TRASTORNO DE TRANCE Y POSESIÓN

El Trastorno de Trance y Posesión es un trastorno psiquiátrico codificado en la Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales como F4 3.3 como un subtipo de Trastorno Disociativo (de conversión).

La causa del trastorno es una alteración de las funciones mentales cerebrales  producida por una gran descarga emocional en un paciente que ha estado sometido a un sufrimiento psicológico agudo o prolongado.

Se  caracteriza por pérdida temporal del sentido de la identidad y de la plena conciencia del entorno, lenguaje incoherente, ilógico o extraño, el enfermo actúa como poseído por otra persona, espíritu, deidad o “fuerza”, conjunto de movimientos, posturas y manifestaciones expresivas.

Es más frecuente en  nuestra cultura latinoamericana asociado a nuestras creencias y costumbres y no se presenta en algunas otras sociedades.

Se presenta con mucha mayor frecuencia en adolescentes mujeres, con baja autoestima, dificultad en las relaciones interpersonales, conflictos psicológicos, disfunción familiar, maltrato o carencias afectivas.

Siempre hay que descartar otras causas no psiquiátricas como Trastornos Neurológicos (epilepsia, tumores cerebrales) y Consumo de Sustancias Psicotropas.

La sintomatología de este padecimiento puede ser copiado por otros adolescentes o jóvenes lo que los franceses denominaron “Locura de dos”, y que se debe a reacciones de temor y sugestión colectiva presentándose con más frecuencia en los cultos religiosos o en el pasado por sectas donde un líder transmite sus delirios místicos religiosos al grupo y que en ocasiones ha conllevado a grandes tragedias sociales.

Lo importante de este Trastorno Mental Colectivo  es no dar cobertura y promoción al evento para que no se siga contagiando a otras personas vulnerables y que  los profesionales de la salud mental puedan intervenir tratando al paciente iniciador  y los copiadores de la sintomatología que se ven también afectados sin ser conscientes de lo que les ocurre.

Dr. Ramón De Aguilar Alvarado
franra-@hotmail.com
Médico Psiquiatra.
David, Chiriquí, Panamá.
 
 

Nuestra propia agenda, una propuesta independiente para la TRANSFORMACIÓN

Movimiento Popular Unificado

DIRIGENTES POPULARES DISCUTEN «NUESTRA PROPIA AGENDA, UNA PROPUESTA INDEPENDIENTE PARA LA TRANSFORMACIÓN»

El sábado 25 de agosto recién pasado, una representación del Movimiento Popular Unificado (MPU), al igual que más de un centenar de dirigentes populares, participamos de una reunión para discutir las bases programáticas de lo que podría llegar a ser un gran movimiento popular e independiente que presente una propuesta política alternativa a los partidos oligárquicos. Convocados por la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), más de cien activistas docentes, sindicales, estudiantiles, barriales, indígenas y campesinos nos dimos citas en el local de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) para discutir el «Documento de Trabajo» denominado «Nuestra Propia Agenda, Una Propuesta para la Transformación».

Esta propuesta, que se autodefine como un proyecto en construcción al que se invita a sumarse, sin sectarismos, a todas las personas y organizaciones que sienten la necesidad de superar la actual división del movimiento popular panameño, señala en su diagnóstico: «Panamá transita hoy por una difícil situación. En el plano económico, pese al notable crecimiento observado, nos encontramos frente a un modelo concentrarte y excluyente, incapaz de resolver los graves  problemas de la seguridad y soberanía alimentaria y del creciente costo de vida,  el que, además, genera una progresiva destrucción ambiental. En el plano social, esta incapacidad se muestra en el deterioro, producto de la desidia gubernamental, de los servicios públicos. En la esfera política asistimos al bizarro espectáculo que representa la lucha entre las diversas fracciones de la oligarquía dominante, unas en función de gobierno y otras en oposición, por llegar a dominar el Estado y utilizarlo como fuente de ganancias e instrumento de acumulación de riquezas, todo esto acompañado por un avanzado proceso de implosión del conjunto de las instituciones públicas. En el espacio de lo ético la creciente percepción de una corrupción generalizada, tanto en el ámbito público como en el privado, llama la atención sobre la cada vez mayor  descomposición de los valores nacionales que alguna vez sirvieron de base a nuestra sociedad.

