a la salud, educación, agua, cárceles, ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas y esto sería fatal, ya que la salud debe ser sólo responsabilidad del Estado’, explicó Fernando Castañeda, dirigente médico de Comenenal. Por este artículo fue que se pronunció el sector educativo, dijo Yadira Pino, de la Asociación de Educadores Veragüenses. ‘Aunque se dijo que se excluyó el tema de salud y educación, insistimos que la ley aún mantiene sus trampas’, agregó Pino.

El artículo 3 sobre las alianzas o asociaciones Público-Privadas se menciona un pago por parte de los usuarios, que es preocupante, pues algunas personas no podrían pagarlo y eso iría en contra de lo que por Constitución de la República debería ser gratuito. La atención médica y el pago por medicamentos en las farmacias sería un recargo más que los usuarios tendrán que pagar, expuso la Comenenal.

regentes

El artículo 8 crea el Órgano Rector del Programa de Asociaciones Público-Privadas, integrado por 8 miembros de los cuales sólo tienen derecho a voto el Presidente de la República, el Ministro de Economía y Finanzas y el de la Presidencia; los demás sólo tendrán derecho a voz. ‘No nos parece equilibrado. Estamos hablando de proyectos que involucrarían muchos servicios públicos y la sociedad no forma parte del órgano rector. Además, las fun ciones de estos tres miembros del Órgano Ejecutivo son muchas como para que también lo controlen, aumentando el poder del sistema presidencialista de nuestro país’, dijo Castañeda.

patrimonios

El artículo 18, que aborda los aportes de la Administración Pública, en el punto 3 del otorgamiento de derechos sobre bienes patrimoniales del Estado o de los gobiernos locales, pensamos que como ciudadanos no debemos permitir que se ofrezcan o regalen estos derechos que son de todos los panameños. Eso iría en contra de las generaciones que han luchado por la recuperación de muchos de estos bienes. Judith Jaén, de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, indicó que al respecto la práctica de la ley ya se realiza. Por ejemplo, con los patronatos, como en el caso del Patronato de Panamá Viejo. Lo que no se debe permitir —según Jaén— es que el Estado ceda el patrimonio o bien por completo a una empresa. El proyecto está enfocado en asociaciones donde la empresa siempre busca ganar, dijo Jaén.

premio

El artículo 30, respecto a la evaluación de la propuesta, indica que el proponente de la iniciativa que ha dado origen a la licitación tendrá derecho a un premio que consistirá en un porcentaje sobre el puntaje de la propuesta económica. El porcentaje de premio a que tendrá derecho el proponente será determinado en el reglamento y en el pliego de cargos. ‘Existe la preocupación de que por este porcentaje extra que se ofrece a dicha empresa ya tenga asegurado el triunfo en la licitación; haciendo que sea un mero trámite que no valore otros aspectos como calidad, costo beneficio frente a otras empresas’, explicó Castañeda. Por otro lado, el artículo 31 toca el punto del reembolso. La entidad pública contratante podrá reconocer al proponente de la iniciativa el reembolso de todo o parte de los costos de los estudios que debió realizar para formular su propuesta de iniciativa de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento. Éste reembolso podrá ser hecho directamente por la entidad pública contratante si el proyecto presentado no se licita, o si la licitación convocada no se llega a perfeccionar, o se licita por un sistema distinto al establecido en esta Ley. ‘Este artículo afecta de salida al Estado, si no se acepta por alguna razón; el Estado ya está obligado a pagar a dichas empresas, lo cual se puede volver un aspecto de mal uso’, respaldó González, de Fenameri.

transparencia

El artículo 37 habla de que se prohíbe el acceso a la licitación cuando se usa el término de confidencialidad. El gremio explica que este artículo debe ser revisado con detenimiento. ‘Estricta Confidencialidad’ estableciendo hasta sanciones que aún se desconocen, pues dependerán de la reglamentación de esta ley.

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