Frente a esta dura realidad resulta  urgente levantar un Movimiento de Rescate de la Nación Panameña. Para avanzar en la definición del contenido y objetivo del  mismo, este documento presenta lo que serían sus  orientaciones doctrinales básicas, así como un esbozo de los principios que deben animar una estrategia de desarrollo alternativo. Así mismo, se introduce las diez líneas de compromiso de acción del movimiento».

El Documento de Trabajo establece las características que debe tener esta propuesta: Democrática, Antineoliberal, Progresista, Patriótica, Popular, Ecologista, Humanista, Pluralista, Feminista, Ética, Pacifista y Latinoamericanista. También se proponen los «diez compromisos básicos» para la transformación, que constituyen el programa, con sus correspondiente medidas concretas, que levantaría este nuevo movimiento:

1. Defender a la población frente a la inflación y la especulación.

2. Establecer las condiciones materiales y sociales para la seguridad y soberanía alimentaria.

3. Asegurar los servicios básicos para toda la población.

4. Restablecer y promover los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.

5. Proteger el medio ambiente para la presente y futuras generaciones.

6. Iniciar un proceso de trasformación y diversificación productiva.

7. Desarrollar una política fiscal equitativa, transparente y responsable.

8. Construir un ambiente de seguridad ciudadana para todos.

9. Desarrollar la democracia y la equidad en todos sus aspectos.

10. Practicar una política independiente comprometida con la integración y la promoción de la paz.

Durante toda la jornada se dieron profundos debates en las comisiones de trabajo y la plenaria, y se sugirieron adiciones y modificaciones puntuales al documento, que deberán ser incorporadas, para darles nuevo debate y aprobación en una próxima reunión en la que debe también avanzarse en los aspectos organizativos del proyecto e invitar a otros sectores y personalidades a incorporarse a este proyecto en construcción.

La idea expresada por los organizadores, que respalda entusiastamente el MPU, es que aquello que se logre conformar sea el producto de un debate democrático y la más amplia unidad posibles, sin imposiciones de ninguna corriente. Entendemos que este es el único camino correcto para enfrentar exitosamente al régimen político corrupto, su gobierno y sus partidos (incluida la falsa «oposición»).

Panamá, 27 de agosto de 2012.

DENUNCIAMOS LA POLITIQUERÍA Y EXIGIMOS LA QUINTA PAPELETA

Estimados conciudadanos:

Me dirijo, respetuosamente a ustedes, para compartir algunos planteamientos, agradeciéndoles de ante mano, que tengan a bien hacerme llegar sus comentarios por esta misma vía.

LA ASAMBLEA CIUDADANA ha postulado -desde sus inicios- la necesidad de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE, proceso democrático, participativo y pacífico, que es la salida y alternativa que debemos promover  cada día más para poder alcanzar una verdadera actualización de nuestra formación social.

Dicho nuevo Pacto Social no ha sido jamás visto con buenos ojos de parte de los factores reales de poder. Ni los de ayer, ni los de hoy.

Pero ello, lejos de amedrentarnos o espantarnos, debe más bien motivarnos a buscar y alcanzar planteamientos para poder alcanzar la apertura de un proceso constituyente en nuestro Panamá.

La formación del FRENTE EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, el cual en uno de los puntos de su programa plantea:

“24.   Nos comprometemos a convocar prioritariamente una Asamblea Constituyente para que se redacte un nuevo Pacto Social.” (ver documento al final de este correo)

Lo anterior es un avance en nuestra lucha por una ASAMBLEA CONSTITUYENTE,

Por ello, me permito formalmente proponer:

1.-Ante la situación electoral y electorera que se perfila, debemos levantar la exigencia de que se incluya una QUINTA PAPELETA EN LAS ELECCIONES del 2014, en la que se le pregunte a los ciudadanos: ESTA USTED DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE A MAS TARDAR DENTRO DE TRES MESES? SI O NO.

2.-La lucha por esa QUINTA PAPELETA se dió para las elecciones del 2004 pero las jugarretas de los partidos políticos y del Tribunal Electoral, impidió que se concretará.

3.-Debemos al mismo tiempo, promover las candidaturas constituyentes, es decir que aquellos que postulamos por una constituyente, aboguemos unidos por la Quinta papeleta y quienes se postulen como independientes a cargos de elección, lo hagan bajo la consigna de la Constituyente y con el compromiso público que, de no alcanzarse la quinta papeleta, y de salir electos lucharán a brazo partido por la convocatoria de una Constituyente.

4.-Considero que es desde ahora que debemos empezar a debatir y de coincidir, adelantar todos las actividades necesarias para hacer de la Constituyente algo más que una consigna

5.-Adjunto los seis minutos de la reciente conferencia de Roberto Viciano, donde resume sus experiencias con lo que ha sido una candidatura constituyente, en otros países.

6.-Divulguemos este extracto pues creo que se debe plantear la quinta papeleta y el surgimiento de candidaturas constituyente para las elecciones que se avecinan en nuestro Panamá.

7.-Que haya un compromiso previo y jurado sobre competir para las elecciones con el propósito de convocar a la constituyente.

8.-Quedo a la espera de sus comentarios, apreciaciones y reacciones a esta propuesta formal de una acción ciudadana pro constituyente

Atte.

Miguel Antonio Bernal

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DECLARACIÓN CONSTITUTIVA DEL

FRENTE POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

La sociedad panameña representada por importantes organizaciones sociales, cívicas y ciudadanas de trabajadores, empresarios, gremios profesionales y técnicos, promotores de los derechos humanos, de defensa del medio ambiente, de autoridades locales y partidos políticos, entre ellos: el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO),  la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), FRENEI, AEVE, ASEIPHE, Asoc. De Educadores Herreranos, la Unidad de  Lucha Integral del Pueblo (ULIP), el Sindicato de Periodistas de Panamá, el SITIESPA, Espacio de Encuentro de Mujeres, el Comité Femenino del Chorrillo, MDP, la  Asociación Panameña de Oficiales de Marina (APOM), el Frente Amplio Colonense, la Coordinadora Nacional de Pescadores Artesanales y Similares (CONAPAS), la Asociación de Ex-trabajadores Portuarios (ASOTRAP),  la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), la Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA), la Asamblea Ciudadana, el Movimiento MOLIRENA Vive, el Partido Panameñista, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Popular (PP).

CONSIDERAMOS:

1.  Que está en peligro la Democracia, el Estado de Derecho y el bienestar del pueblo panameño  como consecuencia de la política de imposición y confrontación del Presidente Ricardo Martinelli.

2.  Que en el afán del Presidente Martinelli de concentrar el poder, el país ha sido testigo de una larga cadena de atropellos que hoy continúan, incluyendo la intención de vender las acciones del Estado en las empresas mixtas eléctricas y de telefonía, la designación de tres magistrados para conformar la inconstitucional Sala V  y de diversas iniciativas depredadoras del medio ambiente, motivadas por el solo afán de lucro. Así como la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón y la privatización o mayor politización del IDAAN.

3.  Que el Gobierno  pretende imponer en forma apresurada,  sorpresiva e inconsulta la venta de las acciones del Estado en las empresas mixtas eléctricas y de telecomunicaciones, lo que provocará graves perjuicios al pueblo panameño y al país, tal como el aumento exagerado e injustificado de la tarifa eléctrica,  que tendrá impacto en el aumento del costo de la vida  y la pérdida de competitividad del país.

4.  Que adicionalmente, esto pone en riesgo los ahorros que por generaciones ha venido haciendo el pueblo panameño y permite la posibilidad de que el Gobierno, en una campaña electoral desesperada,  dilapide estos recursos.

5. Que se ha minado la institucionalidad democrática, se ha desmontado la Carrera Administrativa y se han removido los sistemas de control adecuados para garantizar la transparencia y el mejor valor en las contrataciones públicas con lo que se tiende a un profundo deterioro de la calidad del servicio público y a un grave problema fiscal para los próximos años.

6.  Que con el nombramiento de tres Magistrados a la inconstitucional Sala V, el Presidente Martinelli pretendió consolidar su control sobre el Órgano Judicial, lo que alteraría los pesos y contrapesos que caracterizan la institucionalidad democrática del país y que retrata de cuerpo entero su interés de perpetuarse en el poder por vía de interpretaciones caprichosas en torno a la reelección presidencial.

7.  Que el Gobierno Nacional pretende aprobar un nuevo paquete de Reformas Electorales inoportunas y que pueden viciar el proceso electoral, a pesar de que la Comisión Nacional de Reformas Electorales ha solicitado que éstas no se discutan ni aprueben hasta después del proceso electoral del 2014.

8.  Que con las tres demandas contra los Magistrados del Tribunal Electoral el Presidente Ricardo Martinelli y su partido han pretendido tomarse el Tribunal Electoral y preparar el camino a su proyecto de perpetuación en el poder.

9.  Que en democracia, el diálogo y la concertación son los mecanismos idóneos para el buen gobierno, la estabilidad política, el crecimiento económico, la paz social y el desarrollo humano.

10.  Que a pesar de que este gobierno ha sido el que más impuestos ha cobrado y más deuda ha adquirido en la historia republicana, reconoce a la fecha un injustificable déficit fiscal de varios cientos de millones de balboas.

RESOLVEMOS:

1.  Rechazar la decisión del Presidente Martinelli de vender las acciones del Estado, en las empresas mixtas eléctricas y de telecomunicaciones así como la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón y del terreno de la antigua Embajada de los Estados Unidos, que son propiedad del pueblo panameño y exigir el retiro de los proyectos de Ley sobre esta materia que se discute en la Asamblea Nacional.

2.   Mantener el rechazo a la instalación de la Sala Quinta toda vez que es violatoria de la Constitución Política, el Código Judicial y el Pacto de Estado por la Justicia y exigir la derogatoria del decreto de nombramiento de los tres candidatos a ser ratificado por la Asamblea Nacional.

3.  Mantenernos en alerta hasta lograr la eliminación de pleno derecho de dicha Sala V y del nombramiento de sus magistrados.

4.  Exigir la destitución del Magistrado Alejandro Moncada Luna con base en las denuncias presentadas en su contra por su conducta y dar seguimiento a la conducta del Magistrado Harry Díaz.

5.  Exigir el retiro de todas las demandas interpuestas en contra de los Magistrados del Tribunal Electoral por parte del Señor Ricardo Martinelli Berrocal y de cualquier otro funcionario de su gobierno o miembro de su partido.

6. Exigir el restablecimiento del sistema de Carrera Administrativa así como  del sistema de contrataciones públicas y de fiscalización para evitar el desgreño administrativo y la corrupción.

7.  Comprometernos todos los líderes y sectores políticos, sociales y gremiales presentes en esta convocatoria, a no repetir las malas políticas que censuramos en esta declaración; las cuales perjudican la estabilidad de nuestra democracia, en lo político, económico, social y ambiental, en perjuicio del patrimonio nacional y la calidad de vida del pueblo panameño.

ACORDAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A:

1.  Constituir el Frente por la Defensa de la Democracia, cuyo propósito es defender y promover la Institucionalidad Democrática, los derechos humanos del pueblo panameño, los derechos sociales y ambientales, las libertades ciudadanas y la preservación del Patrimonio Nacional.

2.  Aprobar un cronograma de acciones y movilizaciones sociales que motiven la participación ciudadana en forma pacífica, para lo cual hacemos un llamado al pueblo panameño a movilizarse en defensa de los mejores intereses de la Patria y de sus derechos humanos, económicos y sociales.

3.  Asumir el compromiso de definir y cumplir una agenda nacional y ciudadana, que por vía del diálogo y la concertación, inspire un quehacer político y social basado en la integridad, la honestidad, la equidad,  la justicia social y la transparencia para hacer realidad un Panamá renovado, una democracia participativa y deliberativa, en un Estado descentralizado, con plena vigencia de las libertades ciudadanas y en donde el crecimiento económico se transforma en Desarrollo Integral para beneficiar a las presentes y futuras generaciones.

4.  Defender el Estado de Derecho y garantizar el pleno ejercicio de sus libertades; en especial el de la Libertad de Expresión, sin cuya vigencia es más imposibles defender las otras libertades y derechos.

5.  Defender el Patrimonio Nacional y a no vender las acciones de las empresas estatales y mixtas tales como las eléctricas, telefónicas y de Petroterminales  así como los terrenos de la Zona Libre de Colón, Amador y el de la antigua Embajada de Estados Unidos.

6.  Detener y reversar la política del Gobierno de remilitarizar la Fuerza Pública y garantizar que contaremos con los servicios adecuados para cumplir las obligaciones constitucionales del Estado en materia de seguridad y de protección de los espacios jurisdiccionales que sean integrados por profesionales orgullosos de la función que les encomienda la la Constitución y la Ley.

7.  Revisar, cancelar y revertir todas las concesiones que la actual y las anteriores administraciones han otorgado y que no se encuentran en ejecución, que afecten al medio ambiente; tales como: minería a cielo abierto, explotación hídrica, así como detener la destrucción  de los humedales y otras actividades depredadoras del medio ambiente. Además de exigir a aquellas concesiones que estén operando, que lo hagan dentro de las normas internacionales más estrictas, so pena de la pérdida de la concesión.

8.  Garantizar los servicios de agua potable a toda la población sin privatizar ni tercerizar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y los acueductos rurales. Esto no implica que no se pueda descentralizar el servicio de agua potable y municipalizarlo o permitir que las comunidades desarrollen sus propios acueductos, siempre que sean de acceso universal, garantizando que el Gobierno Central mantenga siempre la función de rectoría, fiscalización y control de calidad del servicio.

9.  Garantizar el servicio de la salud pública y seguridad social de calidad y basado en el objetivo de lograr comunidades saludables con familias y personas saludables. Todo esto sin privatizar ni tercerizar los servicios públicos de salud.

10.   Dotar al Sector Salud de los recursos suficientes y los sistemas eficientes para brindar un servicio de alta calidad y calidez.

11.   Garantizar un servicio de Educación del más alto nivel, centrado en el beneficio al educando y reconociendo en la función docente una actividad de la mayor importancia social y por ende merecedora del reconocimiento moral y económico que le corresponde; al mismo tiempo que se exige de quienes la desempeñan una conducta ejemplar y un desempeño a tono con dicha importancia y reconocimiento.

12.   Establecer y cumplir con políticas de desarrollo integral de las comarcas, elaboradas en acuerdo con los pueblos originarios, respetuosas de sus costumbres, cultura y forma de gobierno y del orden constitucional de la República.

13.   Comprometernos con el respeto a la Libertad Sindical y de negociación de convenios colectivos así como al cumplimiento de la Ley que tutela el trabajo de la Gente de Mar.

14.   Establecer políticas de libre concurrencia y libre competencia en el mercado, con el fin de que se garantice que el costo de la canasta de básica sea accesible a todos los panameños y en especial aquellos de menores ingresos económicos. Comprometernos por ende a la eliminación de los monopolios y los oligopolios.

15.   Asumir el compromiso de construir una democracia efectiva, para lo cual reconocemos y aceptamos que es indispensable la existencia de múltiples partidos políticos democráticos así como de la libertad de participación para los candidatos independientes. Enfatizar que esto implica la elevación de la praxis política a una competencia de ideas y no de chequeras, en donde el dinero no sea el condicionante de acceso y se prohiba y castigue el clientelismo y el transfuguismo político.

16.   Asumir el compromiso de establecer un sistema político en donde los poderes públicos actúen separadamente pero en armónica colaboración y que el poder se descentralice a favor de las comunidades, de forma que se ejerza de manera subsidiaria.  Este compromiso implica también que el poder ciudadano respete y acate los actos legítimos adoptados en debida forma por las autoridades de la República y de los gobiernos locales y que su participación se dará dentro de los principios e instituciones del sistema democrático.

17.   Comprometernos a la actualización y ejecución del Pacto de Estado por la Justicia.

18.   Comprometernos al restablecimiento de un verdadero sistema de Carreras Públicas en particular de la Carrera Administrativa.

19.   Comprometernos a la actualización y ejecución del régimen que propende a la participación equitativa de la Mujer en la vida pública y a hacer efectivas las garantías y políticas públicas  que eviten y castiguen la violencia intrafamiliar y la discriminación para la mujer y demás grupos vulnerables.

20.   Respaldar la posición de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y por ende comprometernos a aprobar  el proyecto de ley consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales en el año 2010 – que es el único al que reconocemos legitimidad-  tan pronto pase el proceso electoral del 2014, sin que esto sea óbice para iniciar el correspondiente proceso de consultas y elaboración de un nuevo proyecto de Reformas Electorales a partir del año 2015.

21.   Comprometernos a actualizar  la legislación que prohíbe y pena el conflicto de intereses y a hacer efectiva la aplicación de dicho régimen sobre los funcionarios en general y en especial sobre quienes ocupan cargos de control y mando y jurisdicción.

22.   Comprometernos a restablecer los sistemas de contrataciones públicas que eviten la corrupción y el desgreño administrativo.

23.   Comprometernos a la realización de auditorías integrales a todas las obras de infraestructura pública en cuanto a sus costos, calidad y método de contratación.

24.   Nos comprometemos a convocar prioritariamente una Asamblea Constituyente para que se redacte un nuevo Pacto Social.

25.   Invitar a todos los miembros organizados de la sociedad civil y a los ciudadanos independientes, a unirse a este esfuerzo conjunto para preservar la paz social, la institucionalidad democrática y el desarrollo integral, objetivos por los cuales se conforma este Frente por la

Defensa de la Democracia.

Dado en la ciudad de Panamá, en la sede de la Central General de Trabajadores de Panamá,  a los 18 días del mes de junio de 2012.

ATENTADO CONTRA LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR SOCIAL

COMUNICADO: FEDERACIÓN DE COMUNIDADES REVERTIDAS

La Federación de Comunidades Revertidas, organización de bases que aglutina a todas las comunidades de las áreas revertidas del Pacífico, hace del conocimiento general su posición sobre varios acontecimientos de orden urbanístico que están ocurriendo dentro del área sin la participación ciudadana y que están afectando la sana y armónica convivencia de los residentes. Consciente de que estos hechos son una muestra del atentado a la calidad de vida y bienestar social que deben considerar nuestras autoridades, hacia todo el pueblo panameño, manifestamos:

En primer lugar, el intento de construir un estacionamiento para 250 buses en la rotonda que distribuye el flujo vehicular hacia la terminal de Albrook y la Avenida Omar Torrijos, contraviniendo normas urbanísticas y de vialidad y poniendo en riesgo la seguridad de miles de conductores y pasajeros que transitan a diario por esas vías, lo cual se detuvo gracias a la movilización ciudadana inmediata y a la denuncia pública que realizó la Federación.

Hoy  día  se presenta un frente de resistencia social contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de construir un Edificio de Estacionamientos de seis pisos en medio del Cerro Ancón, a escasos metros de un área residencial, afectando con esa decisión un patrimonio ambiental, histórico, cultural y paisajístico de todos los panameños, existiendo otras alternativas viables y menos costosas en las proximidades. Ya se puso la denuncia penal por valerosos residentes de Ancón, en la que dan a conocer las irregularidades en el Estudio de Impacto Ambiental que invalidan todo lo actuado hasta el momento.

No siendo suficiente con las acciones precedentes, ahora la Autoridad Nacional de Migración ha trasladado a los detenidos temporales indocumentados a una celda recientemente construida dentro de la comunidad de Altos de Curundú. Esto afecta la tranquilidad y la seguridad de ese barrio al tener presencia armada y el tránsito de personas y automóviles desconocidos en horas diurnas y nocturnas.

La falta de planificación de las autoridades públicas, genera el caos que hoy día se vive en las áreas revertidas y se somete a sus habitantes a traumas injustos cuando se toman decisiones  sobre usos de suelo, pasando por encima de los residentes que escogimos este sitio para vivir en casas que el Estado nos vendió y que compramos por lo que representaba un espacio debidamente planificado por expertos, quienes lo diseñaron.

Como seres humanos le exigimos al Estado que respete nuestro derecho a llevar una vida tranquila sin sobresaltos ni perturbaciones, que se hagan las consultas antes de tomar decisiones que nos afecten, que se cumplan con las Normas Urbanísticas existentes sobre usos de suelo contenidas en la Ley 21 de 1997 sobre el Plan General de Usos de Suelo, así como las Normas de Ciudad Jardín, la Ley 6 de 2006 Que reglamenta el Ordenamiento Territorial en el desarrollo urbano, entre otras disposiciones.

Estaremos vigilantes y dispuestos a defender nuestros derechos frente a actos arbitrarios e inconsultos que alteren nuestro derecho a la paz social.

Panamá, 14 de agosto de 2012

…….

 
Recibido.
 
Gracias Aida.  
 
El comunicado revela el proceso de compromiso que han vivido con el aporte de tiempo y esfuerzos  por la causa.
 
 
 
Pienso que este Comunicado, así como el Pronunciamiento de Alianza Ciudadana ante el recorte en el presupuesto para la Justicia,  nos va dando pistas de unidad y madurez política.  Ello aviva la Esperanza  ante el calvario  en las comunidades, donde  el sistema nos mantiene la cabeza ocupada  con el transporte, la basura, la inseguridad, la ausencia de salud y craneando para ver cómo se estira el dinero para comer. Además de ello, el continuo desfile de gente partidista haciendo la propaganda de conquista para votos.
 
 
 
Flora Eugenia.
madresm@cwpanama.net

Maestro y profesor un solo educador